Han tenido que pasar tres meses, pero el mapa de gobiernos autonómicos ya está casi cerrado. A la espera de que se produzca la investidura de La Rioja -Concha Andreu, del PSOE, tomará posesión el jueves 29 de agosto-, ya se sabe cómo estarán estructuradas las administraciones regionales. Y hay un dato esclarecedor, consecuencia del experimento que ahora empieza, los ejecutivos de coalición. Desde que tuvieron lugar las elecciones del 26 de mayo, las consejerías autonómicas se han disparado. Hay 19 más que antes.
Las nuevas carteras son fruto, principalmente, de esos doce gobiernos formados durante el último trimestre. Cinco de ellos han variado del monocolor al mixto: Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y Canarias -también Andalucía, aunque sus comicios fueron anteriores-. Solo en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el PSOE ha tenido la fuerza suficiente para gobernar en solitario, no ha sido necesario explorar la vía de la coalición.
Los gobiernos de coalición ofrecen, sobre el papel, algunas ventajas: rebajan las posibilidades de incurrir en casos de corrupción -por el control entre partidos-; y permiten que nazcan normas con mayor representatividad. Ante una sociedad española cada vez más dividida y un voto más fragmentado, tiene sentido -por lo menos teóricamente- que sean dos o más los partidos que formen parte del ejecutivo, en pos de que la voluntad de la ciudadanía esté más representada. De hecho, los gobiernos mixtos son muy habituales en Europa: 20 de 28 países de la Unión los tienen.
Sin embargo, los gobiernos de coalición también generan disputas internas por el poder, que se traducen en un conflicto por el reparto de la "tarta". Ahí quedan las 17 consejerías de nueva creación. Aceptar el apoyo de uno o más partidos para lograr la mayoría y gobernar conjuntamente tiene -literalmente- un precio a pagar: más carteras. Cada una de ellas aumenta, como mínimo, dos altos cargos -consejero y viceconsejero- y media docena de puestos de libre designación: jefes de gabinete, secretarios, profesionales de la comunicación y asesores, entre otros cargos.
El caso más paradigmático es el de Navarra, que ha pasado de 9 a 13 consejerías, pese a que el nuevo tripartito encabezado por María Chivite (PSN, Geroa Bai y Podemos) cuenta con menos organizaciones integrantes que el anterior gobierno de coalición (Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E). Un aumento del 44%. Las cuatro nuevas carteras supondrán al menos 740.000 euros, según un informe del think tank navarro Institución Futuro.
En el caso de Extremadura, tampoco ha sido necesario que aumente el número de partidos en el ejecutivo para que crezcan las consejerías. Gobierna en solitario el PSOE, que, tras relevar en el poder antaño al Partido Popular, decidió aumentar en tres sus consejerías, creando la de Movilidad, Transporte y Vivienda; Transición Ecológica y Sostenibilidad; y Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Solamente en Murcia -donde gobierna el PP en coalición con Ciudadanos-, en Canarias y en Castilla la Mancha el número de consejerías ha permanecido intacto tras el 26M.
En el otro lado de la baraja, está el caso de Andalucía. Allí las elecciones se celebraron el 2 de diciembre de 2018. Quizá por eso no siguieran la tónica de los gobiernos conformados a partir del 26M. La Junta, gobernada en coalición por Partido Popular y Ciudadanos, y presidida por Juanma Moreno (PP), decidió una nueva estructura que redujo las consejerías de 13 a 11 y que ahorrará 6,5 millones de euros en la legislatura, al decrecer también el número de altos cargos.
1.190.196 euros en sueldos
El aumento de 19 consejerías desde el 26 de mayo supone un gasto de 1.190.196 euros exclusivamente en el sueldo de los consejeros.
El más costoso para los españoles será el aumento de consejerías que ha sufrido la Comunidad de Madrid con respecto al anterior gobierno. El ejecutivo presidido por Díaz Ayuso incrementará el gasto público en el sueldo de consejeros en 402.264 euros, teniendo en cuenta que cada consejero en Madrid tiene un sueldo de 100.556 euros. Posteriormente podrá cifrarse el coste de asesores y personal de prensa.
El coste de las nuevas carteras de la Comunidad de Madrid supera de largo al resto de comunidades. Solo Navarra se le acerca, con un incremento del gasto en 260.752 euros, con un sueldo por consejero de 65.188 euros.
En orden de mayor a menor gasto le siguen: Extremadura (210.531 euros), Valencia (122.531), Castilla y León (84.483), La Rioja (67.465), Aragón (65.253), Cantabria (58.984) y Baleares (57.882). Por otro lado, las únicas comunidades que han rebajado sus gastos en consejerías en la actual legislatura son Castilla La-Mancha (-69.271) y Murcia (-70.408). Canarias es la única comunidad que conserva el número de consejerías y tampoco altera el sueldo de sus consejeros.
El nuevo mapa territorial
El balance tras las elecciones autonómicas ha resultado favorable al PSOE, que gobierna en nueve regiones: Navarra, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana -en este último caso los comicios tuvieron lugar en abril, antes de las generales-. Solo en dos de estos territorios logró mayoría absoluta, en Extremadura con Guillermo Fernández Vara (38,08% de votos) y Castilla-La Mancha con Eduardo García-Page y un 32,37%. En el Principado de Asturias el socialista Adrián Barbón se hizo con el bastón de mando tras lograr el apoyo de IU, precisamente la fórmula que Sánchez busca trasladar a Moncloa: un gobierno en solitario y con acuerdos puntuales.
El Partido Popular, pese al descalabro de las elecciones generales, ha logrado retener tres autonomías con gran relevancia a nivel nacional: Castilla y León, Murcia y la Comunidad de Madrid. En estas dos últimas, ha logrado mantener el poder gracias a una fórmula que estrenaron en Andalucía: un gobierno de coalición con Ciudadanos con el apoyo de Vox, que no entra en el ejecutivo pero sí que exige ciertos acuerdos programáticos. Por otro lado, solo ha perdido La Rioja, donde gobernará el PSOE gracias a un acuerdo con Podemos que se ha hecho esperar.