El plan de Getafe contra los puteros y sus 'chivatos': multas de 3.000 euros que irán para las víctimas

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado esta semana una nueva ordenanza de convivencia ciudadana en la que se contemplan multas de hasta 3.000 euros para quienes soliciten, negocien o acepten servicios sexuales retribuidos en espacios públicos. El documento, hecho público el pasado miércoles, también indica sanciones para quienes tiren chicles, pipas o colillas al suelo, o para quienes insulten, escupan o sacudan prendas y alfombras por los balcones y ventanas.

Para Sara Hernández (PSOE), alcaldesa de este municipio madrileño, esta ordenanza "es producto de un trabajo social de tres años". Durante este tiempo se han reunido con varios colectivos para formular "un plan de convivencia general que establezca las bases de ese modelo de ciudad, solidaria, de libertad e igualdad de oportunidades, que queremos para Getafe". 

La sección segunda del sexto capítulo del documento es la referente a la prostitución. En ella, se explica que el fin de esta ordenanza es preservar "los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad", y, por tanto, se quieren evitar todo tipo de "actividades de explotación sexual que difundan una imagen del ser humano como mero objeto sexual".

Con la publicación de esta ordenanza se prohíbe "mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas en el espacio público" y "colaborar con los demandantes de servicios sexuales". Es decir, con esta normativa, los "chivatos" también serán sancionados. 

Proteger a la víctima

A pesar de todo este énfasis en las sanciones, Hernández, en conversación con EL ESPAÑOL, insiste en que "lo que hace esta ordenanza es proteger a la víctima". Para ella no hay ningún tipo de sanción. 

"La ordenanza se suma a otras actividades", explica la alcaldesa. "No solo de implicación social contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, sino también acciones como, por ejemplo, la promoción en el acceso al mercado de trabajo de las mujeres víctimas de violencia de género".

En el documento se explica que el Ayuntamiento "prestará información y ayuda" a todas aquellas personas que ejerzan la prostitución en Getafe y quieran abandonarla. Pero la ordenanza insiste en una palabra que no resulta suficiente para las asociaciones de víctimas: informar.

"No todo vale"

En la asistencia a las víctimas de trata, una de las asociaciones con más experiencia en España es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Su directora, Rocío Nieto, asegura a EL ESPAÑOL que "la ordenanza hace falta, porque tenemos que seguir avanzando; pero lo que se necesitan son alternativas reales para las víctimas".

Y en esas alternativas "no todo vale". Nieto explica "no se adelanta nada con ir y darles un preservativo. La información ya se está dando y no basta". Desde su asociación creen que es fundamental que la información vaya acompañada de una "acción continuada y de seguimiento, integral".

Para ello, el primer paso es la confianza que debe generarse entre las mujeres prostituidas y quienes intentan sacarles de ahí. Se necesita gente que se acerque con confianza. En APRAMP transmiten la información a través de 13 supervivientes de la trata, "que saben bien cómo empatizar con sus excompañeras y cómo engancharlas y ayudarlas para que confíen en ellas".

A largo plazo

Pero la atención no debe acabar ahí. "Recuperar a una mujer no se hace en dos o tres meses", aclara Nieto. Una acción integral requiere del asesoramiento jurídico o la información, pero también del asesoramiento social, del seguimiento de las familias de las víctimas, del ponerse en contacto con quienes le han metido ahí.

"Es muy fácil entrar y muy difícil salir", resume. "Se necesitan especialistas que vayan siguiendo el caso y encontrar alternativas de futuro para esa mujer dependiendo de sus habilidades. Si no hay una alternativa para el empleo, esa mujer va a volver", sentencia."Lo importante para ellas es el largo plazo".

En esta línea, desde el Ayuntamiento de Getafe, la alcaldesa explica que uno de sus objetivos es que lo que se recaude gracias a las sanciones de esta ordenanza, en lo que a materia de prostitución se refiere, vaya destinado a programas de ayuda a las víctimas de la trata.