Se dice pronto, pero Rafael Ribó (Barcelona, 1945) lleva más años cobrando del presupuesto público que Miguel Ángel Revilla, el más televisivo de los 'eternos' de la vida política española. Si el presidente de la comunidad de Cantabria obtuvo su primer escaño en el parlamento regional en 1983, Ribó lo consiguió el 10 de abril de 1980. En total, treinta y nueve años. Tres más de lo que duró la dictadura de Francisco Franco. Para una buena parte de los catalanes, Ribó ha sido una presencia tan constante en sus vidas como la de Jordi Pujol o la del mismo nacionalismo, del que Ribó ha sido uno de sus principales valedores.
Ribó, licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Barcelona, y doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la misma universidad, lo ha sido todo en la izquierda catalana. Y eso a pesar de su origen burgués, prueba del cual es su master en Ciencias Políticas por The New School for Social Research de Nueva York realizado en una época –finales de los años sesenta– en la que muy pocos españoles podían permitirse un lujo similar. Ribó es hijo de uno de los secretarios económicos de Francesc Cambó, el fundador de la conservadora Lliga Regionalista catalana, ministro de Hacienda y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII y financiador del alzamiento franquista.
Rafael Ribó ha sido secretario general del PSUC y presidente de Iniciativa por Cataluña e Iniciativa por Cataluña-Verdes, los partidos que ocuparon su lugar cuando aquel pasó a mejor vida. Ha sido diputado del Parlamento autonómico catalán entre 1980 y 2001, y síndico de agravios –el equivalente regional del defensor del pueblo– desde 2004. Su mandato de nueve años, el segundo tras un primero de cinco años, finalizó el pasado mes de marzo. Pero Ribó seguirá al frente de la oficina del síndico mientras el Parlamento autonómico catalán no escoja a su sucesor. Algo que no se prevé fácil.
Necesitarán al PSC
El defensor del pueblo catalán es escogido por una mayoría de tres quintas partes del Parlamento catalán, es decir por 81 de sus 135 diputados. Ahora mismo, los partidos separatistas (ERC, JxCAT y la CUP) suman 70 diputados en la cámara. Dado que ni siquiera con el apoyo de Cataluña en Común-Podemos, que cuenta con ocho diputados, se alcanzaría esa mayoría de 81 votos, es muy probable que el próximo defensor del pueblo catalán sea alguien cercano a la órbita del PSC. Es decir, un nacionalista de izquierdas, aunque no abiertamente separatista.
La polémica ha acompañado al cargo del defensor del pueblo autonómico desde el inicio del procés. En primer lugar, por su hipertrofia. El salario de Ribó es de 124.000 euros anuales, superior al de los consejeros del Gobierno catalán, muy superior al del presidente del Gobierno español –que cobra un 56% menos– y sólo levemente inferior al del presidente de la Generalidad, que es de 147.000 euros. Los dos adjuntos al síndico cobran 101.000 y 110.000 euros, mientras que los miembros de su equipo directivo cobran 92.000 euros anuales. Su oficina, que cuenta con setenta y dos trabajadores, maneja un presupuesto de más de seis millones de euros anuales.
Las cifras, desproporcionadas para una institución administrativa de segundo nivel como la del defensor del pueblo, explican en parte la declaración de bienes de 2015 de Ribó, resumida por Crónica Global en este artículo: "Posee dos viviendas (una en Barcelona adquirida en 2001, de la que es propietario al 50% y cuyo valor catastral asciende a 123.190 euros, y otra en Gerona adquirida el mismo año, de la que ostenta el 75% de la propiedad y con un valor catastral de 123.272 euros) además de dos vehículos y más de 600.000 euros en fondos de inversión, de pensiones y acciones".
117 votos a favor
Ribó accedió a su segundo mandato, que originalmente era de cinco años pero que en 2010 pasó a ser de nueve, con una mayoría aplastante de 117 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, conseguida en una votación secreta. Pero por aquel entonces, el procés era sólo una quimera en la cabeza de sus arquitectos y muy pocos podían imaginar que el síndico pudiera convertirse en un ariete más de la batalla del separatismo contra la Constitución.
Hoy, la figura de Ribó es una de las más polémicas de la administración catalana. De acuerdo a Cs, lo que ha hecho Ribó, más que defender a los ciudadanos catalanes de las posibles arbitrariedades de las administraciones locales, es defender a las administraciones de las denuncias de la mitad de los catalanes. "Ribó ha convertido al organismo del síndico en un instrumento al servicio del procés" han dicho una y otra vez los portavoces de la formación naranja, poco dispuestos a respetar esa ley no escrita de la política catalana que dice que lo que ocurre en 'el oasis catalán' se queda en 'el oasis catalán' y que todos los partidos nacionalistas catalanes han respetado a rajatabla.
Los agasajos sospechosos
Este miércoles, Lorena Roldán, la nueva líder de Cs en Cataluña, pidió la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento para que Ribó dé explicaciones acerca de su supuesta vinculación con el caso del 3%. "El nacionalismo es capaz de corromper instituciones como la del Síndico de Agravios, que debería defender los derechos y las libertades de todos los catalanes" dijo Roldán. La portavoz también ha pedido que la oficina del síndico detalle todos los regalos y obsequios recibidos desde 2015.
La sospecha de Roldán, y también del PSC, que ha pedido la convocatoria de la Comisión de Asuntos Institucionales, nace tras la publicación en los medios de una fotografía en la que se puede ver a Rafael Ribó frente a la avioneta que le iba a llevar a la final de la Champions de 2015 entre el F.C. Barcelona y la Juventus de Turín, que ese año se celebraba en Berlín. La avioneta y las entradas habrían sido pagadas por el empresario Jordi Soler, implicado en el caso del 3%, y de ellas se habrían beneficiado, además de Ribó, altos cargos del Gobierno de Artur Mas y de la vieja Convergencia. Según la Guardia Civil, esos agasajos habrían tenido como objetivo la obtención de un trato de favor por parte de la Generalidad.
Poco después de que Roldán pidiera la comparecencia de Ribó, este ofreció una rueda de prensa en la que, tras defenderse de las acusaciones de Cs afirmando que todos los regalos recibidos por su oficina aparecen en su página web, aprovechó para señalar que algunos diputados catalanes, en referencia a los presos del procés, no gozan de la misma libertad de expresión que ella: "Es una ignominia que estén en prisión".
Un currículo poco imparcial
Pero su viaje pagado a la final de la Champions de 2015 no es la única mancha en el currículo de un síndico que si por algo ha destacado es por haberse mostrado mucho más inclinado hacia la defensa de las posturas separatistas que hacia la defensa de las constitucionalistas. En mayo de 2018, Joaquim Coll denunció con un artículo titulado El indigno papel del 'síndic' Ribó la actuación de este en relación a las denuncias de varios padres y alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil en el caso del IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
El defensor del pueblo ha criticado la "violencia policial" durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. También la aplicación del 155 y el encarcelamiento de los líderes del golpe a la democracia de septiembre y octubre de ese mismo año. Asimismo, ha defendido con vehemencia la inmersión lingüística e investigado con ahínco cualquier denuncia que tenga como protagonistas a agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Ribó ha denunciado también el supuesto "maltrato institucional" de los MENA y entre 2010 y 2011 llegó a viajar hasta en cincuenta ocasiones alrededor del globo a cargo del presupuesto de su oficina, con un coste total de más de 150.000 euros. También ha comparado España con Turquía.
Pero quizá el detalle que dé la verdadera medida de Rafael Ribó y de su trabajo al frente del síndico sea la anécdota que explicó Crónica Global en el artículo antes citado. En enero de este año, "el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y la presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall –hija del expresidente–, criticaron duramente al síndico de agravios, Rafael Ribó. El motivo, incluir el nombre de Pasqual Maragall entre los expresidentes de la Generalidad y del Parlamento catalán que firmaron un texto –a propuesta del propio Ribó– que exige al Tribunal Supremo la liberación de los independentistas que están en prisión preventiva de cara al juicio por el procés".
Pasqual Maragall sufre alzheimer desde hace más de una década.