Circunstancialmente, y por motivos diferentes en cada caso, se esta armando una nueva pinza entre la izquierda radical y la derecha contra un Gobierno socialista. En aquélla de los años 90 los protagonistas eran los líderes, Julio Anguita y José María Aznar. Esta vez son segundos espadas, diputados técnicos con profesionalidad y solvencia más que sobrada en las cuentas públicas, pero con militancia muy política en sus respectivos partidos. La representante de Galicia en Común dentro del grupo confederal de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y el exsecretario de Estado popular Mario Garcés.
La primera, señalada por Pablo Iglesias el pasado julio para haber asumido el Ministerio de Trabajo en el no nato gobierno de coalición, arremetió este miércoles durísimamente contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo por "los recortes que s epueden producir en Galicia por valor de 700 millones de euros" por los fondos que no le llegan a la Xunta por la negativa del Ministerio de Hacienda a librar las entregas a cuenta que le corresponden a todas las Comunidades Autónomas para el ejercicio presupuestario de 2019.
El segundo, como portavoz de asuntos económicos del PP en el Congreso, presentó este martes una batería de preguntas y requerimientos al Gobierno en la Cámara Baja para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé "explicaciones detalladas sobre los criterios del informe de la Abogacía General del Estado que esgrime" como justificación para negarse a cumplir con los gobiernos autonómicos.
Según el PP, no hay base jurídica real para afirmar "que por estar en funciones, el Ejecutivo de Sánchez no puede actualizar las entregas a cuenta de régimen común para 2019, y pagar ya a las Comunidades Autónomas las cantidades que les adeuda".
El documento
El caso es que la diputada de Unidas Podemos utilizaba la argumentación del PP para sostener su posición cuando se ponía delante de los micrófonos antes de la reunión de la junta de portavoces del Congreso. Concretamente, un informe jurídico de la Xunta de Galicia, que preside el popular Alberto Núñez Feijóo.
Detalles de la primera y última páginas del Informe de la Xunta.
El texto de 35 páginas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, explica exactamente lo que decía la nota de prensa emitida por el PP un día antes, "que no existen argumentos de peso en el plano jurídico para justificar este impedimento, habida cuenta que la actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”.
Ambas formaciones han atendido a este periódico, pero ninguna de ellas quería entregar el documento. Sin embargo éste, elaborado por el director general de la Asesoría Jurídica General, Manuel Pillado, y firmado por la letrada de la Xunta, Carmen Mª Balgueiro, obra en poder de este periódico.
El papel no sólo abre "un margen legal" a que Galicia reciba las cantidades actualizadas que necesita para su ejecución presupuestaria -y con ella, el resto de CCAA-, sino que, de hecho, concluye que ésta es la única opción constitucional.
Según fuentes de la dirección del PP, de hecho, la actualización es "un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”. Es decir, que lejos de constituir una nueva orientación política, la falta de libramiento de estos fondos de financiación a las distintas regiones “constituirá una anomalía inaceptable del sistema que sí perturbaría el despacho ordinario de asuntos de las autonomías”.
Mario Garcés, portavoz adjunto para asuntos económicos del PP en el Congreso.
Es más, los populares redoblaban la ofensiva este miércoles añadiendo una pregunta de todos y cada uno de sus diputados al Ejecutivo "para que el Gobierno defina el impacto económico que está provocando también el bloqueo de recursos financieros" a los Ayuntamientos y Diputaciones.
El documento oficial de la Xunta, que citaba en todo momento Yolanda Díaz, sienta las bases jurídicas de estas afirmaciones en que la Constitución exige, en su artículo 156, el principio de que las CCAA "disfruten de la plena disposición de los medios financieros precisos para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión", sus funciones. En que la ley de financiación autonómica vigente, la 22/2009, desarrolla este aspecto marcando las diferencias entre la "suficiencia estática" y la "dinámica", que es la que "garantiza la suficiencia de recursos a lo largo del ejercicio", según Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2014 de 8 de mayo.
Cálculo con el anteproyecto
Efectivamente, en la página 6 del informe de la Xunta, el letrado público gallego se remite al precepto constitucional para afirmar que tales entregas son "un elemento esencial del sistema para garantizar la suficiencia de recursos". Además, la Constitución marca "en el ante proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado" el punto en el que se deben calcular esas entregas a cuenta. No en una ley que ya haya entrado en vigor.
María Jesús Montero, en su escaño del Congreso.
Por esa razón, y ante lo contundente de los argumentos del informe, en Unidas Podemos no han dolido prendas para utilizarlo, más allá de que venga de una Comunidad gobernada por el PP. Y por lo mismo, los populares ya han dado órdenes a todas las regiones que gobiernan para que armen al partido de más batería jurídica encargando sus propios informes de los letrados autonómicos.
Pronto en la formación morada podrán, pues, utilizar como arma negociadora con el PSOE estos documentos procedentes del PP. No hay que olvidar que Díaz forma parte de la comisión que -junto a Pablo Echenique, Ione Belarra, Enrique Santiago y Jaume Asens- se reúne este jueves a partir de las 16.30 con los socialistas para intentar pactar la investidura de Sánchez. A la mesa se sentará la ministra en funciones Montero, a la que Díaz acusaba de "incumplir sus obligaciones constitucionales" porque el documento de Feijóo "avala que se entreguen por razones de interés general y urgencia".