Vamos a elecciones y Fomento lo sabe: ADIF da la orden de parar todas las licitaciones ferroviarias

El Ministerio de Fomento ya ha dado órdenes de parar las licitaciones de nuevos contratos. En la mañana de este jueves, la dirección de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha enviado sendos correos electrónicos a sus Unidades de Contratación para que "desde este momento" no se establezca "importe alguno en la anualidad 2019".

La orden a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que se ha distribuido ya en decenas de las sedes territoriales de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, significa que el Ministerio de Fomento detiene toda su actividad en cumplimiento del artículo 50.3) de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Es decir, que el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya prepara la repetición electoral del 10 de noviembre.

Según la citada norma, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Es decir, según explican fuentes parlamentarias, que el Ejecutivo debe abstenerse de, siquiera, sacar a licitación cualquier contrato -"y más del departamento con mayor músculo inversor, como es Fomento"-, porque la mera publicación de estas iniciativas en el BOE se podría entender como propaganda partidista utilizando los medios del Estado.

El texto legal lo desarrolla de forma expresa a continuación, cuando aclara que para determinar esa posible confusión interesada en favor de quien detenta el poder de la Administración afectada por el parón electoral, se atenderá a que esas comunicaciones contengan "imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". El propio Ábalos, en este caso, no puede sustraerse a su condición de ministro y número tres del PSOE. Fue incluso el jefe de campaña de los socialistas para el 28-A.

Prohibidos incluso los proyectos

Es más, la LOREG aclara que "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada". Las citadas fuentes explican que estas disposiciones se añadieron a la ley en la reforma 2/2011 de 29 de enero con el objetivo de evitar lo que se venía produciendo en todos los niveles administrativos del Estado.

De esta manera, y a pesar de que el Rey Felipe ha anunciado que inicia una ronda de contactos el próximo lunes 16 con todos los líderes parlamentarios, Fomento ya ha dado orden de cumplir las disposiciones legales. El Jefe del Estado citará en Zarzuela entre el lunes y el martes a los representantes de cada grupo para sondear la posibilidad de volver a designar a Pedro Sánchez como candidato a una investidura.

Como ocurrió en la legislatura fallida de las elecciones de diciembre de 2015 y una vez que declinó Mariano Rajoy por "no tener los apoyos parlamentarios", el líder socialista aceptó ser candidato. Entonces, llegó a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos -el llamado "pacto del abrazo"-, que no logró la confianza de la Cámara. Y pasados dos meses, el Monarca tuvo que "constatar" que no había un candidato que reuniera los apoyos suficientes.

Como RTVE en agosto

Puesto en contacto este periódico con Adif, una portavoz de la empresa pública ha negado esta versión. Según sus palabras, "esto no tiene nada que ver con un presunto adelanto electoral", sino con la necesidad de parar los apuntes contables al ejercicio 2019, "dado que la ejecución de este tipo de contratos se alarga varios meses". Esta fuente indica que "es práctica habitual" dar una orden como ésta en estas fechas y que, además, "Adif no ha dejado de licitar, porque si así fuera no podríamos ni ejectuar labores de mantenimiento y habría que parar todos los trenes".

Sin embargo, en la misma página web del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se pueden consultar las adjudicaciones de los últimos años. En 2018, por ejemplo, no dejaron de estar activas en los meses de octubre, noviembre e incluso en las primeras fechas de diciembre. Y algunos de los contratos sacados a concurso no se pueden encuadrar en meras labores de mantenimiento.

Así, el pasado 7 de noviembre de 2018 se sacó a licitación el contrato 3.18/27507.0143 de "Ejecución de las obras de: Proyecto construcción de aumento de potancia [sic] y mejora de protecciones en las subestaciones de Guillarei, Sella y Redondela". La oferta, por un valor estimado de contrato de 4,6 millones de euros, la podía presentar una empresa interesada hasta el 4 de diciembre a las 11.00 horas.

Pero el departamento de José Luis Ábalos ya parece dar por descontado el 10-N y, al igual que hizo RTVE a principios de agosto al sacar a licitación la luminotecnia para sus estudios y el decorado para el debate "elecciones generales noviembre 2019", como informaba este periódico el pasado fin de semana, ya ha puesto la maquinaria administrativa en orden.

Lo cierto es que la orden podría haberse esperado hasta el cumplimiento de los plazos legales, es decir, hasta el próximo 23 de septiembre, cuando se disolverán las Cortes de manera automática si no hay presidente del Gobierno. Pero como explica el primero de los mails reproducidos más arriba, "los expedientes de medios de la AGE [Administración General del Estado] necesitan entre 1 y 2 meses para disponer de contrato y las licitaciones abiertas en torno a cinco meses".

Es decir que, según las fuentes citadas, el motivo por el cual se habría dado la orden con antelación es que, una vez sabido que habrá repetición electoral, cuanto antes se den la instrucciones, antes se puede parar la maquinaria administrativa.

Así se buscaría evitar una posible infracción electoral, combustible gratuito en campaña para la oposición, y las posibles sanciones que vienen definidas en el artículo 153.1) de la LOREG: "Toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada" con multas "de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares".