Podemos denuncia un triple desahucio "en contra de la ONU": "Al Gobierno se le puede caer el pelo"

"Nunca nos han contestado, y han pasado siete meses, eh... siete". El pasado 4 de marzo, la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, mandaba un escrito a la Vicepresidencia del Gobierno, encargada de las relaciones con las Cortes, pidiendo información ante la solicitud de amparo de tres diputados por "la limitación de su derecho a la libertad de reunión y su libertad deambulatoria, en el ejercicio de su responsabilidad y actividad parlamentaria", en relación con un triple desahucio. Pero nunca ha habido respuesta.

"Han pasado siete meses", insiste Rafa Mayoral. "Está claro que les importa un carajo el Congreso de los Diputados".

-¿A quién?

-Al Gobierno, ¿a quién va a ser? Se lo pasan por el forro, y a la ONU, que es más grave. Conculcan derechos fundamentales, todo les da igual...

El triple desahucio

Pero remontémonos a los hechos de origen. En lo más crudo del crudo invierno madrileño, la madrugada del 21 al 22 de febrero de 2018, casi un centenar de agentes de Policía Nacional, bajando de siete furgonetas, tomaron los aledaños del número 11 de la calle Argumosa, en Madrid.

Tres juzgados diferentes se habían coordinado en una sola operación el desahucio para cuatro familias distintas en el mismo edificio. "Porque no podían pagar la subida salvaje de su alquiler al nuevo dueño del inmueble", se empeña en aclarar el diputado.

El diputado de Unidas Podemos fue a acompañar a los desahuciados, como lleva un lustro en casi cada marcha de taxistas, los raiders, en Ferrol, los empleados de los astilleros, los trabajadores de Alcoa...

"Yo llegué allí como un cuarto de hora después, a las 2.30 o así", recuerda Mayoral. "Y reclamé mi derecho como representante de la soberanía popular a entrevistarme con los afectados". Pero se le denegó. Los policías tenían órdenes de esperar a la comisión judicial. Pero claro, las diligencias estaban previstas para las 9.30. "¿Y qué hacían ahí siete horas antes, acordonando la zona, restringiendo la libertad deambulatoria de los vecinos, cercenando el derecho fundamental a la libertad de reunión?". Al rato, llegaron Ana Marcello y Alberto Rodríguez", también diputados de Unidas Podemos, "pero tampoco pudimos pasar".

Según la versión de Mayoral, la Policía les contestó que podrían pasar cuando llegase la comisión judicial. "Pero cuando una vez vinieron, tampoco... ¡Si no pudieron pasar ni los abogados de las familias! Lo hicieron todo sin asistencia letrada, es un escándalo".

"Lo dice la Constitución"

Mayoral recuerda que según el artículo 96 de la Constitución, los tratados internacionales que firma el Estado entran a formar parte del ordenamiento interno. "Es que es taxativo, no es discutible". Razón por la que defiende que si España "ratificó sin salvedades el Protocolo Facultativo que sirve para darle justiciabilidad" a esos derechos económicos y sociales -hasta entonces, no era más que un bonito catálogo declarativo- el 10 de diciembre de 2010, "no nos pueden decir que sus resoluciones no son vinculantes".

"No quieren contestar a tres diputados porque aquella noche se les fue la mano... ¡Si montaron una razzia para echar a estas familias! Coordinaron un centenar de policías, tres juzgados... en lugar de llevar al abogado del Estado a pararlos, como debían, porque había al menos dos resoluciones del Comité de Derechos Sociales de la ONU, y otra en trámite. ¡Y eso es ley, es ley en España!", asegura.

El diputado de Unidas Podemos cree que lo que debería haber hecho la ministra de Justicia "es mandar a un abogado del Estado a parar esos desalojos, porque es lo que dice la ley". Y sin embargo lo que ocurrió fue justo lo contrario, comenta con una risa sarcástica: "En un procedimiento no penal, sino civil, a las familias las echaron de sus casas sin que los abogados pudieran estar, sin que unos diputados las pudieran asistir... y al conjunto de la ciudadanía, representada aquella madrugada por nosotros allí, le hurtan su derecho a defenderse de los abusos de los poderosos".

-Y esto, diputado, cuando uno se sienta a negociar un gobierno, ¿cómo se lleva? ¿Qué se le dice a la vicepresidenta, al otro lado de la mesa, si lleva siete meses sin atender la solicitud de amparo?

-Uff... a mí eso no me lo mezcles, que no es lo mío. Yo sólo sé que esas familias, Pepi, Juani, Mayra... han ido encontrando un techo en estos meses. Y que llevaron otra vez a Naciones Unidas el asunto. Al Gobierno se le puede caer el pelo.

Hace un par de semanas, y ante el silencio del Gobierno, el secretario de Relación con la Sociedad Civil de Podemos y uno de sus diputados más beligerantes, obligaba a hablar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: "¿Cuáles son las medidas que adopta su Ministerio cuando recibe una notificación de medidas cautelares del Comité DESC de las Naciones Unidas requiriendo la paralización de un desahucio?"

Pero la respuesta fue de nuevo el silencio, aunque esta vez un silencio hablado. "Me dice que los dictámenes de Naciones Unidas no son vinculantes... ¿Te lo puedes creer? ¡Pero si el Gobierno firmó el protocolo, el Gobierno de Zapatero, y sin poner una salvedad! Eso significa que hay que garantizar que se cumplan, y aquí exigían parar los desahucios".

El diputado explica todo el caso a EL ESPAÑOL. Las familias en la calle, sin tener adónde ir, los vecinos indignados, las sirenas de la Policía, y unos diputados "viendo cómo los agentes nos impedían ejercer nuestra labor de representación". A la salida de esa sesión de control -la segunda y última de esta legislatura fracasada-, la ministra se topó, incómoda, con el dirigente de Podemos en la puerta del Congreso que da al patio.

Allí, algunas cámaras los cazaron continuando de manera informal la bronca que habían mantenido minutos antes en el hemiciclo. "No era una discusión ya... pero es que lo saben, saben que es mentira que los dictámenes del DECS no sean vinculantes, que su respuesta no vale". Y eso enerva al dirigente de Podemos, quizás el que menos ha perdido sus maneras de calle desde que el partido entró en el Congreso en 2015.

Se da la circunstancia de que todo ocurría sólo unos días antes de que una jueza de primera instancia lo imputara por atentado contra la autoridad. "Qué curioso que estas cosas pasen en cuanto se convocan elecciones...", deja caer. Junto a los también parlamentarios Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino, Mayoral salió el pasado 28 de marzo a la plaza de las Cortes a apoyar a los trabajadores de Alcoa, que protestaban por la inacción del Estado ante su situación laboral.

Los tres se vieron envueltos en una refriega con la Policía, mediaron y separaron como muestran las imágenes, pero el Número 25 de Instrucción de Madrid no parece verlo igual. Más allá de que, como aforados que son, la competencia no correspondería a una sala ordinaria, sino al Tribunal Supremo. Ahora, la magistrada ha preguntado al Congreso para confirmar que los tres siguen siendo diputados. Y sí, con las Cámaras disueltas, ellos siguen en la Diputación Permanente.

"Es un ataque inaceptable al sistema democrático, es una persecución política a Unidas Podemos por defender a la gente trabajadora", dijo Mayoral en rueda de prensa. Y reclamó la comparecencia del ministro del Interior: "Es una actuación de policía política".