"El CNI catalán". Esa es la definición que la inmensa mayoría de los medios han utilizado para describir la actividad del Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) después de que su nombre haya aparecido asociado a un plan de asalto al Parlamento autonómico catalán. Así consta en los autos de prisión de los siete CDR encarcelados el pasado jueves bajo la acusación de pertenencia a banda terrorista y tenencia de explosivos.
En dichos autos, emitidos por el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, se sostiene que el Cesicat habría sido el autor original del plan de asalto al hemiciclo catalán. También según dichos autos, el asalto habría sido encomendado a los nueve CDR encarcelados el día de la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo. ¿Su objetivo? Facilitar una declaración de independencia unilateral de Cataluña en el Parlamento regional por parte de Quim Torra.
Pero ¿es el Cesicat realmente el equivalente del Centro Nacional de Inteligencia? La respuesta corta es que no lo era en su origen, pero sí lo ha acabado siendo con el tiempo. La pregunta interesante, sin embargo, es si ese fue siempre el plan original de los líderes nacionalistas que lo crearon o si fue el desarrollo del procés el que condujo al Cesicat a mutar en embrión de un futuro Centro de Inteligencia de la república independiente catalana.
Según los agentes de la Guardia Civil que han investigado las actividades del Cesicat, este siempre ha sido una de las principales "estructuras de Estado" del procés. Nacido en 2009 como un organismo encargado de la ciberseguridad, entró en funcionamiento en 2010, bajo el mandato de Artur Mas, y pronto se convirtió en uno de los elementos clave de la futura "república catalana".
Informes sobre personas
Aunque las sospechas sobre sus verdaderos objetivos empezaron a brotar muy pronto, cuando se supo que el Cesicat había encargado a terceros informes sobre empresarios y altos cargos del Gobierno, creado bases de datos personales y robado más de 3.400 contraseñas de ciudadanos particulares o espiado correos electrónicos y teléfonos móviles mediante el programa Cerberus, la verdadera fecha clave es 2016. Fue entonces cuando el Cesicat pasó de estar adscrito a la Consejería de Empresa a la de Presidencia. Es decir, a las órdenes del núcleo duro del liderazgo procesista.
En 2014, el por aquel entonces consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, reconoció que todas las acusaciones que pesaban sobre el Cesicat eran ciertas. Puig, sin embargo, no cruzó una frontera que le habría llevado directamente frente a un juez: la del reconocimiento de que el Cesicat no había sido jamás un organismo dedicado a la ciberseguridad, sino la semilla de una agencia de espionaje catalana. Una competencia que en España está reservada en exclusiva al Gobierno central.
El 30 de septiembre de 2017, la víspera del referéndum del 1-O, la Guardia Civil entró en la sede del Cesicat, en Hospitalet de Llobregat, y se incautó de 29 aplicaciones que iban a ser utilizadas durante la jornada del día siguiente relativas al censo de los ciudadanos catalanes y al recuento de votos. A raíz de ello, la Fiscalía afirmó que el Cesicat es "una especie de Agencia de Seguridad Nacional en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente".
Según Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, el Cesicat "desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador y que en la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia". A día de hoy, el Cesicat continúa en funcionamiento y, según el juez García Castellón, a pleno rendimiento en beneficio del procés.