La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se ha desmarcado este miércoles ante el juez del caso Púnica de la presunta financiación irregular del PP madrileño y ha indicado que nunca supo nada de la existencia de una caja B en el partido en la región.
"No tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación referida a la administración, a la gestión económica y a la financiación del partido ni de sus campañas, absolutamente ninguna", ha indicado Cifuentes a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido como investigada por la supuesta financiación del PP madrileño en las campañas de 2007, 2008 y 2011.
Es más, ha precisado que si algo hizo como presidenta "fue luchar contra la corrupción" y personar a la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso Púnica.
Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Nacional
Durante sus tres horas de declaración, la expresidenta madrileña solo ha contestado a la Fiscalía y a su defensa para asegurar que no tenía competencias en materia de financiación, que nunca manejó dinero ni recibió ningún regalo y que no supo de ninguna reunión con empresarios que supuestamente favorecieran al partido, según han informado fuentes presentes en la declaración.
Sobre la presunta participación de Esperanza Aguirre (citada el 18 de octubre) en los hechos, ha indicado que no lo podía saber dado que ella trabajaba en las campañas para el PP y no para Aguirre, que tenía su propio equipo.
Su función, ha explicado, se limitaba a movilizar a las estructuras del partido y a que los actos estuvieran llenos, si bien no llevó ningún asunto relacionado con la gestión de las campañas ni con la recaudación.
También ha defendido la legalidad de varios contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, y que el juez sospecha estaban amañados a cambio de sus aportaciones al partido.
Según la investigación, Fernández habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en que Cifuentes era patrona de Fundescam, si bien la expresidenta ha señalado que no le consta que el empresario donase dinero al partido.
Esas contrataciones, ha aclarado, se votaron por unanimidad tanto por la mesa de contratación como por el comité de expertos, del que formaba parte, y ha recordado que el grupo era muy potente como así atesoraba que tuviese adjudicados servicios en la Zarzuela y también en Moncloa, el Ministerio de Economía y el Congreso cuando el PSOE estaba en el Gobierno, según ella misma ha resaltado.
En relación a una reunión con el empresario Juan Miguel Madoz, administrador de Swat -empresa que supuestamente participó en el sistema de financiación investigado- y otros cargos del partido, la expresidente ha reprochado que la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego la situó en ese encuentro por "animadversión".
Uno de los sistemas que, según la Fiscalía, sirvió para sustraer fondos fue incluir una cláusula inflando un 1% los contratos públicos de las consejerías para adjudicar por ese importe labores de comunicación a empresas de Horacio Mercado, un empresario que supuestamente luego desviaba ese dinero al PP madrileño y con el Cifuentes ha dicho que nunca trató pero que suponía que trabajaba para el partido.
También ha negado conocer esa cláusula y ha asegurado que cuando accedió a la presidencia de la Comunidad en 2015 ya no existía.
En relación a Fundescam, que supuestamente sirvió para desviar fondos públicos al partido en Madrid, Cifuentes ha negado haber llevado la gestión diaria y económica de la fundación y ha indicado que todos los miembros de la dirección regional del partido -incluido Pablo Casado cuando era presidente de NNGG- eran patronos, y que nadie cuestionó esta circunstancia porque la fundación estaba estrechamente ligada al partido.
Ha precisado que solo participó en una reunión del patronato en 2006 y ha mostrado el acta, ante lo que las fiscales han manifestado su sorpresa porque el partido solo les ha remitido las actas a partir de 2010.
La declaración de Cifuentes se ha interrumpido en dos ocasiones porque, a pesar de no ser pública, se estaba escuchando en la sala de prensa por un error técnico. Tras más de media hora de interrogatorio, el juez ha decidido cambiar de sala.
Un asunto que ha suscitado cierta tensión entre los abogados, incluido el de Cifuentes, que han barajado la posibilidad de pedir la anulación de la declaración, si bien finalmente han decidir continuar con ella, según las fuentes.