Las reacciones al vídeo del MIC (Movimiento Identitario Catalán) en el que un grupo de radicales encabezado por Santiago Espot irrumpe en un Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Les Corts de Barcelona son contundentes. Excepto en el independentismo, que ha optado por el silencio.
Las imágenes, en las que puede verse a los radicales acosar y amenazar a Jaume Benavent, gerente del centro, para que despida a una doctora que atendió a una paciente en español y a la que califican de "extranjera colonizadora", han retrotraído a la mayoría de los líderes políticos y civiles consultados por EL ESPAÑOL a épocas predemocráticas.
Jorge Soler, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán y médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ha presentado una queja y una batería de preguntas frente a la Consejería de Salud, liderada por Alba Vergés, de ERC.
Amenazas en un centro médico por hablar español
En su escrito, Soler pregunta por las acciones adoptadas por el Departamento de Salud a raíz de este caso, por las medidas previstas para evitar este tipo de acosos y por la opinión del Departamento de Salud y de la propia Generalidad acerca de la calificación de "colonizadores" utilizada por Espot para referirse a los médicos no catalanohablantes. También pregunta el diputado de Ciudadanos por la opinión de la consejera de Sanidad al respecto. "¿Comparte la idea de que debe expulsarse de Cataluña a los médicos que hablen en español en sus consultas?", plantea en su escrito.
"Ayer ví el vídeo en el perfil de Twitter de Sonia Reina y no daba crédito", dice Carina Mejías, diputada de Cs en el Congreso de los Diputados. "Es una manifestación de xenofobia intolerable y de acoso a unos profesionales de los que se valora más que hablen catalán que su profesionalidad y su experiencia. Esto no puede seguir así. Hay que denunciar la xenofobia y ese racismo que provoca el rencor independentista. Han perdido el control y la razón".
"Camisas pardas"
Mejías, que como líder del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona destacó por su firmeza contra las políticas de Ada Colau, pero también contra el separatismo, pide sanciones contra los ataques del separatismo. "Ante estas situaciones ya no se puede seguir ignorando la situación. Hay que tomar medidas para evitar este acoso. Hay que denunciar y sancionar. El Gobierno de España no puede seguir ignorando esto, tiene que actuar sin complejos".
Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, es, si cabe, más contundente incluso que Mejías. "Es nazismo. Pero amparado y financiado por las instituciones catalanas" dice. "Cuando legitimas a una entidad que señala y que persigue a empresas, a comercios y a trabajadores, es cuestión de tiempo que alguien se crea legitimado a intimidar a los que 'no cumplen'. Son como los camisas pardas [las milicias nacionalsocialistas encargadas de acosar, intimidar y agredir a los ciudadanos judíos de la Alemania nazi]. Ya no es una exageración, es una realidad".
Por su lado, las fuentes de Societat Civil Catalana (SCC) consultadas por EL ESPAÑOL coinciden con Ciudadanos en la calificación de unos hechos que consideran impropios de una democracia como la española. "Es un comportamiento propio de un régimen totalitario y que no debería permitirse en un Estado democrático como el nuestro. Este tipo de actos no deberían realizarse con total impunidad y encima tener la osadía de grabarlos".
Coacción y violencia
"Hay sectores del secesionismo que no aceptan que en Cataluña haya dos lenguas oficiales" afirman también desde SCC. "Los nacionalistas han construido una realidad paralela y se la han creído. No vamos a permitir que conviertan Cataluña en su masía particular. Cataluña necesita que se apliquen políticas de convivencia y no de confrontación y de tsunamis, tal y como defienden el presidente de la Generalidad y su equipo de Gobierno".
Joan López Alegre, referente del constitucionalismo catalán y número dos del PP en la lista que encabezaba Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona en las pasadas elecciones generales, dice sospechar que existe una campaña de blanqueamiento de la violencia "por parte de las instituciones catalanas y sus medios de comunicación públicos y medios afines".
"Esta campaña de blanqueamiento da alas a los independentistas para actuar de forma coactiva y violenta", dice López Alegre. "No sólo blanquean y justifican, sino que además dan poca difusión a estas acciones violentas para que sus radicales puedan actuar con mayor impunidad. Es la misma praxis de los batasunos en el País Vasco de los años ochenta y noventa". Fuentes cercanas a la cúpula del PP catalán afirman estar investigando si Santiago Espot recibe algún tipo de ayuda o de subvención por parte de la Generalidad: "Si es así, las denunciaremos".