El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a activar la Ley de Seguridad Nacional ante los violentos disturbios en Cataluña para asegurar el orden público.
¿Qué es la Ley de Seguridad Nacional?
La ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, más conocida como Ley de Seguridad Nacional (LSN), fue aprobada en el 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy por Partido Popular, PSOE y UPyD y el rechazo de los soberanistas para "proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos".
En su artículo 23, esta ley establece que la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la "coordinación reforzada" de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley. En concreto, los Mossos d'Esquadra deben colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en el cumplimiento de órdenes dadas por el Gobierno. Todos los cuerpos quedarían así bajo el mando del Ejecutivo.
Se debe crear, además, un Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el presidente del Gobierno, y que está integrado por los vicepresidentes, los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía y Turismo, de Presidencia, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
También forman parte de ese Consejo el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia.
Límites de la ley
Esta ley establece sus límites, ya que "en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos".
Si el presidente del Gobierno decide que hay una situación de interés para la seguridad nacional, tendrá que firmar un real decreto, tal y como señala el artículo 24. En ese decreto se definirá dicha crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y una posible prórroga. También, si es el caso, qué autoridad funcional supervisará la coordinación, así como la determinación de sus competencias. Hecho todo esto, el Gobierno "informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la seguridad nacional".