Cs y PP piden que la CUP, Òmnium y la Generalitat paguen a Barcelona los 8 millones de los destrozos

Los destrozos causados por los violentos disturbios de la semana pasada en varios barrios de Barcelona podrían acabar haciendo un agujero en los presupuestos municipales muy superior al previsto por el equipo municipal de Ada Colau. Si las cifras oficiales, confirmadas el lunes por el primer teniente de alcalde Jaume Collboni, del PSC, hablaban de 2,7 millones de euros en destrozos, PP y Cs hablan ya de ocho millones de euros. "E incluso más" según Óscar Ramírez, concejal popular.

La cifra tiene truco. Los 2,7 millones de euros de los que habla Collboni apenas contemplan los gastos generados por los destrozos en mobiliario urbano: contenedores quemados, señales de tráfico arrancadas de cuajo, pavimento levantado y losetas destrozadas, semáforos, jardines y maceteros vandalizados... Pero a esa cifra hay que añadir los daños a ciudadanos particulares, los vehículos policiales destrozados y el lucro cesante de esos comercios, restaurantes y hoteles que sufrieron lo que algunos de sus propietarios describen como "un toque de queda municipal".

"Ya que Ada Colau presta servicio de defensa a algunos de los violentos detenidos durante los disturbios, creemos que es obligatorio que estos asuman en primera persona el gasto por los destrozos que han provocado", dice María Luz Guilarte, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. El partido naranja ha solicitado que el Ayuntamiento se presente como acusación particular, y no como acusación popular, en los procesos judiciales contra los violentos detenidos.

Que paguen los vándalos

"El objetivo es que los costes de los destrozos no los asuma el Ayuntamiento, sino los que los han provocado", añade Guilarte. "El Ayuntamiento reconoce ya 2,7 millones de euros en daños materiales. Pero falta añadir una buena parte. Nosotros prevemos que, como mínimo, la cifra será de ocho millones. 2,7 en mobiliario urbano, más los saqueos de comercios, los vehículos policiales calcinados, la cancelación de reservas, la cancelación de ferias –como la del café–, la huida de inversiones…". 

La lista de daños es, efectivamente, mucho más larga de lo que el Ayuntamiento ha reconocido hasta el momento. Las asociaciones de comerciantes y hoteleros reconocen unas pérdidas de hasta el 50% de su recaudación normal.

A ello hay que sumar los daños a los vecinos –varios coches fueron incinerados y decenas de fachadas de viviendas particulares quemadas por las hogueras–, los perjuicios causados a pymes y autónomos, y el coste del personal y los vehículos extra que necesitaron las empresas privadas de limpieza y pavimentación contratadas por el Ayuntamiento para la reparación de los destrozos y que, como es obvio, será cargado en su factura al Ayuntamiento. 

Pagará el Ayuntamiento

"El Ayuntamiento debe presentarse como acusación particular, y no popular, porque no sólo se han provocado daños en el mobiliario urbano, sino también a particulares. Y si los autores de esos destrozos son menores, se tendrá que repercutir el coste de esos destrozos a sus padres", dice Guilarte. La líder del grupo naranja se apoya en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a "los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho mostrarse parte en la causa (…) y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere".

"En principio, todo esto lo pagará el Ayuntamiento. Pero entendemos que el consistorio debería reclamarle a la Generalidad su responsabilidad. De hecho, habría que pedirle al Gobierno autonómico catalán el coste total de los destrozos. Porque los instigadores de todo esto son quienes son y se puede demostrar", añade Guilarte.

Guilarte señala que también deberían reclamarse los gastos por los daños causados "a la ANC, a Òmnium, a la CUP y a todos los que tienen responsabilidades políticas y que han financiado o que han apoyado los disturbios". Y añade: "Esto ha sido otro golpe. La segunda parte del golpe, de hecho".

Sintonía con el PP

La sintonía entre Ciudadanos y PP es, en este sentido, total. Óscar Ramírez recuerda que "una cosa es la persecución penal por vandalismo o por los daños o por los sabotajes. En este caso concreto, nosotros pedimos que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, no popular. Y otra cosa es la reclamación civil por el daño de bienes de dominio público: contenedores, semáforos, señales, pavimento, faroles, etcétera". 

La diferencia entre la acusación particular y la popular es que la primera procede cuando se es víctima directa del posible delito –y en este caso estaría justificada por el daño en el mobiliario urbano–, mientras que la popular procede cuando no se es víctima directa, pero se actúa en defensa de la legalidad. 

"Nosotros", dice Ramírez, "pedimos también que se reclame el coste de los daños a Òmnium Cultural, a la ANC y a Tsunami Democràtic. Porque aquí hay unos responsables directos, que son los que efectivamente han hecho esos destrozos, pero también unos responsables intelectuales, que son los que los han incentivado". 

"Es que eran las propias autoridades las que aconsejaban a los comerciantes que cerraran. Y si es la propia Administración la que te dice que cierres porque no es capaz de garantizar tu seguridad o la de tu negocio, es evidente que es esa administración la que debe hacerse cargo del coste de tus daños o de tus pérdidas", añade el concejal popular. "Evidentemente, todo esto no está presupuestado. El dinero debería salir de un fondo de contingencia para hacer frente a imprevistos".

La factura total de los destrozos, sin embargo, continúa siendo una incógnita. Cuando le comento a Ramírez la cifra de ocho millones prevista por Ciudadanos, parece de acuerdo con ella hasta que hace un rápido cálculo mental. "Ocho millones es razonable, pero creo que se queda corto. Superaremos los ocho millones, seguro".