La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, testigo privilegiado de la exhumación de Franciso Franco, apuesta por reformar el Código Penal para castigar la apología del franquismo, tras superarse la "anomalía democrática" que suponía mantener al dictador en un mausoleo público junto a sus víctimas.
En una entrevista con Efe tras ejercer como notaria mayor del Reino durante la exhumación en el Valle de los Caídos, Delgado mantiene la reserva respecto a lo que presenció y escuchó en la basílica, pero tiene claro que el acto del jueves "sitúa a España en una posición muy homologable al resto del mundo, de Europa, donde no se han permitido estos mausoleos de enaltecimiento y exaltación" de las dictaduras.
No obstante, mientras que en países como Alemania, Italia o Francia la exaltación del nazismo o el fascismo tiene respuesta penal, el Código Penal español se ciñe al delito de odio, que requiere una incitación a la violencia y obliga a buscar un equilibrio que garantice el derecho a la libertad de expresión.
"Yo sí creo que sería bueno una reforma del Código Penal", afirma después de que decenas de nostálgicos del franquismo se concentraran el jueves junto al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde fue enterrado el dictador, para despedirle con el brazo en alto y vivas al caudillo.
Existía ya, destaca, un proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica en el que se incluían sanciones para determinados comportamientos y actitudes, aunque con la disolución de las Cortes no se ha podido seguir adelante con su tramitación.
Se reformaron solo un par de artículos para facilitar la exhumación del dictador, una promesa cumplida el jueves. Ella, recalca, no participó como representante del Gobierno, sino como notaria, para dar fe y dejar constancia en un acta de todos los pasos en una jornada histórica.
"Hice esa función con seriedad, que yo creo que es la actitud que tiene que tener alguien que es ni más ni menos que un observador, un fedatario público", asegura Delgado recordando el silencio que reinó en el helicóptero que trasladó el féretro a Mingorrubio, en el que viajaron ella y el nieto mayor del dictador, Francis Franco.
En el Valle de los Caídos siguen sepultadas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil -de ambos bandos- y algunas de las familias tienen ya reconocido el derecho a exhumar sus restos, aunque los procesos se alargan.
Delgado recuerda que se trata de casos complejos por la situación en la que se encuentran los restos y las dificultades de su extracción y apuesta por seguir protocolos científicos "lo más rigurosos posibles", pero ratifica su compromiso de facilitarlos y liderar desde el Estado esos procesos para que las familias puedan enterrar dignamente a sus seres queridos.
También está enterrado en el Valle el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. "Es una víctima de la guerra, eso es incuestionable, lo que quizá sea más cuestionable es que esté en una posición preeminente. Es una víctima y es una víctima más y debería estar al mismo nivel que otras víctimas", subraya Delgado.
A su juicio, hay que reflexionar sobre el actual estatuto jurídico del Valle de los Caídos, cuya Fundación depende de Patrimonio Nacional, "y quizá habría que modificar la titularidad", también para analizar el enfoque que se quiere dar a un lugar que hasta ahora había sido símbolo de la dictadura.
"Hay que hacerlo y hacerlo bien, con tranquilidad, sin precipitación, con participación de las víctimas, que deben tener un espacio privilegiado de opinión", añade.
Sentencia del 'procés'
La ministra es especialmente prudente al referirse a la sentencia del "procés" y al futuro penitenciario de los condenados. Lo más destacable, afirma, es que "ha funcionado el Estado de derecho" y se ha comprobado que el sistema judicial funciona, "que tiene garantías y que además es transparente, con igualdad de armas en las acusaciones y las defensas".
Le llovieron críticas por la decisión de la Abogacía de Estado de acusar por sedición y no por rebelión, como hizo la Fiscalía. Ahora, una vez que el Supremo ha respaldado sus tesis en la sentencia, se limita a comentar: "La Abogacía del Estado lo hizo muy bien, utilizó todos los medios probatorios y convenció al tribunal".
Sobre la posibilidad de que los encarcelados reciban pronto beneficios penitenciarios con el aval de los servicios penitenciarios de la Generalitat, rechaza hacer "pronósticos o ficciones" y lamenta que se intente "jugar" con esta cuestión en periodo preelectoral.
"Quiero ser muy rigurosa, tenemos una ley, un reglamento que desarrolla la ley, tenemos una aplicación de estas normas por parte de la administración penitenciaria y luego existen los órganos de control de esas decisiones. Este es el sistema", resume.