Según demuestran varios documentos en posesión de EL ESPAÑOL, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, adjudicó a Unipost, la empresa de mensajería señalada por colaborar en la organización del referéndum ilegal del 1-O, al menos 56 contratos menores por la vía del "dedazo". La contratación se realizó durante un periodo en el que Unipost, en proceso de quiebra, tenía deudas con la Seguridad Social y se encontraba en fase de liquidación concursal.
Los 56 contratos adjudicados por el equipo de gobierno de Ada Colau vulneran los artículos 224.5 y 270.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) vigente en aquel momento, que especifican que la declaración de insolvencia y la apertura de la fase de liquidación concursal de una empresa cualquiera "originarán siempre la resolución del contrato" [de la Administración con dicha empresa]. El Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo a la ley, debería por tanto haber resuelto todos los contratos vigentes y no adjudicar ninguno más a Unipost.
La empresa Unipost, que aceptó el encargo de la Generalidad, en tiempos de Puigdemont, para distribuir material necesario para el referéndum ilegal de 2017, era la adjudicataria de todos los servicios postales del Ayuntamiento de Barcelona. El 18 de julio de ese año, Unipost entró en situación de concurso de acreedores voluntario. El 19 de febrero de 2018, entró en fase de liquidación.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de Barcelona continuó adjudicando contratos a la empresa, ignorando incluso su propia normativa relativa a los códigos de transparencia, integridad y buen gobierno.
Lista de los contratos adjudicados a Unipost durante 2018 y sus importes.
El Ayuntamiento no podía alegar desconocimiento. El 30 de mayo de 2018, Unipost confirmó al Ayuntamiento que mantenía deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Aún así, el consistorio barcelonés siguió contratando con Unipost, basándose en un informe de la Gerencia de Ecología Urbana que justificaba dicha contratación. Que el Ayuntamiento de Barcelona conocía la situación de Unipost lo prueba el hecho de que llegó a plantearse la posibilidad de abrir un expediente sancionador a la empresa por sus muchos incumplimientos contractuales y retenciones de envíos.
Documento que confirma que el Ayuntamiento estaba al corriente de las deudas de Unipost.
Documento de la Gerencia de Ecología Urbana que reconoce la situación de Unipost, pero admite la 'conformidad' de los contratos.
Algunas de las contrataciones del Ayuntamiento de Barcelona vulneran también el artículo 71.1.d de la LCSP, que dice que no podrán contratar con las Administraciones las entidades que "no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes". Después de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de esas deudas por boca de la misma Unipost, se formalizaron ocho contratos menores por importe de 8.447 euros.
Los 56 contratos adjudicados irregularmente por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona desde que Unipost anuncia que entra en fase de liquidación suman un importe global de 33.116 euros. 34.820 euros si se le suma un contrato derivado del acuerdo marco con Unipost por un importe de 1.704 euros.
Más allá de esa cantidad, el 16 de febrero de 2018, apenas 48 horas antes de que la compañía entrase en fase de liquidación, el ayuntamiento adjudicó cuatro contratos derivados del mencionado acuerdo marco por un importe total de 40.400 euros. También formalizó un contrato menor por valor de 1.385 euros.
Contratos firmados el 16 de febrero, 48 horas antes de que Unipost entrase en fase de liquidación.
Por aquel entonces, la Justicia ya investigaba los vínculos de Unipost con los organizadores del referéndum ilegal del 1-O bajo la sospecha de que podrían haberse malversado fondos públicos. El 7 de mayo de 2018, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer pidió al magistrado que tramitaba la quiebra de Unipost la lista de acreedores de la empresa, así como la de sus créditos reconocidos.