En época preinvestidura, y en plena negociación del PSOE con grupos políticos territoriales -regionalistas, nacionalistas e independentistas-, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, juega sus cartas. A pesar de que Pedro Sánchez no le coge el teléfono todavía, los ocho diputados de JxCat se antojan claves -en una unidad de acción que anuncia junto a ERC, CUP, Bildu y BNG- en el juego de síes, abstenciones y noes que se tienen que encajar para que salga adelante ese preacuerdo de coalición con Unidas Podemos.

Así, en una entrevista en el diario Ara, Torra ha reclamado este domingo al presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección que le llame y ha asegurado que "en breve" convocará la mesa de partidos en Cataluña. El president, de hecho, ha concretado que la convocará para hablar de democracia: "Aquí no hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia", ha defendido.

Ese cambio de foco respecto al diagnóstico que hacía Sánchez en campaña -si bien éste ya ha sido matizado, una vez que ha quedado claro, con la configuración parlamentaria, que los separatistas resultan imprescindibles para la gobernabilidad que quiere el líder socialista- lo que hace es poner la primera de las tres condiciones al diálogo que reclama Torra: aceptar su marco es una enmienda a la totalidad de lo que defiende el bloque constitucionalista.

Y quizá de ahí que no haya comunicación todavía entre ambos. Torra explica que el lunes llamó a Sánchez para felicitarle tras las elecciones generales, pero no le cogió el teléfono, por lo que ha pedido que le devuelva la llamada, ya que considera que "es muy importante este reconocimiento mutuo".

La segunda condición para retomar las negociaciones es que debe haber bilateralidad, respeto, "entender que esta es una negociación entre iguales", y que no haya condiciones por ninguna de las partes.

Y la tercera, la que parece más insalvable, al menos de momento, es que para volver a las negociaciones de Pedralbes se debe "recuperar esa figura de mediador, del relator, que debe ayudar a vestir un proceso de negociación serio y creíble".

Torra ha defendido el no de JxCat en la investidura de Sánchez: "No votaremos a cambio de nada. En absoluto. Ni daremos más cheques en blanco", y ha deseado que el pacto con Podemos provoque un giro político.

"Decepción" y "unilateralidad"

Preguntado por la respuesta a la sentencia del procés por parte de los partidos, el presidente catalán ha dicho que tiene "un punto de decepción", y ha lamentado que a los partidos independentistas les cueste encontrar un horizonte común, que considera imprescindible.

"Yo pienso que la unilateralidad no la ha descartado ningún independentista", ha asegurado Torra, que ha añadido que busca un gran acuerdo en el independentismo, y se ha mostrado convencido de conseguirlo porque los partidos no decepcionarán a la ciudadanía, en sus palabras.

Sobre los Presupuestos de la Generalitat, Torra ha afirmado que se llegará a un pacto: "Y ahora que ya hemos acabado todas las elecciones del mundo -esperemos- nosotros aspiramos a sacar adelante unos Presupuestos para poder culminar el proceso de independencia".

Juicio por desobediencia

El presidente del Ejecutivo catalán ha destacado que se niega a ir al juicio de este lunes, al que está citado por desobediencia, pensando que será "inhabilitado".

"No seré inhabilitado", ha insistido Torra, que ha sostenido que tiene una fe enorme en su defensa y que irá al juicio para acusar al Estado de vulneración de derechos humanos, ha dicho textualmente. 

Torra ha asegurado que este lunes no se defenderá de nada en el juicio, sino que irá a "acusar al Estado de vulnerar" sus derechos y los de todos los ciudadanos, según ha afirmado este domingo en un 'Dinar groc' en Bescanó (Girona).

"Mañana no voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como president: defender los derechos y las libertades", ha sostenido el presidente catalán en un apunte en Twitter, y ha agradecido al quienes le han apoyado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le juzgará este lunes por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.