Estacazo de 30.000 millones de gasto para las arcas públicas: el ajuste de Podemos a las pensiones

No era el mejor día. Mientras ardía Cataluña, Pedro Sánchez no le cogía el teléfono a Quim Torra y se sucedían las declaraciones incendiarias, los reporteros buscaban una reacción de la gente de Podemos sobre el asunto. Y ellos se empeñaban en hablar de pensiones. "No, que lo de Cataluña", les contestaba el plumilla. "No, que las pensiones, que eso es lo que le importa a la gente".

Exigen los abuelos lo que sienten suyo, legítimamente después de trabajar 30, 40 o incluso 50 años. Reclaman "pensiones dignas", no perder "poder adquisitivo"... en definitiva, derogar las reformas que introdujo el Gobierno del PP cuando llegó en diciembre de 2011 y se encontró con telarañas en los cajones y unas cuentas "falseadas": no había un duro, sí muchas deudas y unos Presupuestos descuadrados casi al 10% del PIB.

Y ésas, junto al IPC, son las siglas mágicas: el Producto Interior Bruto y el Índice de Precios al Consumo. Unidas Podemos, el nuevo socio de gobierno del PSOE, es el abanderado de los pensionistas. No hay "marcha de los abuelos" que no acompañen, apoyen o publiciten. Los de Pablo Iglesias exigen la revalorización de las pensiones al IPC real, "como mínimo"; la supresión del factor de sostenibilidad "que abarata la factura a costa de empobrecer a los nuevos pensionistas"; y ninguna pensión por debajo de 600 euros -incluyéndola en su propuesta de renta mínima-. 

A grandes rasgos, los socialistas de Sánchez hacían suya esta propuesta durante la campaña electoral. Pero "con la boca pequeña", acusan fuentes de Unidas Podemos mientras exhiben sus documentos; la proposición de ley ya sellada en el registro del Congreso y la Memoria Económica publicada en su página web... Lo que pasa es que, estudiando ambos textos y haciendo números, éstos asustan: según sus propias cábalas, la propuesta de los morados supondría, al menos 30.000 millones más de gasto anual, a contar desde ya.

Esa "boca pequeña" probablemente tenga que ver con algo que ha pasado esta misma semana. El pasado viernes, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para retirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 3.589 millones de euros. 

Entre que Nadia Calviño será vicepresidenta económica en el Gobierno de coalición que Sánchez ha pactado con Iglesias y este anuncio de la primera reunión del Ejecutivo tras el 10-N, todo se entiende mejor: la llamada 'hucha de las pensiones' se quedará en mínimos para poder afrontar el coste de la paga extraordinaria de Navidad. 

Además, la decisión se produce después de que el Ejecutivo hubiera pedido un crédito al Tesoro Público de próximo a 14.000 millones de euros para hacer frente al pago de las pensiones. La cosa no parece tan fácil como eso de "tener voluntad política", que defienden en Unidas Podemos. Y aunque legítimas, las aspiraciones de lo jubilados que tomaron aquel día Madrid, parecen no resistir la prueba de la realidad.

Marcha nacional de pensionistas

Es 16 de octubre, plena precampaña. Sánchez quiere centrar la agenda mediática en lo que no deja de repetir en sus mítines: "Imaginaos dónde estaríamos, dónde estaría España si con la que está cayendo, medio Gobierno dijera que Cataluña tiene derecho a decidir, que los condenados son presos políticos"...

Pero mientras, Irene Montero, Rafa Mayoral, Yolanda Díaz... los nombres que ahora suenan como los que se sentarán en Moncloa junto al presidente, acompañan a decenas de miles de abuelos -y no tan abuelos- de todo género, condición y región. Han llegado a Madrid tras varios días de marcha desde todos los puntos cardinales para "defender las pensiones de hoy y las del futuro", tal como se empeñaba en aclarar un tal Josep, venido desde aquella Cataluña en llamas.

No había quien le preguntara por el asunto político, lo de la independencia, la sentencia, los presos... y que Torra cortara carreteras como él estaba cortando la calle de Alcalá desde la Puerta del Sol camino del Congreso, era un paralelismo tabú. 

Junto a ellos, a las diversas plataformas en defensa de las pensiones, marchaba la cabeza de lista de Galicia en Común, comunista de herencia y militancia, beligerante, experta y didáctica en el asunto de las pensiones. Yolanda Díaz es vocal morada en las reuniones del Pacto de Toledo. Junto a ella, la lideresa número dos, llamada a la sucesión del trono podemita quién sabe si más pronto que tarde, Irene Montero. Y bajo su brazo una copia de la proposición de ley que el Grupo Confederal presentó en la antepasada legislatura -claro, porque la anterior no sirvió para nada-.

Rafa Mayoral y Yolanda Díaz, dos de los líderes de Unidas Podemos más comprometidos con las reivindicaciones de los pensionistas. ADP

En el registro del Congreso, al que los pensionistas llevaron aquel día su reclamación de que éstas sean blindadas en su revalorización al menos a la subida anual del IPC, este escrito quedó archivado junto al documento de la formación comandada por Pablo Iglesias. Un documento de 26 páginas, que gasta las 21 primeras en la exposición de motivos. Y que luego se desarrolla en sólo tres artículos, y cinco disposiciones adicionales, derogatorias y finales.

Los artículos y la factura

Y es que lo que pide la formación de Iglesias es muy cortito: que las pensiones se revaloricen al IPC "como mínimo"; que se elimine el factor de sostenibilidad "que es un factor de empobrecimiento"; que se recupere lo perdido desde 2016 con una paga única a cada pensionista; y abrir la caja de la Seguridad Social a nuevas fuentes de ingresos.

Pero es que todo eso significaría, según la Memoria económica de la ley, un "aumento de gasto asociado a revalorizar las pensiones con el IPC y a suprimir el factor de sostenibilidad [...] en el entorno de los 2,5 puntos porcentuales del PIB". Teniendo en cuenta que la riqueza nacional está calculada para cerrar 2019 en el entorno de los 1,225 billones de euros -y sin tener en cuenta la incorporación de nuevos beneficiarios-, la factura de las pensiones subiría en 30.625 millones sólo para 2020.

¿Y cómo se paga esto? Según Podemos, se conseguirían 0,7 puntos de ese 2,5% del PIB "eliminando el tope máximo a las cotizaciones" de los salarios superiores a 3.500 euros, eso sí, "sin necesidad de incrementar la pensión máxima en igual proporción". Otros 0,3 puntos se obtendrían de eliminar las "ineficientes reducciones y bonificaciones que se aplican sobre la cuota patronal" que buscan crear empleo "pero no sirven". 

Memoria Económica Ley de Revalorización de Pensiones de Unidas Podemos.

Un 0,7% más se recaudaría de las medidas que Podemos prevé para su Plan de choque contra la precariedad. A saber: fijar por ley la "proporción" de personas con contratos no indefinidos, subir la cuota patronal a las empresas con "excesiva rotación" de trabajadores o "una ratio elevada" de temporales; prohibir la concatenación de contratos temporales para un mismo puesto; y la subida del Salario Mínimo a 1.200 € al mes, es decir, "el 60% del sueldo medio".

¿Y el resto, el 0,8% que queda? "Ampliando, mediante impuestos, la financiación de las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado", es decir, subiendo la presión fiscal para abrir la puerta a pagar las pensiones con cargo a Presupuestos.

La Memoria económica de Podemos prevé este modelo como "perfectamente sostenible de aquí a 2050", año en el que cifra que el gasto en pensiones alcanzaría el 14,5% del PIB frente al 10% actual... Y todo, calculando que éste crezca a una media sostenida del 1,9% anual en las próximas tres décadas, por supuesto, lo que lo haría pasar de los 1,225 billones actuales hasta los 2,150 billones más o menos. Es decir, que pasaríamos de gastar 122.500 millones al año en pensiones a los 312.400 millones de euros anuales en esta partida.

¿Y dónde está el secreto para que esto sea "perfectamente sostenible"? Podemos halla la solución a la cuadratura de estas cuentas en el Anexo I de su Memoria económica: habría que pasar, también desde ya, a que una tasa de ocupación del 75% de la población en edad de trabajar. Lo que supone 15 puntos más de la proporción actual, que está en el 60%. ¿Y si no se obra este milagro? El propio texto prevé, citando a Eurostat, que "en 2050 haya 4,9 millones menos de personas en edad de trabajar y 7,1 más en edad de jubilarse".