Pedro Sánchez se comprometió durante la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre a incorporar al Código Penal un nuevo delito penal que castigue la organización de referéndums ilegales como el celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La promesa, es de suponer, continúa en pie.

Tras las elecciones, sin embargo, ha sido el mismo Pedro Sánchez el que ha pactado con ERC la organización de una consulta, sólo entre ciudadanos catalanes, en la que se someterá a votación el pacto alcanzado por una mesa de negociación extraparlamentaria entre Gobiernos que intentará poner solución al llamado "conflicto catalán". 

"Los acuerdos serán sometidos a validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de Cataluña", la única frase que se conoce del acuerdo –filtrada por ERC al diario nacionalista Ara–, es una sentencia panorámica que puede amparar tanto una consulta sobre una simple cesión de competencias menores como un nuevo Estatuto.

Pero, dada su ambigua redacción, esa frase podría amparar también una hipotética consulta previa a un posterior referéndum de autodeterminación. Enmascarado quizá bajo la etiqueta de "consulta sobre el estatus futuro de la nación catalana". Las dudas son tantas, y las respuestas tan pocas, que sólo cabe especular acerca de las verdaderas intenciones de PSOE y ERC. 

Estas son las preguntas, de momento sin respuesta, que plantea la 'consulta' pactada por PSOE y ERC. 

1. Si la mesa entre Gobiernos no tiene cobertura jurídica propia y se organiza al margen de la comisión bilateral Generalidad-Gobierno central amparada por el Estatuto de Autonomía catalán, ¿qué rango legal tendrá el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el Gobierno autonómico catalán?

2. ¿Será este acuerdo vinculante y de obligado cumplimiento por los firmantes o sólo una mera declaración política no reclamable frente a los tribunales de Justicia?

3. ¿Podrá la oposición denunciar la hipotética inconstitucionalidad del acuerdo en los tribunales de Justicia, o el limbo jurídico en el que flotará el acuerdo lo hará inmune a las reclamaciones de la oposición? 

4. ¿Qué tiene ese acuerdo de diferente respecto a otros acuerdos políticos a los que pueda llegar el Gobierno con otros Gobiernos autonómicos para necesitar de su "validación democrática" en una consulta popular entre los ciudadanos catalanes?

5. Si el acuerdo lo firman el Gobierno central, que representa a todos los ciudadanos españoles, y el Gobierno autonómico catalán, que sólo representa a los ciudadanos catalanes, ¿por qué sólo tendrán la posibilidad de votar el acuerdo los ciudadanos catalanes? 

6. ¿Cuál es la razón de que esa mesa de Gobiernos se haya organizado tanto al margen de los canales parlamentarios convencionales –el Congreso de los Diputados y el Parlamento autonómico catalán– como de la comisión bilateral Generalidad-Gobierno central prevista por el Estatuto catalán? ¿Por qué motivo esos canales políticos no son ya útiles para lo que se va a hablar en esa mesa de negociación?

7. ¿Qué garantías reales hay de que ese acuerdo no afectará a materias que competen a la soberanía nacional, como la de la organización territorial del Estado o el estatus jurídico de la autonomía catalana y su relación con el Estado del que ella misma es sólo una parte?

8. ¿Qué ocurrirá si los ciudadanos catalanes votan 'no' al acuerdo? 

9. ¿Será sometido el acuerdo, antes o después de la consulta, a la aprobación del Congreso de los Diputados?

10. Los acuerdos alcanzados por el PSOE y el Gobierno nacionalista catalán, ¿serán aplicables también a otras comunidades autónomas? ¿Bastará con que esas comunidades reclamen los mismos derechos y privilegios concedidos al Gobierno catalán para que estos les sean automáticamente concedidos? 

11. Si no es así, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo último de ese rasero diferenciado para Cataluña y el resto de comunidades autónomas españolas?

12. Si el acuerdo altera la relación jurídica, política y social de unos ciudadanos españoles concretos –los catalanes– respecto al resto de ciudadanos españoles, en beneficio de los primeros, ¿que vías de reclamación tendrán los segundos para evitar que sus derechos se vean menospreciados? 

13. Si ERC ha arrancado del PSOE, a cambio de una simple abstención en la investidura, una mesa de negociación entre Gobiernos y la consulta "popular" que exigían los republicanos, ¿qué más concesiones arrancarán del partido socialista cuando se requiera su voto afirmativo a los Presupuestos Generales del Estado o a leyes de especial calado político y económico? 

14. ¿Qué legitimidad política tiene un acuerdo entre el Gobierno español y un Gobierno autonómico formado por dos partidos cuyos líderes han sido condenados por un golpe contra el orden constitucional, por malversación de fondos públicos y por desobediencia, o que siguen fugados de la Justicia en otro país europeo? ¿No supone eso premiar a los delincuentes y castigar a sus víctimas, los ciudadanos españoles demócratas?

15. Si el acuerdo firmado entre PSOE y Podemos afirma que "esas relaciones bilaterales [entre Gobierno y autonomías] siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución", ¿por qué se premia a la autonomía más desleal y menos colaborativa de todas las españolas con una mesa de negociación como mínimo alegal y una consulta popular que validará el acuerdo que salga de ella? 

16. ¿Con qué autoridad pacta ERC una mesa entre Gobiernos y la posterior consulta en nombre de un Gobierno autonómico que no ha estado presente en las negociaciones con el PSOE? ¿En calidad de qué y en nombre de quién, si el mismo presidente de la Generalidad ha negado sentirse interpelado por los acuerdos alcanzados entre socialistas y republicanos?

17. Y una más. ¿Qué "colaboración entre territorios" –eufemismo de solidaridad territorial– contempla una comunidad cuyo Gobierno ha expresado sin ambigüedad alguna que su objetivo final es la secesión de su región, previo derribo del régimen constitucional vigente en España?