La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha ratificado la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O.
Según ha informado el departamento en un comunicado, la Secretaría ratifica la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados, una decisión que las juntas adoptaron sin unanimidad.
Así, tendrán la misma clasificación el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Las clasificaciones se pueden recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria y su decisión se puede llevar, en última instancia, al tribunal sentenciador, que en este caso es el TS.
Los equipos de los respectivos centros penitenciarios han notificado las resoluciones este jueves por la tarde y todas subrayan un "proceso de inserción social favorable", pero lo ponderan teniendo en cuenta la duración de las penas, de entre nueve y 13 años de cárcel.
El Servicio de Clasificación recuerda a las juntas de tratamiento que, de acuerdo con varios artículos de la legislación penitenciaria, "el régimen de vida en segundo grado también permite el inicio progresivo del retorno a la comunidad".
Desde este jueves, se abre un periodo de seis meses en el que las juntas de tratamiento pueden revisar cada caso y, si lo consideran oportuno, proponer al Servicio de Clasificación un cambio de grado.
Permisos
Los presos podrán empezar a pedir permisos penitenciarios al cumplir la cuarta pena de la condena, con lo que los primeros en poder solicitarlos serán el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, este mes de enero.
De hecho, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, ya anunció el miércoles que su cliente pedirá su primer permiso penitenciario el martes 14 de enero, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.
El Servicio de Clasificación, compuesto por cinco juristas y cinco psicólogos, tiene como función "garantizar que el conjunto de los centros penitenciarios elaboran sus propuestas de grado de acuerdo con los mismos criterios" y este equipo solo formula una contrapropuesta en el 5% de las resoluciones.
Las juntas de tratamiento cuentan con más de diez profesionales --juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros-- y para hacer sus propuestas estudian informes de los profesionales de los módulos de la prisión que están en contacto diario con los internos.
Además de los años de la pena, las juntas de tratamiento tienen en cuenta factores como la conducta y el nivel de adaptación de las personas penadas en el centro penitenciario, las condiciones de su red social y familiar, la capacidad de reinserción social y laboral, si tienen o no antecedentes penales, el riesgo de reincidencia y el tiempo cumplido en la prisión, según ha detallado la Conselleria de Justicia.