Madrid sí, País Vasco y Navarra no. El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez tiene entre sus principales objetivos lograr una “armonización” de los impuestos en las autonomías de régimen común que, en la práctica, afectará a la capital por su elevada competitividad fiscal.
A nivel técnico la reforma está muy avanzada, pero a nivel político deberá superar diversos escollos. Uno de estos obstáculos es el que ya plantean los sectores empresariales de la Comunidad de Madrid, que critican que el Ejecutivo obligue a una "uniformidad fiscal" entre regiones cuando en otras materias, como “Educación o Sanidad”, se da manga ancha a las autonomías.
“Madrid ha ejercido una buena gestión fiscal que ha permitido reducir algunos de los impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones o el tramo autonómico del IRPF y, al mismo tiempo, sin perjudicar los servicios públicos, ya que se han abierto más hospitales que ningún sitio”, explica Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid.
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En la misma dirección apunta el director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Antonio Barderas, cuando tilda la reforma como una “excusa” para “subir los impuestos a los ciudadanos enmascarando un ataque ideológico contra las Comunidades Autónomas gobernadas por otros partidos”.
Estos agentes sociales lamentan que el foco se ponga en Madrid cuando en el País Vasco o Navarra gozan de un régimen fiscal privilegiado: "Lo sorprendente es que Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno con federalistas y la característica principal del federalismo es que las federaciones compitan en el ámbito fiscal. Con el eufemismo de armonizar lo que quieren es uniformizar y subir los impuestos en Madrid", abunda Barderas.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, afirma que el “actual modelo está agotado” y recuerda que la Comisión de Expertos creada por el Gobierno concluyó que se necesitaba “establecer unos mínimos” en impuestos como el de Sucesiones.
Impacto de 5.900 millones
Los partidarios de armonizar la fiscalidad consideran que Madrid se ve beneficiada por el “efecto de capitalidad” a la hora de atraer inversiones. Sus detractores, no obstante, esgrimen que todas las autonomías son tan libres como Madrid para rebajar los tributos y que los que podrían generar competencia desleal entre Comunidades (como el Impuesto de Sociedades) siguen estando en manos del Estado.
En la actualidad, Madrid tiene una bonificación del 99% de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, y mantiene el tramo máximo del IRPF al 43,5% (mientras que en Cataluña, Asturias o Valencia se sitúa al 48%).
De acuerdo con las previsiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la armonización que plantea Pedro Sánchez tendría “un impacto fiscal de 5.900 millones de euros”, según aseguró el consejero Javier Fernández-Lasquetty en una entrevista en Expansión.
Ley de Cesión
El debate abierto entre expertos y que suscita la preocupación de los sectores económicos de la capital es que el nuevo Gobierno utilice la Ley de Cesión, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, para poder subir la presión fiscal de la Comunidad de Madrid, bastándole para ello una mayoría simple en el Congreso de los Diputados.
Si la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas requiere de una mayoría absoluta (176 diputados) para ser modificada, esta ley ordinaria permitiría con una mayoría simple limitar el porcentaje de bonificación de Madrid y otras Comunidades Autónomas en los impuestos de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio con una mayoría simple.
Esta vía es una de las que baraja el Ejecutivo para esquivar la oposición parlamentaria. Si la eligen, tendrán también que consultarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero sería un mero trámite puesto que el ministro de Hacienda ostenta el 50% de los votos y es un órgano de carácter consultivo.
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa, añade, sin embargo, que hay posibilidad de frustrar los objetivos de Sánchez y sus socios en caso de que opten por esta vía: "Los Gobierno regionales podrían recurrir ante el Constitucional, ya que existe jurisprudencia sobre la cuestión".