Podemos, dispuesto a votar 'no' al suplicatorio de Puigdemont que pidió el Gobierno de Sánchez

Este martes, Iratxe García, la española que lidera a todos los socialistas del Parlamento Europeo, trataba de salir indemne de la pregunta que le hacían en cada esquina de la sede de los plenos, en Estrasburgo. ¿Qué va a votar el PSOE sobre el suplicatorio contra Carles Puigdemont y Toni Comín?

La pregunta no tendría mucho sentido, teniendo en cuenta que fue la propia Abogacía del Estado, bajo las órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez, la que instó al juez Pablo Llarena a iniciar el trámite para que la Eurocámara retirara la inmunidad a los dos políticos huidos de España tras el golpe independentista del 1-O y la declaración de independencia del 27-O.

Pero desde que eso ocurrió el pasado día 3 de enero y aunque hayan transcurrido sólo 12 días, el jefe del Gobierno no es el mismo, si seguimos la teoría de Carmen Calvo de que un político cambia en función de sus responsabilidades, porque ya no está en funciones. Sánchez ha sido investido con el imprescindible apoyo vía abstención de Esquerra Republicana, a cambio de impulsar, entre otras cosas, "la desjudicialización del conflicto político".

Jaume Asens, Pablo Iglesias y Lucia Martín, a la salida de visitar a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Efe

La eurodiputada socialista está en una situación complicada: debe explicar en Europa a su líder es presidente gracias a los independentistas, y al tiempo defender "el cumplimiento del Estado de derecho"... que la lógica indica que significa apoyar la tramitación del suplicatorio. Y sobre todo, hacer entender su galimatías a los 153 diputados socialistas de todo país y procedencia que conforman el grupo que ella comanda. 

Quienes deben de tenerlo mucho más claro son los eurodiputados de Unidas Podemos, la otra pata del Gobierno de coalición progresista. Si bien rehúsan dar una respuesta cerrada a qué harán cuando hayan de votarse los suplicatorios, aseguran que serán "coherentes" para "hallar el espacio dentro de los trámites para adoptar la posición más garantista con los derechos humanos, que parece que será denegar el suplicatorio".

Hay que recordar que Unidas Podemos aceptó desde el principio que el pacto de coalición significaría plegarse "al liderazgo del PSOE en temas de Estado". Y que en el protocolo firmado entre ambas formaciones para el funcionamiento coordinado del Gobierno y los dos grupos parlamentarios se dice explícitamente que "los partidos firmantes se comprometen a dar apoyo parlamentario en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo a la acción del Gobierno", en su punto número 8. 

Si finalmente el Gobierno mantiene coherencia con su posición del pasado 3 de enero, Iratxe García ordenará a los eurodiputados socialistas votar a favor del suplicatorio. Y si Podemos es coherente, como dice, con sus planteamientos votará en contra.. es decir, que incumplirá el artículo 8 de su pacto con el PSOE.

"Democratizar" a los jueces

Sin embargo, Jaume Asens, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, explicaba este martes en una entrevista a Ràdio 4 de RNE que para él "es una victoria de la razón y de los derechos humanos" ver a Puigdemont y a Comín ocupar sus escaños en Estrasburgo. "En Europa se gana lo que aquí se ha perdido", añadía, "y todo esto pone en evidencia a la cúpula judicial, aumenta su desprestigio y nos obliga a un debate sobre su regeneración y democratización".

Lo cierto es que el programa electoral de En Comú Podem para el 10-N, que lideró Asens como cabeza de lista, defendía una reforma del Código Penal para liberar a "los presos políticos" y hasta una "Constitución catalana", pasando, claro, por el "derecho a decidir por la vía de un referéndum" de autodeterminación.

Asens, que "aconsejó a Comín" la fuga a Waterloo, ha defendido insistentemente que "sacar a los presos es condición primordial, indispensable y urgente para desbloquear la situación política y recuperar la normalidad democrática".

Fuentes oficiales de la formación morada aseguran que la terminología en la que se expresa su formación hermana en Cataluña es la tradicional, que no hay cambios, y que "deben marcar perfil propio porque hablan para los catalanes". Pero lo cierto es que, inmersos como están en el desembarco de sus cuatro ministros, su vicepresidente y todo el equipo de asesores y secretarios en sus nuevas responsabilidades de Gobierno, aún no se ha debatido este asunto oficialmente en los órganos internos.

"Respeto al Estado de derecho"

El suplicatorio es un procedimiento para que la Justicia levante la inmunidad de la que gozan los eurodiputados para realizar su trabajo. A Puigdemont y Comín les fue reconocida su condición de europarlamentarios beneficiándose de la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre. En ella el Tribunal de Luxemburgo decretó que Oriol Junqueras adquirió esta condición en el momento de ser proclamadas las listas, con independencia de que no jurara su cargo ante la Junta Electoral, ya que el Supremo no le permitió salir de su prisión -entonces provisional- para este trámite.

Por eso, este martes y con ambos políticos separatistas catalanes sentados en el gallinero del hemiciclo de Estrasburgo, Esteban González Pons, ha defendido que "debemos señalar con el dedo a los enemigos de Europa, los nacionalistas, los separatistas y los separadores". En una clara referencia a Puigdemont y Comín, el número dos de los populares europeos exigía a la Eurocámara que "respete la independencia de jueces y tribunales y defienda el Estado de derecho con todas nuestras fuerzas aceptando sus requerimientos" para que "el brexit sea la última victoria del nacionalismo en Europa". 

La normativa interna de la Eurocámara define el suplicatorio como "una garantía de independencia" y "no un privilegio personal" de los diputados. Es decir, un procedimiento que está diseñado para protegerles "frente a procedimientos judiciales relacionados con las actividades realizadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias". No parece éste el caso del expresident y el exconseller huidos. Pero los trámites son farragosos y podrían retrasarse más de un año.

La decisión deberá adoptarse por mayoría simple en una cámara donde gozan de una amplia mayoría los grupos popular, socialdemócrata y liberal, tradicionalmente alineados con la posición de España respecto a la crisis institucional en Cataluña. Pero de ahí que sea clave la posición que tome el Gobierno en España y, con él, Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialdemócratas Europeos. Sobre todo teniendo en cuenta que los Verdes -en los que está ERC-, la Izquierda Unitaria y varios de los grupos de extrema derecha no lo apoyarán.