Celaá: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el pin parental, como ha anunciado este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero.

En aquellas instrucciones, la Consejería de Educación de Murcia, región gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, establecía que los centros educativos debían informar a las familias de las "actividades complementarias" previstas en clase para que decidieran la asistencia de sus hijos. Una posibilidad de "veto" que el Ministerio de Educación considera "ilegal" y que vulnera "el derecho a la educación" de los escolares.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha detallado que el requerimiento reclama al Gobierno de Murcia "que restablezca la legalidad y excluya el pin parental de las instrucciones de inicio de curso".

En el caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras (PP) no atienda al requerimiento, la ministra Celaá ha explicado que iniciará "el procedimiento para llevar a los tribunales" el pin parental, una medida promovida por Vox que ha exigido tanto en Murcia como en Andalucía para apoyar los presupuestos de ambas comunidades.

"Derecho constitucional"

Celaá ha afirmado que el 'pin parental' es contrario al "derecho fundamental y constitucional" de toda persona, "desde su nacimiento", a ser educada. "No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres", ha añadido, para proclamar que es "absurdo" e "ilegal" cuestionar ese derecho a la educación de los menores.

La ministra de Educación ha precisado que la autorización familiar que defiende Vox y organizaciones como HazteOír se dirigen a las actividades complementarias en horario lectivo, "que se aprueban en el Consejo Escolar" de los centros educativos "donde tienen presencia las familias", y se trata de contenido "de obligado cumplimiento para cursas la enseñanza".

El 'pin parental'

El pasado martes, el consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno de Murcia, Javier Celdrán, admitió que el acuerdo con Vox para la aprobación de los presupuestos incluía la implantación del pin parental, que obligaría a informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al docente.

Sin embargo, la autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades complementarias quedó implantada el pasado mes de agosto en Murcia, al contemplarse en las instrucciones que mandó la Consejería de Educación a todos sus centros educativos.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el Ministerio de Educación recurriría ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia, "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado", en palabras de la ministra Celaá.

El anuncio del Gobierno provocó la reacción del presidente de Vox, Santiago Abascal, que defendió el pin parental frente a "chaladuras y sectarismos". "Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación. Seguiremos protegiendo a las familias de vuestras pulsiones totalitarias. Dejad a nuestros hijos en paz", escribió en la red social Twitter.

El recorrido que ha iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez con el requerimiento a la Consejería de Educación de Murcia ya lo hizo el sindicato CCOO, que este pasado martes presentaba un recurso judicial contra las instrucciones de inicio de curso. Lo hacía tras haber solicitado su suspensión cautelar por la vía administrativa, aunque en noviembre el sindicato recibió una respuesta negativa de la administración murciana.

La organización Hazte Oír, que en septiembre envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario Pin parental contra el adoctrinamiento en ideología de género, ha asegurado este viernes que denunciará a los directores de los centros educativos que "obstaculicen" la implantación de esta medida.

"Censura" y "machismo"

En la rueda de prensa de este viernes posterior al Consejo de Ministros también ha intervenido la ministra de Igualdad, Irene Montero, donde ha anunciado que solicitará su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género en el Congreso y en el Senado, porque considera que el pin parental supone "una clara ruptura" de este Pacto.

La ministra de Igualdad ha afirmado que el pin parental es un elemento de "censura" educativa y de "machismo". "Los hijos e hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos y en que tienen el derecho a amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran, a ser educados en libertad, en el feminismo y en la igualdad", ha remarcado.

Así, ha enfatizado que estos niños tienen el mismo derecho que el resto a ser educados en "los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que son los valores que nos permiten tener una vida digna de ser vivida".

Además, Irene Montero ha insistido en que para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, "la educación en valores igualitarios y la educación afectivo sexual es uno de los pilares la democracia" así como "la mejor forma de seguridad ciudadana". Finalmente, ha pedido "a las fuerzas de la derecha que no se dejen arrastrar por Vox" y no rompan el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.