La ley contra el fraude fiscal, pendiente de que la UE falle sobre la escabechina de Montoro

Una de las primeras medidas que PSOE y Podemos quieren que eche andar con el inicio de la legislatura es una ley contra el fraude fiscal. Todo indica, no obstante, que no servirá para abordar el llamado modelo 720 para que los españoles declaren su patrimonio en el extranjero y que la Comisión Europea ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerar que impone sanciones desproporcionadas y que vulneran las libertades fundamentales de la Unión Europea.

Se trata del Real Decreto-Ley 7/2012 que promovió el anterior Gobierno de Mariano Rajoy tras observar que su controvertida ley de amnistía solo sirvió para recaudar 1.200 millones, según informó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que representó menos de la mitad de su objetivo inicial.

La regulación recurrida ante la justicia europea obliga a los contribuyentes a declarar los inmuebles, depósitos, acciones, seguros y rentas fijas o temporales en el exterior por valor de más de 50.000 euros e impone una sanción del 150% sobre el patrimonio no declarado sin posibilidad de prescripción.

Esto se ha traducido en cerca de 5.000 sanciones desde 2013 y un alud de demandas en los juzgados, como es el caso de un taxista jubilado de Granada que voluntariamente declaró que tenía 340.000 euros en un fondo de Suiza desde hacía más de 20 años y el Gobierno le ha impuesto una sanción de 439.000 euros.

Oídos sordos a Europa

Lejos de derogar esta legislación, la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura buscó ampliar el modelo 720 a la información sobre las criptomonedas en el exterior mediante el anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno socialista el 23 de octubre de 2018.

Este Anteproyecto no hacía mención al dictamen motivado de la Comisión Europea del 15 de febrero de 2017 que exigía su modificación por vulnerar las libertades comunitarias. La formación del nuevo Ejecutivo de coalición tiene ahora la oportunidad de modificar la regulación para que resulte compatible con el derecho de la Unión Europea antes de que se pronuncien desde Luxemburgo.

Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, aseguran que “no es un tema prioritario” y que la Agencia Tributaria ha aplicado “reducciones” a las altas sanciones y a la retroactividad de la medida tras la queja de la Unión Europea.

Tampoco el acuerdo de Gobierno con sus socios de Podemos refleja la cuestión del modelo 720 en los respectivos apartados donde se refieren a la lucha contra el fraude fiscal y al aumento de la progresividad del sistema fiscal.

"Que lo haga Europa"

Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting que presentó la primera denuncia contra la normativa, cree que "el PSOE espera que el trabajo se lo haga Europa” y ve poco probable que un “gobierno” se preste ante el electorado a “suavizar” una medida contra el fraude fiscal pese a ser “totalmente desproporcionada” y atentar “contra cinco libertades comunitarias”. “Ni el PP ni el PSOE tuvieron valor de modificarlo por culpa de lo que les diría la oposición”, remacha.

En caso de que el fallo europeo sea condenatorio, esto no se producirá hasta dentro de dos años. Luis del Amo, economista del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), abunda en la cuestión de que las “sanciones” del modelo 720 se han impuesto a menudo en patrimonio que antes del 2012 ya habían prescrito: “Es muy grave que algo que está prescrito resucite” y añade que aunque se modifique la ley, “el daño ya está hecho”.

Siete años lleva España con la medida y sin visos de que se enmiende en el horizonte próximo.