La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia.
En una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio para presentar el saneamiento del Alto Nervión, la ministra se ha referido a la decisión del Gobierno de Murcia -a propuesta de Vox- de permitir a los progenitores no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares, el llamado "pin parental".
El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra". A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.
El Gobierno da un mes de plazo a Murcia para retirar "el veto parental" antes de acudir a los tribunales
La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada "ley Wert", impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, su "desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo" en España.
155 en Murcia
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha opinado también este lunes que el pin parental "busca normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley" y ha augurado que lo próximo será un "pin fiscal".
En su cuenta en Twitter, Iglesias ha calificado la medida impulsada por Vox como "un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan".
Más allá ha ido la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell (Podemos), quien ha sugerido la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Murcia: "Hay cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales y pueden ser administrativos", ha valorado.
"Si falla el diálogo político", ha añadido Rosell, podría tomarse "un camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".