El PP advierte a Sánchez de "posibles delitos" si dedica fondos públicos a la mesa con los separatistas

Cuando a principios de septiembre Pedro Sánchez trataba de colársela a Pablo Iglesias con un acuerdo en el que Unidas Podemos no fuese más que una comparsa externa de su "Gobierno en solitario", le ofreció "una triple garantía": tres comisiones de seguimiento del pacto programático.

Pero para empezar, el programa se lo había traído escrito de su veraneo sin hablar con el líder morado, ése que bautizó de "las 370 medidas progresistas". Y como colofón, esas "garantías" no eran tales, como entonces explicaron fuentes de la dirección de Podemos, porque no le daban a los morados ningún poder real de alerta, ya que colgaban de tres instituciones públicas: del Congreso, del Senado y la tercera, se crearía dentro del Ministerio de Hacienda.

Podemos no tragó, claro. Pero, por si acaso, ya entonces el Partido Popular había puesto el grito en el cielo advirtiendo de posibles delitos de malversación de fondos públicos e incluso de prevaricación si esa idea de crear una "Oficina de Cumplimiento del Acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda", en palabras del propio Sánchez, se creaba efectivamente dentro de la estructura del departamento de María Jesús Montero.

Según los populares, aquello hubiera supuesto "un escándalo" por la intromisión de lo privado (el acuerdo) en lo público (el Ministerio). Y así lo hicieron constar en requerimientos oficiales al Gobierno. 

Ahora, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a advertir de "las posibles responsabilidades en las que podrían incurrir" las personas que formen parte de la "mesa de negociación" a la que se ha comprometido el PSOE con Esquerra Republicana en su negociación para la investidura. 

Este pasado jueves, el PP presentó en el registro del Congreso sendas preguntas por escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en las que advertía de que la "delegación" que designe el Ejecutivo "y quienes generen gasto para su sostenimiento" podrían estar delinquiendo al dar soporte a una mesa "sin amparo jurídico en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Los documentos los firman la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; su adjunto y portavoz económico, Mario Garcés; la portavoz de Justicia, María Jesús Moro; y el también adjunto Carlos Rojas. 

"Sánchez está transfiriendo el riesgo de su aventura a la propia Administración", aseguran en fuentes del Grupo Popular. Es decir, que no sólo prevén que el presidente utilice fondos públicos para financiar una aventura de dudosa constitucionalidad, explican, sino que embarcará a funcionarios a sueldo del erario en la preparación y celebración de "posibles delitos".

"Juega con las leyes"

Ya en su momento, los populares advirtieron de que el Ejecutivo socialista estaba jugando con  las leyes y arriesgando incurrir en responsabilidades legales cuando se negaba a liberar las entregas a cuenta de las CCAA alegando que estaba "en funciones" y eso se lo impedía. "De repente, tres días después de disolver las Cortes para el 10-N, hallaron el modo legal que siempre existió para hacerlo", explicaban fuentes del PP en octubre.

Lo mismo ocurrió con la subida automática de las pensiones que ordena la ley, anulada por un Real Decreto "insólito". A finales de diciembre, y en plena negociación con Unidas Podemos y Esquerra para asegurar la investidura, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros congelar las pensiones alegando "problemas informáticos" si se aplicaba el 0,25% anual mínimo que marca la norma aún vigente "y después el compromiso del 0,9%, en dos tandas". Entonces, las fuentes parlamentarias del PP acusaban también a Sánchez de "tomar a los pensionistas como rehenes de su investidura".

Ahora, el presidente, atrapado por las cesiones que hubo de hacer a los separatistas catalanes -"y vascos", recuerdan en el PP- para poder ser investido, ha convertido sus acuerdos privados y personales en "una reforma de facto de la Constitución", aceptando que hay un "conflicto político entre Cataluña y España" y que ésta es una "nación de naciones".

Así, para el PP, los delitos de prevaricación y malversación de los resposanbles políticos que convoquen esa mesa de negociación "entre gobiernos, de igual a igual", como impuso ERC, se verían acompañados de los que el Ejecutivo de Sánchez forzaría a perpetrar a los funcionarios que participaran en su organización y celebración.

"El presidente está estresando a los órganos de la Administración y los lleva al límite", explica uno de los firmantes de las preguntas al Gobierno. "Como servidores públicos que son, su única referencia tiene que ser el cumplimiento del ordenamiento jurídico y no los desmanes de quien ataca sistemáticamente el principio de legalidad”.