El pacto que ERC y JxCAT acordaron durante el otoño de 2017 y por el que se comprometían a compartir los costes penales, políticos, personales e incluso financieros del procés amenaza con romperse de nuevo durante el pleno convocado en el Parlamento autonómico catalán para este próximo lunes.

De lo que ocurra pasado mañana podrían derivarse consecuencias para el futuro de la relación entre ERC y JxCAT, pero también para el futuro del pacto entre ERC, PSOE y Podemos. 

La primera ruptura de ese pacto tácito entre ERC y JxCAT ocurrió en octubre de 2017, cuando Carles Puigdemont huyó de España por sorpresa y dejó a Oriol Junqueras y a otros miembros de su gobierno a los pies de los caballos de la Justicia. La última, por el momento, podría ser el lunes, cuando Roger Torrent, como presidente de la Cámara catalana, deba escoger entre negarle el voto y el escaño a Quim Torra o dejarle votar e incurrir en un posible delito de desobediencia.

Torra quiere que Torrent le acompañe en su órdago al Estado y a la Justicia española. Pero Torrent no ha cruzado hasta ahora la raya de la desobediencia y hacerlo en este momento, en medio de un proceso negociador entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, no tendría el menor sentido político. 

Delito de desobediencia

Los costes de ambas decisiones son altos para Torrent. La primera opción, negarle el voto a Torra y retirarle la condición de diputado, le convertiría a él, y de rebote a ERC, en traidores a ojos de una amplia parte de los votantes separatistas. A día de hoy, la opción más probable es que Torrent mire hacia otro lado, permita a Torra votar como si este aún fuera diputado del Parlamento y añada una capa más de embrollo jurídico a la ya de por sí caótica situación del escenario político catalán.  

Un detalle relevante añade, sin embargo, un matiz de incertidumbre a lo que pueda ocurrir el lunes. A diferencia de hace apenas dos semanas, cuando el Tribunal Supremo aún no se había pronunciado sobre la inhabilitación de Torra, y cuando Torrent defendía la tesis de que el presidente de la Generalidad seguía siendo diputado a todos los efectos, el presidente del Parlamento no ha hecho esta semana ninguna declaración significativa que indique cuál podría ser su decisión el lunes.

La explicación de ese silencio es obvia. Desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), un órgano administrativo, tiene un precio claro, aunque asumible personalmente. Pero desobedecer al Supremo son ya palabras mayores. 

Hacer la vista gorda con Torra podría, en definitiva, no salirle gratis a Torrent ni a la Mesa del Parlamento. Porque el requerimiento que la JEC envió este jueves a Torrent instándole a retirar el escaño de Torra y a informar de cómo ha ejecutado la orden abre de par en par la puerta a su imputación por un posible delito de desobediencia. El mismo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado 12 de diciembre a Torra a dieciocho meses de inhabilitación.

"Presiones insostenibles"

Jurídicamente, el escenario es la pesadilla de cualquier jurista. "Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo ha decidido la ciudadanía y lo ha votado el Parlamento. No daremos un paso atrás" amenazó Quim Torra tras conocerse el auto del Supremo por el que este confirmaba la inhabilitación decidida por la JEC el pasado 3 de enero. Su atrincheramiento, de forma paradójica, presiona tanto a Roger Torrent como a él mismo.

Algo de lo que es consciente el propio Torra, que ayer viernes se echó un capote a sí mismo sobre los hombros de Torrent denunciando "presiones insostenibles" sobre el presidente de la Cámara catalana. Unas supuestas presiones por las que Torra amenazó con emprender acciones penales en un comunicado de la Oficina del presidente de la Generalidad. "Hemos de recordar que aquel que, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones" decía dicho comunicado.

Las "presiones insostenibles" de las que habla Torra son las del ya mencionado requerimiento de la JEC. De acuerdo a dicho requerimiento, Torrent debería enviar a Madrid de forma inmediata los certificados que demuestren que ha obedecido sus órdenes. La JEC también dio a Torrent el pasado jueves un plazo de 48 horas para que el presidente del Parlamento le comunique el nombre del diputado que sustituirá a Torra en la Cámara catalana.

Aunque el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía catalán es claro cuando dice que el presidente de la Generalidad debe ser miembro del Parlamento, es decir diputado, ERC y JxCAT se agarran de momento a una interpretación parcial del artículo 24.E del Reglamento del Parlamento autonómico, que dice que la condición de diputado se pierde por una pena de inhabilitación, pero sólo cuando esta es firme.

Pena "firme"

A esa palabra, "firme", se agarra Torra y se agarraría probablemente Torrent este lunes si decidiera ser consecuente con la tesis de que el presidente de la Generalidad continúa siendo diputado del Parlamento. Y es que la sentencia del TSJC que inhabilitaba a Torra no será firme a todos los efectos hasta que la Sala de lo Penal del Supremo no se pronuncie sobre el recurso pendiente.

Si Torrent permite finalmente que Torra vote, el problema pasaría a manos del secretario del Parlamento autonómico, Xavier Muro. Este podría negar la validez del voto del presidente de la Generalidad y conseguir con ello la cuadratura del círculo: que los líderes separatistas desobedezcan de forma explícita a la JEC y al Supremo, que Torra vote como si fuera diputado sin serlo, pero que su voto no tenga la más mínima validez legal. Un juego de escenificaciones y trucos de manos jurídicos al que los catalanes ya están acostumbrados desde los primeros días del procés.

La desobediencia de Torrent y de la Mesa no es el único delito que podría cometerse el lunes en el Parlamento catalán. Porque si Torra ha sido inhabilitado como diputado, entonces no es ya tampoco presidente de la Generalidad. Y de ahí se deriva un posible delito de usurpación de funciones. Delito al que hizo alusión Cayetana Álvarez de Toledo (PP) este jueves cuando publicó un tuit en su cuenta personal con sólo dos palabras: "El usurpador". 

Torra ha respondido a las posibles querellas criminales de PP y Ciudadanos por el delito de usurpación de funciones con una amenaza recíproca: una posible querella criminal por el delito de calumnias y/o injurias. El presidente Torra "cuenta con toda la legitimidad democrática para seguir ejerciendo el cargo para el que fue elegido" dice el antes mencionado comunicado de la Oficina del presidente con el que este ha respondido a las dudas sobre su estatus político y legal actual.  

Tres posibles escenarios

Según Joan García, diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, este lunes se prevé un escenario con tres posibles opciones. La primera opción es que Torrent permita votar a Torra, lo que implicaría los antes mencionados posibles delitos de desobediencia para el primero y de usurpación de funciones para el segundo.

"Que en el Parlamento catalán vote un individuo cualquiera que no debería estar ahí es un delito gravísimo" dice Joan García. Y añade: "Quizá por eso han retrasado el pleno de la mañana hasta la tarde. Para tener tiempo de dar respuesta a los escritos que hemos presentado PP y Ciudadanos ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez". 

La segunda opción, permitir a Torra estar presente en el Parlamento como presidente de la Generalidad, pero no como diputado, conduce al embrollo jurídico.

En ese escenario, Torra podría incluso votar para ver luego cómo su voto no es contabilizado por Torrent. Torra también podría ausentarse con cualquier excusa durante la votación, esquivando así el mandato de la JEC y del Supremo. "Eso también supone desobedecer a los tribunales, pero nos conduce a un escenario diferente, de litigios jurídicos" dice García. 

Reunión en marcha 

La tercera opción es que Torrent aplace el pleno. "Eso es algo que ya ha hecho con anterioridad. Si algo ha demostrado Torrent es que no tiene problema en darle una patada hacia adelante a la pelota cuando se siente entre la espada y la pared. El hecho de que la táctica le haya salido bien con anterioridad podría ser un estímulo para que lo vuelva a intentar. No lo descarto" finaliza García. 

El embrollo político y jurídico no ha hecho mella alguna en la voluntad del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de reunirse con Torra en alguna fecha que aún está siendo negociada por parte de sus respectivos gabinetes, pero que no irá más allá de finales de enero o de los primeros días de febrero. La tesis oficial de Moncloa es que la decisión respecto a la situación de Torra le corresponde al Parlamento autonómico catalán.

Dicho de otra manera. Desde el punto de vista del Gobierno, el presidente de la Generalidad continúa siendo Torra y la reunión se mantiene en pie. Algo a que lo que el líder del PP, Pablo Casado, ha respondido amenazando con querellarse contra Torra, contra Torrent y contra el mismo Gobierno "por no hacer nada" para descabalgar al presidente de la Generalidad de un puesto que, en opinión del PP, no debería estar ocupando en estos momentos.