Zarzalejos: "Los problemas con la euroorden no justifican una rebaja de las penas por sedición"

El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos (Bilbao, 59 años) ha sido designado por la Eurocámara como ponente de un informe sobre la reforma de la euroorden, cuyas limitaciones han quedado al descubierto con el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados.

Tanto Alemania como Bélgica han rechazado la entrega a España que reclamaba el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ahora las euroórdenes están congeladas a la espera de que la Eurocámara levante la inmunidad de Puigdemont y Toni Comín. 

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Zarzalejos sostiene que la euroorden no necesita reinventarse sino únicamente ajustes puntuales para unificar los criterios de aplicación y ampliar la lista de 32 delitos para los que la entrega es casi automática, incluyendo los atentados contra la Constitución.

El primer borrador de su informe se presentará después de Semana Santa y espera que la Eurocámara lo apruebe antes del verano. Podría servir así de base al nuevo comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, que ha abierto la puerta a presentar una propuesta legislativa de reforma.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, el eurodiputado del PP ha tenido una larga carrera como alto funcionario, secretario general de la Presidencia durante los Gobiernos de José María Aznar y máximo responsable de la fundación FAES.

¿Cuál es el principal problema que tiene la euroorden ahora mismo?

No hay un problema único. De lo que se trata es de ver el funcionamiento del sistema. Necesita, por decirlo en términos automovilísticos, entrar en boxes. Pero no para reinventarla, sino para mejorar esencialmente su aplicación. Hay un problema inicial, que es mejorar los niveles de confianza entre sistemas judiciales, la base sobre la que descansa la euroorden.

En segundo lugar, a lo largo de los últimos 15 años, las legislaciones penales de los Estados miembros han cambiado, se han desarrollado, se han incorporado nuevos  delitos. Por tanto, tenemos que tomar nota de esas modificaciones para conseguir una cierta armonización que permita un procedimiento más ágil de euroorden.

Lo que ha llevado a España a pedir la reforma de la euroorden ha sido el caso de Puigdemont, cuya entrega fue rechazada por Alemania y la de sus exconsellers por Bélgica, ¿qué ha fallado en este caso?

La euroorden fue en su momento una iniciativa española y ha sido un instrumento muy eficaz en la lucha contra el terrorismo y en la mejora clarísima de la cooperación a nivel europeo, con una excepción que es el caso de Bélgica. Pero la reforma de la euroorden no es sólo una cuestión española, es una cuestión europea y tiene sentido en la medida en que es una cuestión europea. 

En el caso de Puigdemont, yo creo que ha habido un pronunciamiento del tribunal de Schleswig-Holstein más allá de sus competencias a la luz de la euroorden: convirtió un procedimiento de entrega en un procedimiento de extradición, cuando realmente la euroorden lo que hace es superar, dejar atrás, el procedimiento clásico de extradición. Y en el caso de Bélgica, el tribunal ha pecado por defecto.  

El hecho de que dos países diferentes, Alemania y Bélgica, hayan rechazado la euroorden contra los lideres secesionistas, ¿significa que hay dudas en la UE sobre el Supremo o que allí se ha hecho algo mal?

Yo sinceramente creo que no. Con la regulación actual de la euroorden, se debería haber procedido a la detención y entrega del señor Puigdemont, tanto en Alemania como en Bélgica. De hecho en Alemania se aceptó la entrega por malversación, no por el cargo de rebelión o de sedición. Ahí el tribunal alemán alegó falta de correspondencia en la doble incriminación, pero aplicando una lógica propia de un modelo de extradición, no del modelo de euroorden.

La euroorden no exige que haya una doble tipificación del delito. No exige por tanto que el delito de sedición o rebelión tal y como los contempla el Código Penal español se contemplen en el Código Penal alemán o belga. 

La euroorden parte precisamente de la necesidad de superar la diversidad de ordenamientos penales. Y lo que establece es que para una conducta que sea constitutiva de delito en un Estado, si es constitutiva de delito en el otro -no importa cómo esté definida ni cómo esté castigada- se debe aplicar la euroorden, aunque no figure en la lista de los 32 delitos. 

Si un Gobierno regional, Baviera, celebrara un referéndum en contra de la orden expresa del Tribunal Constitucional alemán, derogara la Constitución, derogara el Estatuto de autonomía y pretendiera establecer una contralegalidad, una legalidad propia, eso yo entiendo que es delito en Alemania con toda seguridad. Si usted me dice: ¿contempla Alemania en su Código Penal un delito como el de sedición y rebelión con las condiciones del tipo que incorpora la legislación española? Pues evidentemente, no: no son calcos. 

Pero si los criterios por los que ha juzgado el tribunal de Schleswig-Holstein se generalizan, la euroorden no sería posible y volveríamos al viejo procedimiento de extradición. De modo que yo creo que tanto en el caso de Alemania como en el caso de Bélgica, la orden de detención emitida por Pablo Llarena está perfectamente justificada y cubierta por la decisión marco. Yo creo que el problema está más bien en la aplicación, en las condiciones de aplicación. 

¿Cómo se unifican las condiciones de aplicación?

Contamos con una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que va a ser muy útil incorporar a la futura reforma de la euroorden. El TJUE se ha mostrado siempre muy exigente con el deber de los Estados de cumplir con la euroorden. Además, el comisario Reynders ha vuelto a reiterar su disposición a que se puedan abrir procedimientos de infracción contra aquellos Estados que no cumplan sus deberes en relación con la orden de entrega adecuadamente.

Luego hay otros temas que van a ser también objeto del informe: una mejora de las garantías procesales de los afectados por la euroorden; mayor atención a las condiciones de detención, a pesar de que en Europa no hay unos estándares comunes en materia penitenciaria; y prevenir también la emisión abusiva e injustificada de euroórdenes.

Se está considerando en qué medida,  en algunos casos de delitos menores, podemos sustituir la entrega, si así lo quisiera el Estado ejecutante, por medidas cautelares en el país donde se encuentre. O cuáles podrían ser alternativas a la detención.

¿Hay que incorporar en la lista de delitos los atentados contra la integridad territorial de un Estado miembro?

La integridad constitucional de los Estados forma parte del Estado de derecho. Y si podemos decir que el derecho europeo es derecho nacional, también la inversa es cierta: el derecho nacional también es derecho europeo.

Yo diría que muy especialmente el orden básico constitucional es derecho europeo y debe ser protegido. De modo que este es un debate de un gran calado, tanto académico como político, pero yo creo que se tiene que plantear.

El orden constitucional se puede atacar de diversas maneras. Seguramente lo que hemos visto en Cataluña es una manera muy burda, muy descarada, muy abierta. Pero hay otras amenazas al orden constitucional de un país democrático, pluralista, de un Estado de derecho, que también se tienen que contemplar. Yo creo que la consideración futura de la euroorden tendrá que tener en cuenta este hecho.

¿Apoyará el Gobierno de Pedro Sánchez esta reforma de la euroorden ahora que tiene un pacto con Esquerra Republicana? ¿Está usted hablando con el Gobierno para elaborar su informe?

De momento lo que estamos es hablando con el grupo parlamentario socialista. Y hasta ahora yo tengo que decir que la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo ha apoyado la iniciativa y ha apoyado que la pudiera conducir el PP español.

No quiero anticipar juicios. Pero tampoco adivino por qué el Gobierno no apoyaría una reforma de la euroorden. Me cuesta crear que no vaya a haber un apoyo a un planteamiento razonable de mejora de la euroorden.

¿Qué le parece que el Gobierno esté utilizando los problemas con la euroorden como argumento para rebajar las penas por sedición?

Es un argumento que no tiene entidad jurídica. Porque si aplicásemos esos criterios, la única solución sería hacer un Código Penal único. Y por otra parte, ¿cuál sería el modelo? ¿Cuál sería la referencia?

Somos 27 países y hay culturas jurídicas distintas, tradiciones jurídicas distintas. Los Códigos Penales responden a la protección de los bienes jurídicos que una sociedad en un momento determinado considera que son especialmente valiosos. Por eso nosotros protegemos más con penas más elevadas determinados bienes jurídicos que otros países protegen menos porque consideran que no son tan necesarios o no están tan amenazados.

De modo que el argumento de la dispersión normativa que pueda haber en Europa o de diversidad de tipificaciones nos llevaría a producir un Código Penal Europeo. Por tanto, no es un argumento que sirva de base. Desde luego los problemas con la euroorden no sirven como justificación para una modificación del Código Penal. Esta reforma tiene explicaciones mucho más obvias. Parece claro que esto responde a otras intenciones o finalidades que nada tienen que ver con la discusión sobre la reforma de la euroorden.

¿Cuáles son estas intenciones?

La respuesta la da la propia Constitución cuando establece la aplicabilidad de la ley penal más favorable. 

¿Quiere usted decir que el Gobierno sólo busca favorecer a los políticos presos por el procés?

Si se hace una reforma del Código Penal que suponga una rebaja de las penas del delito de sedición o un cambio en la tipificación del delito de sedición, esa reforma tiene que ser aplicada retroactivamente a los afectados por el principio de aplicación de la ley penal más favorable. De modo que tampoco tiene mucho misterio. No hace falta ser jurista, ni abogado, ni haber estudiado Derecho para saber que eso funciona así. Por tanto ese va a ser el efecto.

El Gobierno de Rajoy ya hizo un primer intento de reformar la euroorden que fue recibido con frialdad tanto por la Comisión como por el resto de socios. ¿Qué le hace pensar que ahora será distinto teniendo en cuenta que hay países como Polonia o Hungría en los que se cuestiona la independencia del poder judicial?

Eso es exactamente así. También es verdad que el comisario Reynders, belga y liberal, ha sido muy explícito en su apertura a hablar de la reforma de la euroorden. Yo creo que esto son por definición procesos lentos. En cierto modo, esa resistencia también indica algo que yo creo que es muy cierto, que es que no tenemos que reinventar la euroorden. Pero sí que hay una mayor sensibilidad. Primero porque el crimen organizado y las modalidades de crimen organizado empiezan a ser un problema que se tiene muy en cuenta en Europa.

En segundo lugar, tenemos todo el campo digital: toda la delincuencia que se realiza en la red, que si algo exige son procedimientos de cooperación. Aquí las fronteras no protegen soberanías, sino que realmente protegen a los delincuentes. Por tanto, si en algún terreno ya se queda caduco el discurso de las jurisdicciones territoriales es precisamente en la lucha contra la delincuencia que se realiza en la red.

¿Cómo cree que ha gestionado el presidente del Parlamento, el socialista italiano David Sassoli, la cuestión del reconocimiento de Junqueras, Comín y Puigdemont como eurodiputados?

El señor Sassoli, en relación con Junqueras ha hecho lo que tenía que hacer, tomar nota de lo que las autoridades electorales españolas le han comunicado. En el caso de Puigdemont y Comín, tengo que expresar una cierta sorpresa por la celeridad en el reconocimiento de su acceso al Parlamento: un día después de que se produjera una sentencia que no se refería además específicamente a su caso sino al señor Junqueras y a su prisión provisional, una situación completamente distinta a la de los señores Puigdemont y Comín. Me ha sorprendido, no tanto su decisión final sino la celeridad con la que esa decisión se produjo. 

¿Ve justificado el recurso de Vox contra esta decisión de Sassoli?

Yo creo que en este momento lo que estamos ya es en un procedimiento de levantamiento de la inmunidad de Puigdemont. Y me parece que lo importante no es el recurso contra la decisión de Sassoli sino la decisión final del Parlamento, que tiene que tomar por mayoría simple, para levantar la inmunidad. Eso es en lo que tenemos que concentrarnos.

¿Ve posible un acuerdo entre PSOE, PP y Cs que arrastre a sus respectivos grupos para acelerar la tramitación del suplicatorio, o será imposible por el pacto de Sánchez con Esquerra?

Yo he escuchado opiniones para todos los gustos de los que más directamente conocen este tema. El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es un socialista [Ibán García del Blanco], ha hablado de que esto puede estar resuelto en dos meses. Otros hablan de seis. Incluso alguien habla hasta de un año. Pero en principio yo creo que el suplicatorio, el levantamiento de la inmunidad, hay que plantearlo con toda naturalidad.

El Parlamento no va a hacer un juicio: ni va a juzgar el sistema judicial español ni va a someter a juicio las responsabilidades que tengan el señor Puigdemont y el señor Comín. Eso corresponde a los tribunales nacionales. El Parlamento no juzga, el Parlamento tiene que permitir que se juzgue, esa es la cuestión.

Es evidente que los afectados intentarán embarrar el terreno, pero me parece que el Parlamento nunca ha caído en la tentación de convertir un procedimiento de levantamiento de inmunidad en un enjuiciamiento de las condiciones del sistema judicial. Y tampoco lo va a hacer en este caso.

Al fin y al cabo la inmunidad no es un privilegio personal, es una protección de la función. Y los hechos por los que se acusa a Puigdemont y Comín no tienen absolutamente nada que ver con su mandato de eurodiputados. Tuvieron lugar dos años antes de que fueran elegidos en la lista para las elecciones europeas. No se puede convertir la inmunidad en una impunidad retroactiva, ni el Parlamento en un enclave en el personas sobre las que pesa una importante acusación puedan eludir la acción de la justicia.

Lo que quieren los independentistas afectados por este procedimiento es generar un conflicto institucional entre el Parlamento Europeo y las autoridades judiciales españolas. Yo creo que la Eurocámara no va a entrar en ese juego. No ha entrado Sassoli a cuenta de Junqueras y no va a entrar el Parlamento Europeo en la cuestión del levantamiento de la inmunidad de Puigdemont y Comín.

Usted fue fontanero durante los Gobiernos de José María Aznar como secretario general de la Presidencia, ¿qué le parece que un fontanero de Pedro Sánchez como es Iván Redondo haya cobrado ahora tanto protagonismo?

Eso que se llama fontaneros son figuras importantes, pero no suele ser una buena cosa que ocupen el primer plano. Cada uno está para lo que está y si uno está en Moncloa no está para ocupar el primer plano. Esa es mi experiencia y mi criterio. 

Y desde su conocimiento de la maquinaria del Gobierno, ¿qué problemas de coordinación le augura a un Gobierno de coalición y además tan grande?

Es un Gobierno con muchos ministros, con muchas vicepresidencias. Pero es un Gobierno del que nadie se va a querer ir y por tanto aguantarán mucho todos. Si se ven las imágenes de su primer Consejo de Ministros en Moncloa, se constata que esto de incorporarse al sistema algunos lo ven con bastante gracia. Y no van a poner en peligro su incorporación al sistema fácilmente.

¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que este Gobierno es seguramente la peor combinación para los intereses de España que hemos tenido a lo largo de nuestra historia democrática. Este Gobierno y los pactos en los que se apoya es para España la tormenta perfecta. Pero al mismo tiempo, como está basado en dos apetencias de poder tremendas, que son las de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, esa apetencia de poder es el pegamento mas poderoso que este Gobierno tiene para durar. 

¿Por qué es la tormenta perfecta?

Es el Arca de Noé pero en negativo. Bildu, el único partido que sigue sin condenar el terrorismo, que no participa de lo que se llama el suelo ético que el propio Parlamento vasco ha establecido.

Esquerra Republicana, un partido liderado por alguien que está condenado a 13 años por sedición y cuyas estructuras participaron en el golpe de Estado, hasta el punto de que el número dos del señor Junqueras era el que tenía la famosa Moleskine con la ingeniería del procés.

Podemos, una formación a la baja cuyo discurso antisistema está acreditado. La presencia de comunistas en el Gobierno: es que Alberto Garzón no sólo es comunista, es que ha escrito un libro para explicar por qué es comunista, no es una condición vergonzante.

Este es un Gobierno que nace de una posición de rechazo común a la Transición y al pacto constitucional. Es algo inédito en Europa, un Gobierno en el que la mitad de los integrantes rechazan la legitimidad del sistema constitucional en virtud del cual, ellos han accedido al Gobierno.

¿Qué tipo de oposición debe hacer el PP ahora que compite también con Vox?

Tiene que hacer la oposición que sea eficaz, comprensible y dispuesta a saber que vamos a tener que navegar en mitad de esta tormenta perfecta. Creo que ni la sombra de Vox ni la estrategia de descalificación de la oposición por parte del Gobierno y de sus aliados deberían desviarle de su camino.

El PP es un partido de vocación mayoritaria, lo ha sido siempre. Es un partido que ha ocupado el espacio de centroderecha en España y que tiene que seguir ocupándolo. Y eso exige un esfuerzo importante de integración. Si se insiste en el fraccionamiento del centro y la derecha, no va a ser posible articular una alternativa real a lo que hoy existe en nuestro país.

Hasta ahora, los intentos que ha habido de sustituir al PP -estoy hablando de Ciudadanos pero también podría hablar de Vox- se han quedado muy lejos. El PP tiene que mantener la centralidad como fuerza en ese espacio político y no dejarse condicionar ni por las sombras de uno ni por las descalificaciones de otro. Y yo creo que ese mensaje va a ir calando en un electorado que cada vez va a echar más en falta la necesidad de construir una alternativa real y viable a la coalición de izquierdas y nacionalistas que en estos momentos tenemos en el poder en España.

¿Acabar con este fraccionamiento significa pactar con Vox, plantar cara a Vox o ignorar a Vox?

Son mucho más importantes los que votan a Vox que los que dirigen Vox. Son mucho más importantes los que votan a Ciudadanos que los que dirigen Ciudadanos. Por tanto, lo que el PP tiene que hacer es una apelación amplia, incluyente, a la sociedad española y mirar a los ciudadanos.