Puigdemont trata de salvar su sueldo de eurodiputado con una colecta que le pague la multa del 1-O

Las vicisitudes judiciales de los responsables del procés no acabaron con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de octubre contra Oriol Junqueras y otros once altos cargos separatistas. Al juicio que se está desarrollando en la actualidad en la Audiencia Nacional contra el mayor Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra hay que sumar la decisión adoptada ayer martes por el Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 4.146.274,97 euros la cantidad malversada por los políticos separatistas en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Tribunal de Cuentas citó ayer a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 29 acusados –entre consejeros y altos cargos encarcelados, en libertad y fugados de la Justicia– para comunicarles el acta de liquidación provisional de la cantidad malversada.

Aunque sus abogados podían presentar alegaciones hasta las 11.30 de ayer, es probable que la cifra final de la fianza no se aleje demasiado de la estipulada por el tribunal. La fianza debería bastar para garantizar una hipotética condena. Si esta no es abonada en el plazo de quince días, el tribunal recurrirá al embargo de los bienes de los acusados. 

En la práctica, el tribunal podría repartir el monto de la fianza entre los acusados, en función de sus diferentes niveles de responsabilidad, o designar responsable solidario a Carles Puigdemont al tratarse del máximo responsable de la Generalidad por aquel entonces. 

Ese fue el camino seguido con el expresidente Artur Mas en el caso de la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 y cuya fianza ascendía a 5.251.948,17 euros. En el caso de Mas, su fianza fue abonada íntegramente por la Caja de Solidaridad, el organismo que se encarga de recoger las donaciones que deben servir para hacer frente a las fianzas impuestas a los líderes catalanes por el procés. 

Dicho de otra manera. Puigdemont, si es designado responsable solidario, deberá abonar esos más de cuatro millones de euros de fianza en quince días si no quiere ver todos sus bienes embargados. Y entre esos bienes, el sueldo que el prófugo de la Justicia cobra en la actualidad del Parlamento Europeo y que en ninguno de los casos, ni siquiera contando con el pago de los salarios y dietas atrasados por parte de la Eurocámara, valorados en unos 70.000 euros, alcanzaría para cubrir el monto total de la fianza. 

De ahí que Carles Puigdemont no perdiera ayer ni un solo minuto en pedir a través de su cuenta de Twitter ayuda a "los catalanes que votaron el 1-O" para cubrir el monto de la fianza. "Si votaste el 1-O, te necesitamos" reza su mensaje, que incluye el ya habitual enlace a la Caja de Solidaridad.

En realidad, la cantidad podría ser mucho mayor que esos cuatro millones de euros. Porque el Tribunal de Cuentas podría sumar a la cantidad estipulada ayer los gastos de la Generalidad en acción exterior, y muy especialmente los relativos a las embajadas. En la práctica, la cantidad total podría incrementarse en veinte millones de euros más, según un cálculo del diario El Mundo.

Como explica el abogado penalista José María de Pablo en su cuenta de Twitter, la petición del Tribunal de Cuentas ha sido posible gracias a la renuncia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a reclamar la responsabilidad civil de los procesados durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Eso ha permitido que el Tribunal de Cuentas pudiera juzgar a Carles Puigdemont y al resto de fugados e implicados, y no sólo a los doce del juicio del procés, a pesar precisamente de la ausencia de algunos de ellos. 

La fianza provisional estipulada por el Tribunal de Cuentas a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución duplica la estimada por el Tribunal Supremo durante el juicio del procés. La mayor parte del monto, que el Tribunal de Cuentas desglosa por apartados, corresponde a los gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI (1.454.039,94 euros), seguida de los gastos en papeletas de Unipost (1.259.882,07 euros) y de la campaña Civisme (357.068,26 euros). El resto de partidas no superan los 200.000 euros cada una.