El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a su gabinete jurídico a que adopte las medidas administrativas y las acciones judiciales que procedan para reclamar al Estado el importe que adeuda a la región por la liquidación del IVA del ejercicio 2017. De esta manera, el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page se suma a la rebelión de las comunidades gobernadas por el PP que exigen el pago del IVA.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha afirmado que esta reclamación entra dentro de "la normalidad institucional" y se basa en los principios de la autonomía financiera y de la lealtad institucional.
"Castilla-La Mancha no puede renunciar a los 135 millones que le corresponden y autorizamos desde el Consejo de Gobierno al gabinete jurídico para que emprenda acciones administrativas en un principio y, si es necesario, luego de manera judicial, para recuperar estos millones que nos fueron hurtados en la liquidación del IVA del 2017", ha argumentado.
El consejero confía en que este problema, que ha recordado que viene del gobierno anterior cuando era ministro Cristóbal Montoro, se pueda resolver mediante el diálogo.