No hubo declaraciones ni titulares rotundos tras la reunión que Pedro Sánchez y Quim Torra mantuvieron ayer jueves en el Palacio de la Generalidad. La contundencia de las peticiones de máximos defendidas por el presidente catalán –referéndum y amnistía– pueden hacer pensar que el nacionalismo salió con las manos vacías de la reunión con el presidente del Gobierno. Pero el diablo estuvo en detalles bastante más sutiles.
Si alguien puede salir satisfecho de esa reunión no es Pedro Sánchez por haberle negado a Quim Torra aquello que no puede concederle en ningún caso sin una reforma de la Constitución, sino un presidente de la Generalidad que obtuvo de Sánchez la legitimidad que le niegan el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo e incluso, con matices, los letrados del Parlamento autonómico catalán.
Torra salió de la reunión con Sánchez más presidencial que cuando entró en ella. El simple hecho de que el encuentro tuviera lugar y de que el presidente del Gobierno se refiriera en repetidas ocasiones a él como "presidente" avalan el atrincheramiento de este frente a los tribunales españoles. En el dilema entre apoyar con sus acciones al Poder Judicial o apoyar a Quim Torra, Sánchez optó por el segundo.
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La consecuencia en la práctica de esa aval por parte de Sánchez fue un Torra envalentonado que volvió a hablar de las "carencias democráticas" del Estado español y que exigió al presidente del Gobierno menos palabras y más hechos concretos. "Hablamos mucho de gestos, pero nosotros lo que queremos son soluciones", dijo Torra antes de añadir que ellos, en referencia a los nacionalistas, no están "para generar expectativas".
Pero esas soluciones que demanda Torra existieron ayer. En gran número. Quizá no eran las que esperaba Torra. Pero existir, existieron.
Cuarenta y cuatro medidas
La primera de esas soluciones concretas fue el documento con el que Pedro Sánchez apareció, de forma inesperada, en la reunión. Su contenido se filtró a la prensa por parte del equipo de Sánchez pocos minutos antes de la llegada del presidente del Gobierno a la Generalidad en un intento obvio de contrarrestar cualquier documento sorpresa que pudiera tener preparado Torra y que incluyera nuevas propuestas imposibles de asumir.
El documento que Sánchez trajo bajo el brazo se titula Documento abierto de agenda para el reencuentro y resume el programa político de PSOE y Podemos para la Cataluña de los próximos años.
En él, el Gobierno se compromete a disparar la inversión en infraestructuras en Cataluña, a renegociar la financiación de la comunidad, a negociar el pago de los 150 millones de euros que TV3 le reclama al Estado, a entregarle a Cataluña la gestión del 0,7% del IRPF destinado a asuntos sociales, a "atender demandas sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia" e incluso a reformar la política comercial del Gobierno y romper la unidad del mercado español en beneficio de Cataluña, entre otras muchas medidas.
Sólo dos o tres de esos cuarenta y cuatro compromisos habrían bastado en los años ochenta o noventa para garantizar el apoyo de Convergencia y Unión al Gobierno durante toda una legislatura con sus respectivos Presupuestos Generales del Estado. Muchos gobiernos autonómicos actuales se conformarían con una sola de ellas. Ayer, el documento quedó olvidado encima de la mesa frente a la que hablaron Torra y Sánchez. Literalmente olvidado.
Negociar sin miedo
Como explica el digital nacionalista El Nacional, cuando el presidente del Gobierno se levantó de su asiento para ofrecer la rueda de prensa posterior a la reunión, el documento quedó abandonado encima de la mesa. Cuando Quim Torra lo cogió para devolvérselo al presidente, pensando que se trataba de sus notas para la reunión, un asistente de Sánchez le sacó de dudas: "No, este documento es de lo que tenían que hablar".
La pregunta surge sola. Si no hablaron de esas cuarenta y cuatro concesiones del Gobierno a la Generalidad, ¿de qué hablaron entonces Torra y Sánchez?
La respuesta es evidente. De la amnistía de los presos y de un referéndum de autodeterminación para Cataluña. "Siempre he pensado que aquellos que tenemos posiciones firmes no tenemos miedo de hablar de nada", dijo Pedro Sánchez tras la reunión y esa simple frase ya plantea un escenario imposible de aceptar para los ciudadanos españoles. Porque lo que piden Quim Torra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no es imposible por aterrador, sino por ilegal.
Aglutinador de sentimiento
Pedro Sánchez afirmó también ser "un firme defensor del autogobierno de Cataluña porque es integrador y aglutina más el sentimiento de la población catalana". Y esta fue de nuevo una frase aparentemente inocua pero cargada de veneno.
En primer lugar porque el concepto de autogobierno es lo suficientemente ambiguo como para amparar la autonomía, pero también la independencia y todas las fórmulas intermedias posibles.
En segundo lugar, porque la autodeterminación catalana no depende de que el nacionalismo no haya alcanzado todavía la cifra mágica del 51%, sino de su radical incompatibilidad con ese principio constitucional que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. En tercer lugar, porque el sentimiento no es fundamento de derecho.
La ley no basta
Pero la solución que Torra demandaba estuvo ahí a la vista de todos cuando Sánchez dijo que "la ley por sí sola no basta". Luego añadió que debe dejarse atrás "la judicialización de la política". Son dos de los lugares comunes habituales del independentismo y ayer Sánchez los hizo suyos, como antes habían hecho ya Pablo Iglesias y la rama local de Podemos, los comunes de Ada Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello.
Ambas frases son, de nuevo, tan ambiguas como para amparar cualquiera de las reivindicaciones del separatismo, incluidas las más radicales de ellas. Porque lo que se ha judicializado no es la política, sino los delitos cometidos por algunos políticos. Y de ahí la importancia de la frase de Sánchez.
Las palabras del presidente del Gobierno y el hecho de tampoco descartara de forma taxativa la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña, hace albergar a Torra y al mundo separatista la idea de que esa puerta queda abierta.
La de ayer es la tercera reunión que Sánchez mantiene con Torra desde la moción de censura de junio de 2018. La primera tuvo lugar en Moncloa. La segunda en el palacio de Pedralbes. La tercera tuvo lugar en el palacio de la Generalidad. Sánchez y Torra se volverán a ver de nuevo este mes de febrero en la primera reunión de la mesa de diálogo pactada con ERC.