Los nervios en el Ministerio de Igualdad empezaron a encresparse a mediados de febrero. El Ministerio de Justicia no daba su visto bueno a la ley bandera de Irene Montero, la de Libertades Sexuales, conocida como como la del "sólo sí es sí". El departamento del socialista Juan Carlos Campo tenía el encargo de estudiar y llevar adelante una reforma a fondo del Código Penal, producto de las negociaciones con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Y según las fuentes consultadas, la primera intención en Justicia era que todo fuera en el mismo pack: los cambios en los delitos de sedición y/o rebelión y los de la tipificación de las agresiones sexuales.
Pero Igualdad necesitaba ir con esta ley que, por otra parte, está fundada no sólo en el pacto de coalición, sino en un acuerdo ideológico mucho más profundo entre socialistas y Podemos. "Si no estuviésemos en estas fechas, no habría tanta prisa", explica otra fuente parlamentaria. Pero este domingo es 8 de marzo, Día de la Mujer, y el simbolismo convenía a todos en el Gobierno. Más allá de que los trabajos no estén afinados.
Y es que en realidad el problema no era sólo la rebaja de la sedición, sino que estaba en el contenido del informe que preparaba Justicia. Finalmente, en Igualdad no han recibido el dictamen con la respuesta, que se esperaba lleno de salvedades, después del que ya elaboró en la pasada legislatura, entonces a petición de Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia, y de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Aun así, el anteproyecto se aprobará hoy, porque cuando la fricción entre los dos departamentos saltó a los medios, Moncloa confirmó que sería presentado lo más tarde este martes. A tiempo para usarla de bandera en la manifestación del domingo. Incluso otra fuente parlamentaria de Unidas Podemos ya había confirmado a este periódico que el texto se llevaría a Consejo de Ministros incluso sin haber pasado por la comisión de subsecretarios que prepara los temas a estudiar.
La nueva norma ya tenía una versión previa, como Proposición de Ley del Grupo de Unidas Podemos presentada en el Congreso en la pasada legislatura. Tras la polémica sentencia de La Manada -abril de 2018- Unidas Podemos registró el texto en julio y, más tarde, la hoy fiscal general, Dolores Delgado, ya había encargado un estudio jurídico a la Sección Penal de la Comisión de Codificación del que entonces era su Ministerio de Justicia.
Los carteles en la manifestación feminista del día que se conoció la sentencia de 'la Manada' atacaban la decisión del juez González.
El ministro popular, Rafael Catalá, pidió un informe a la citada comisión tras el fallo judicial, que calificó de abuso y no de violación el caso de los cinco acusados de mantener relaciones sexuales con una joven sin su consentimiento en los Sanfermines de 2017.
A su llegada al cargo, y coincidiendo con el registro de la Proposición de Ley de Unidas Podemos, Delgado pidió informe para la inclusión del "consentimiento expreso" que reformara de los tipos penales, según informó El Confidencial, y el análisis de si era pertinente, además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Consentimiento revocable"
Delgado, entonces, quería buscarle encaje legal a cuándo un "consentimiento expreso" se podía considerar no válido: por coacciones, intimidación, etcétera. Y la propia formulación jurídica -casi contractual- de las relaciones íntimas.
De hecho la proposición de ley que Unidas Podemos presentó en la XII Legislatura definía textualmente la libertad sexual como "un bien jurídico objeto de protección integral que se identifica con la prestación del consentimiento libre, revocable y para unas prácticas concretas". Y convertía en "agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona", eliminando la gradación entre abuso y agresión.
Dolores Delgado, exministra de Justicia y fiscal general del Estado.
Las fuentes consultadas en el Ministerio de Montero aseguran que, pese a que aquel informe fue negativo y la Comisión rechazó la regulación del "sólo sí es sí", el impulso a la ley se mantiene por el acuerdo de coalición. Y que va este martes a la mesa del Consejo de Ministros con la formulación jurídica que defiende Igualdad, prácticamente calcada a la registrada el 20 de julio de 2018 en el Congreso [Lea aquí el texto completo].
El informe, después
Una vez que sea aprobado el anteproyecto, deberá ser sometido a información pública. Por ahora la batalla la ha ganado Unidas Podemos, con la complicidad del propio presidente del Gobierno, pero las fuentes consultadas creen que es esperable el texto retrase su trámite antes de que llegue a la Cámara Baja.
El ministro Campo, este lunes en la Comisión de Justicia.
Igualdad afirma que "será en la próxima fase de la ley, la de observaciones" cuando proceda la intervención de Justicia. Y las fuentes consultadas creen que será entonces cuando el ministro Campo reclame que el texto pase, ahora sí, por la Comisión de Codificación y por el Consejo de Estado.
"Políticas de supervivencia"
El texto, en realidad, va muchísimo más allá del "consentimiento expreso". Es una norma que contempla medidas de prevención y sensibilización; medidas de formación en los ámbitos sanitario, educativo, a los cuerpos policiales, jurídicos y penitenciarios, etc; además garantiza expresamente derechos como el anunciado por la ministra la semana pasada en el Congreso, las "oficinas de atención 24 horas para las mueres víctimas de violencias sexuales".
La ley contempla la reparación integral, la tutela penal y procesal de quien sufra agresiones como el acoso laboral o sexual, entrando incluso en el ámbito de las administraciones públicas y el militar. Y finalmente, amplía las competencias de los Juzgados y la Fiscalía de violencia sobre la mujer, prevé la creación de nuevas tribunales específicos en las Audiencias Provinciales y desarrolla una normativa para la coordinación de la respuesta institucional.
El texto es la bandera de lo que Irene Montero ha bautizado como "políticas de supervivencia", la primera de las tres patas en las que se va a apoyar la ejecutoria de su Ministerio. Después llegarán iniciativas para las "políticas de redistribución" y las "políticas de cuidado", con las que buscará convertir su labor en "transversal" y que afecte "con la perspectiva de género" a todos los departamentos del Ejecutivo.