Irene Montero publica su Ley de Libertad Sexual sin memoria económica ni de impacto normativo

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no deja de darle quebraderos de cabeza al Gobierno. Y eso que aún está en fase de anteproyecto.

En contra de lo que dicta una Orden Ministerial de Presidencia -la PRE/1590/2016, de 3 de octubre- y hasta dos leyes -la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno-, el primer texto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero está siendo sometido a información pública sin ir acompañado de la "preceptiva" Memoria de Impacto Normativo y, consecuentemente, de la económica. 

El anteproyecto fue colgado de la web de Igualdad el pasado martes día 10 de marzo, una semana después de ser aprobado en Consejo de Ministros. Después de todas las polémicas en las semanas previas a que asara este primer trámite el día 3 de marzo, el siguiente viernes la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que el texto estaba ya en fase de información pública. "La ley se ha colgado de la web, como todas las aprobadas por el Consejo de Ministros", aseguró. Pero no era verdad.

Sin web una semana

A pesar de ser el texto legal del que más se escribió y se habló en la prensa durante un mes, su articulado no fue oficialmente público hasta la madrugada del pasado martes, 10 de marzo, aunque este medio sí que había podido acceder al articulado. Pero la realidad es que el Ministerio de Igualdad había desaparecido de internet precisamente en la semana en la que estrenaba su actividad normativa.

La vieja Secretaría de Estado de Igualdad, que ejercía de alojamiento para su site, dejó de estar accesible en la página de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Presidencia, el departamento de Calvo. Desde al menos la noche del 4 al 5 de marzo, no había manera de localizar sus contenidos.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de nueva creación y fuentes oficiales aseguraron que estaban a la espera de tener página web. Las búsquedas en internet tan sólo daban como resultado la entrada al Instituto de la Mujer.

Pero cuando se pinchaba en el logo amarillo oficial del Ministerio de Igualdad, éste enlazaba de vuelta a la web de la vicepresidenta Calvo, de la que no colgaba nada referente al departamento de la ministra Montero.

Sin embargo, la web del Ministerio se estrenó el pasado martes 10 con lo que se podría llamar una versión beta, que es la que sigue publicada: una landing page (página de acceso) con cuatro párrafos de presentación, y nada más que cuatro botones de enlace: al site del Instituto de la Mujer; al de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género -que da error 404 y, a cambio, ofrece un enlace para acceder a su alojamiento primitivo en Presidencia-; uno denominado "Actualidad del Ministerio de Igualdad", donde se alojan los comunicados oficiales; y el botón de "Participación pública en proyectos normativos".

Carencias irregulares

Y es aquí donde se halla la irregularidad: el anteproyecto de ley no está acompañado de la Memoria de Impacto Normativo y, por ende, tampoco de la Memoria Económica ni de otros documentos que marca la normativa. Según ésta, estos informes son "preceptivos" para cumplir el proceso de información pública.

La legislación citada marca que todo proyecto normativo (leyes, reales decretos, etc) debe someterse a un plazo de consulta pública previa y a otro de información pública tras la aprobación como anteproyecto. En este segundo procedimiento, el articulado debe ir acompañado "con carácter preceptivo" de una "Memoria del Análisis de Impacto Normativo".

Esto es, como explica el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno, hay que justificar "la oportunidad de la propuesta"; se precisa un "análisis jurídico" con referencia al Derecho nacional y de la UE; un análisis de "la adecuación de la norma a la distribución competencial" del Estado de las Autonomías; y, especialmente, el impacto económico y presupuestario de sus medidas.

Irene Montero, titular de Igualdad, el día de la toma de posesión de su equipo político en el Ministerio. ADP

De nuevo en contacto con Igualdad, la respuesta de un portavoz del Ministerio es que "se hace público el texto del Anteproyecto, no el resto de documentos". Y que "los informes se han realizado tal y como indica la normativa". Sin embargo, en las webs de los otros departamentos consultados por EL ESPAÑOL, como Transportes o Educación, sí aparecían publicadas las citadas memorias junto a los anteproyectos.

"Evitar el veto de Hacienda"

Fuentes consultadas, conocedoras del proceso de elaboración de la norma, destacan que no sólo sería ilegal la ausencia de estos documentos -"en todos los procesos de información pública de todos los ministerios, se puede comprobar que estos textos sí están"-, sino que atribuyen su ausencia a la confusión y polémica que rodeó a la aprobación de la norma.

Es decir, no hay manera de localizar cuáles fueron las salvedades que puso Justicia a la ley del sólo sí es sí, por ejemplo. Pero no sólo eso, "es que por ejemplo, si no está publicado el análisis de impacto económico es porque quieren evitar el veto de Hacienda". 

La citada fuente explica que la norma, de hecho, crea nuevos derechos -como las oficinas de atención 24 horas a las víctimas de violencias sexuales-, "que, más allá de que se puedan valorar como buenas ideas, suponen una enorme inversión material y personal... y así no está reflejado en ningún sitio".

María Jesús Montero e Irene Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros Efe

Esto es así porque, en un escenario de Presupuestos prorrogados -siguen vigentes los de 2018-, el departamento de María Jesús Montero tendría que informar en contra, a pesar de que el texto final ya prevé periodos de carencia para la aplicación real de sus preceptos.

Impacto de género

Ésa es la razón por la que son "preceptivos" esos informes, explican las citadas fuentes. Para que el ciudadano de a pie y los técnicos y expertos en el campo sometido a estudio, puedan tener todo el conocimiento económico y jurídico del texto.

De hecho, llama la atención otro estudio que le falta al proceso de información pública dentro de esta ley dentro del análisis de impacto normativo. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no publica su informe de impacto por razón de género.

Es decir, el análisis y valoración desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.