Con razón no querían dar más información. Ni el Real Decreto de estado de alarma es específico, ni el presidente Pedro Sánchez dio detalles, ni las fuentes de la Moncloa consultadas de manera informal después por la prensa quisieron explicarlo. ¿Qué pasa si se incumplen las normas del estado de alarma?
"Nos remitimos a la ley ya vigente, la de 1981 que regula el estado de alarma". Si, pero es que esa ley se remite a las leyes que la desarrollen. "Es que no hemos querido innovar en nada, es un estado de alarma que se dicta por guardar la salud de los españoles, no por un estado de guerra o algo parecido"... ésa era la única respuesta.
Pero lo cierto es que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, aquélla que prometieron eliminar ambos en campaña electoral, ésa que se comprometieron por escrito a derogar en su acuerdo de coalición.
En un briefing informal a la prensa, posterior a la rueda de prensa del presidente, Moncloa quiso dar explicaciones a cualquier duda que plantearan los medios de comunicación. Y lo mismo que le costó dar una razón para que se mantengan abiertas las peluquerías -pese a que hay que mantener distancias de aislamiento social- y las tintorerías - a pesar de que haya que confinar a la población-, tampoco se quisieron dar detalles del régimen sancionador.
Desobediencia a la autoridad
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana será la que rija en los al menos 15 días que durarán las restricciones a la circulación, el confinamiento y, sobre todo, "se altera el funcionamiento de la estructura territorial del Estado", según admitieron fuentes del Gobierno.
Es decir, que según la orden repartida a la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías autonómicas y las Policías locales, todas ellas ahora bajo las órdenes directas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska -además del Ejército, que pasa a ser fuerza de la autoridad-, a la Ley Mordaza para el control de los ciudadanos: con multas de hasta 30.000 euros, según el artículo 36.6 de la citada norma, para los actos de desobediencia o resistencia a la autoridad, sus agentes en el ejercicio de sus funciones".
Y eso si no son constitutivas de delito. Porque en el caso de considerarse que el ciudadano ha desobedecido o se ha resistido gravemente a la autoridad, la orden se remite directamente al artículo 556 del Código Penal. Y éste señala que los que sean hallados culpables de esta infracción "serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dieciocho meses".
Hasta 600.000 euros
Pero hay sanciones más duras que las previstas en la llamada Ley Mordaza. El Gobierno se remite a la ley de Protección Civil para este estado de alarma y prevé castigar con de 30.001 a 600.000 euros a quienes incumplan órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos" en este estado de alarma "efectuados por los titulares de los órganos competentes".
Al menos estos 15 días, esa autoridad competente será el Gobierno de España "en todo el territorio", tal como especificó el presidente Pedro Sánchez en la noche del sábado, al comparecer en declaración institucional. Estas multas se basan en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Y hay multas previstas entre los 60.001 y de hasta 600.000 euros, en caso de infracciones muy graves consistentes ne conductas y omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud pública. Remitiéndose a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, Salvador Illa, máxima autoridad competente delegada, según el real Decreto, "bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno", podrá imponer estas sanciones.