Pablo Casado acudirá al pleno de este jueves acompañado de la mitad de sus diputados, el número máximo exigido por la Mesa de la Cámara para cumplir estrictamente con las reglas sanitarias: guardando un metro de distancia entre uno y otro, un escaño. "Es hora de que nos vean. Es hora de que sepan que los diputados del PP trabajan en primera línea. No solo en defensa de sus votantes, en defensa de todos los votantes, de la nación". La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, anunciaba así la intención de su formación de llenar lo máximo posible la bancada conservadora del Congreso de los Diputados en la segunda prórroga del estado de alarma.
La portavoz conservadora reconoce que se había llegado a "un pacto de caballeros" entre todos los portavoces de los grupos parlamentarios con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando se decretó el estado de alarma para reducir al máximo el número de diputados presentes en el pleno. De hecho, la Cámara incorporó el voto telemático para que todos los parlamentarios pudieran votar desde casa y solo tenían que acudir al pleno los portavoces para fijar posición. Sin embargo, Álvarez de Toledo reconoce que el PP aceptó esas condiciones "en contra" de su propia convicción: "No somos de mejor condición que un médico o un enfermero. Y somos esenciales".
Los conservadores habían amenazado con denunciar ante el Tribunal Constitucional el cierre del Parlamento, pero este martes por la tarde la Junta de Portavoces llegó a un consenso y decidió levantar el veto a las sesiones de control al Gobierno: el miércoles 15, los portavoces de los grupos de la oposición podrán preguntar de nuevo a los miembros del Ejecutivo, como reclamaban. En esa sesión se debatirá también un decreto ley que no puede debatirse esta semana por estar ausente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado dos veces positivo por coronavirus y está superando la enfermedad en su casa.
El Gobierno justificaba su ausencia en la sesión de control en el Parlamento con las ruedas de prensa diarias donde actualiza datos sobre el avance de la pandemia. Sin embargo, la oposición se ha revuelto por lo que consideran un cerrojazo del control legislativo en un momento en el que el país atraviesa la mayor crisis de su historia reciente. "En una democracia parlamentaria los diputados somos esenciales. Realizamos un servicio fundamental a la nación. Somos los primeros servidores de los ciudadanos", justifica Álvarez de Toledo, que insiste en que "los diputados no somos de mejor condición que los médicos, enfermeras, policías, guardias civiles, cajeras ni nuestra función es menos importante. Tenemos más responsabilidad que todos ellos. La primera responsabilidad política del país. Y tenemos el deber y también el derecho de ejercerla".
Los conservadores también han conseguido que se levanten la suspensión del cómputo de plazos de tramitación de iniciativas, que la Mesa del Congreso había congelado el 19 de marzo también con el pretexto del estado de alarma. Esa suspensión anulaba la capacidad de control de la oposición, ya que la tramitación legislativa quedaba congelada hasta que se levantara el estado de excepcionalidad que atraviesa el país. En opinión de los populares, la Mesa se habría excedido en sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación política de los diputados.
Tras amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional si su ruego no era atendido, finalmente Batet ha accedido a esta solicitud y la suspensión de los plazos reglamentarios se levantará el lunes 13. Además, la Mesa del Congreso decidió en su reunión de este martes destinar los tres millones de euros que tenía en remanente en ayudas para superar la crisis del Covid-19.