El jefe de información económica de Moncloa, el doctor en Economía Daniel Fuentes, cree que "no sería una tontería" plantear "un sistema de financiación de la prensa como 'bien público' (que no de titularidad pública) basado en un bonus/malus que incentivase las buenas prácticas y penalizase las malas".
Fuentes, hasta las últimas elecciones miembro de la Oficina Económica de Presidencia y que desde la última remodelación del gabinete trabaja en el equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación, plantea que esa credibilidad podría quedar "acreditada por una asociación profesional independiente".
Así lo planteó el pasado viernes en su cuenta de Twitter uno de los hombres fuertes de Moncloa en estos momentos. Es uno de los responsables de darle estrategia a los mensajes económicos que quiere enviar el Gobierno para que, por ejemplo, la escalada de la prima de riesgo -40 puntos básicos hasta los 147 en las últimas tres semanas- quede difuminada por la catarata de reales decretos con "medidas socioeconómicas" para "proteger a las personas vulnerables" en la crisis del Covid-19.
Uno de los empeños de Moncloa desde el inicio del confinamiento por el coronavirus fue colocar en el imaginario de los ciudadanos la prevención contra los bulos y los fraudes. Los primeros por el riesgo de que la desinformación dificultara su gestión de la pandemia y la aceptación de las restricciones a la movilidad. Los segundos por la tendencia evidente que mostraría la delincuencia: a falta de calles, robemos en las redes.
Una mezcla consciente
El Gobierno supo mezclar ambos conceptos a través de sus portavoces técnicos. Después, cuando se rompió la inicial tregua política que hizo que hasta Vox le votara a favor de la primera prórroga del estado de alarma, el argumentario pasó al ataque y unió la crítica legítima de la oposición del PP a los mensajes radicales de los de Santiago Abascal en sus cuentas de Twitter... recuerden el montaje fotográfico de los ataúdes en la Gran Vía madrileña. En lugar de levantar la voz y aplicarle un adjetivo a estas técnicas se les puso bajo el mismo sustantivo: "Bulo".
Finalmente, al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, se le escapó el domingo pasado que entre las distintas misiones de la Benemérita se encuentra la de "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". Y se armó el taco: el PP exigió la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, Vox anunció una querella, las caceroladas cambiaron de destinatario -del Rey hace un mes al Gobierno ahora-, y el Ejecutivo optó por apartar a los uniformados de las ruedas de prensa diarias de Moncloa.
El portavoz económico del Partido Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha calificado de "extremadamente preocupante leer esta expresión" de Fuentes, pero no cree que sea aislada: "Por desgracia, forma parte de un conjunto de declaraciones desafortunadas y amenazantes contra la libertad de expresión y de comunicación a las que nos han acostumbrado a lo largo de las últimas semanas".
El CIS de Tezanos
Por ejemplo, hace 10 días, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los ciudadanos por primera vez si habría que prohibir la desinformación y los bulos difusión y limitar la información sobre la epidemia "a una única fuente oficial de información".
La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró esta cuestión "la particular apuesta del fiel militante Tezanos por un Ministerio de la Verdad". Y en la misma línea se expresó el vicepresidente del PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que se cuestionó por qué no se preguntaba también "si se debe quemar a las brujas".
Desde Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, se sorprendió con las preguntas del CIS: "No pueden ser más capciosas", dijo. "Me atrevería a decir que ni el CEO controlado por nacionalistas ha ido nunca tan lejos".
El jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara y vicepresidente Acción Política, Jorge Buxadé, acusó a José Félix Tezanos (director del CIS) de haberse unido "al golpe institucional" a principios democráticos esenciales, entre los que cita "el pluralismo político, el control al Gobierno y la libertad de prensa y de expresión".
Cambio de planes en Moncloa
Fuentes ya no está en la oficina económica del presidente, pero su papel no ha perdido peso en esta legislatura. La decisión de Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez, en la remodelación a la que sometió toda la estructura de Presidencia en enero lo colocó como el máximo responsable de una de las patas clave del Ejecutivo: la información económica.
Así lo preconfiguró el presidente al inaugurar su Gobeirno de coalición: en esta etapa importarían mucho los números. Así, se le dio a Arancha González Laya el Minsterio de Exteriores "porque la diplomacia será económica"; se ascendió a Nadia Calviño y a Teresa Ribera a vicepresidentas -"porque hay que afrontar la transformación digital y ecológica de nuestro sistema productivo"-; y se le dio la portavocía a María Jesús Montero, ministra de Hacienda...
Todos esos mensajes los coordinaba Daniel Fuentes, y más ahora que la emergencia sanitaria y socioeconómica del coronavirus ha atropellado todos los planes. Pero las sospechas de que "aquí hay alguien buscando un cambio de régimen aprovechando la crisis", que han deslizado varios líderes parlamentarios de la oposición, sube su nivel de alerta con los supuestos ataques a la libertad de información.
"Han dado 15 millones a las televisiones amigas", apuntó Cayetana Álvarez de Toledo hace dos semanas. "Agencias cercanas al Gobierno controlan las redes y dan certificados de credibilidad", apuntan desde Vox...
Lo cierto es que "el periodismo en un sistema democrático y tolerante no puede depender de ninguna ayuda pública", explica Garcés a EL ESPAÑOL, "y mucho menos basada en la fiscalización de contenidos". Según el parlamentario popular, "el único bonus posible es la garantía innegociable de la libertad, y el único malus, el estatismo y el control de medios”.
Derogar o invocar
También hay que recordar que el pasado 6 de marzo Unidas Podemos presentó una proposición de ley orgánica para la derogación de varios artículos del Código Penal relativos a la libertad de expresión y que permitirían, teóricamente, sancionar esos bulos. Entre ellos, el 504, que sanciona a "los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación".
Pero ahora fue precisamente ese artículo el invocado el pasado 6 de abril por los diputados morados Enrique Santiago y Martina Velarde ne una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El motivo, la supuesta existencia de una organización criminal dedicada a la propagación de bulos contra el Gobierno.