El Gobierno quiere dar "incentivos para la vuelta al trabajo" que acompañen la desescalada. Y, en esa tesitura, está diseñando una especie de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) a la inversa que ayude a los empresarios a asumir a la bolsa de empleados que, de golpe, se fueron a su casa con el cese de actividad impuesto al inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. La medida, según fuentes del Ejecutivo, pretende facilitar la reincorporación gradual de los trabajadores para acompasar los ritmos, según los sectores de actividad.
Y es que la herramienta de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha resultado ser la más útil para Pedro Sánchez para afrontar esta crisis socioeconómica. Le evita computar a millones de trabajadores en las listas del paro, mantiene la vinculación contractual de los empleados con sus empresas y, a pesar de los retrasos en los cobros de la prestación, ha sido ágil en su tramitación.
A pesar de que los ERTE por fuerza mayor provocada por el coronavirus habían gustado tanto en las patronales como en los sindicatos por las ventajas que suponen, levantaron la voz ante la condición de que se circunscribieran exclusivamente al estado de alarma y que el empleador estuviera obligado a recuperar a todos los trabajadores y a no poder despedir a ninguno de ellos al menos durante seis meses.
"Esto supondrá más paro aún que si no hubiéramos podido utilizar esta figura jurídica", advirtió la CEOE.
Pasadas las semanas, el Gobierno asumió este obstáculo, como informó Invertia, y admitió la posibilidad de que las empresas recurrieran a pedir un nuevo ERTE. Eso sí, ya sin las condiciones especiales decretadas por el Covid-19.
Tres pilares
"Cualquier expediente de regulación de empleo es renegociable", explicaron. "Lo que termina con el estado de alarma son las condiciones especiales de estos ERTE habilitadas por este Ministerio". Cabe recordar que dichas condiciones permiten que las empresas queden exoneradas del pago de cotizaciones sociales y que los trabajadores afectados reciban prestación de desempleo sin gastar el paro acumulado. Es decir, que se interrumpe la actividad pero sin destruir empleo.
Ahora se da un paso adelante con los ERTE a la inversa, una medida que este lunes aún se negociaba en la sede del departamento de Yolanda Díaz con los agentes sociales.
Según fuentes del Gobierno, el planteamiento de la Administración se apoya en tres pilares. El primero es el de las actividades que vuelven a pleno rendimiento en el momento en que Sanidad dé su permiso. Ésas -por ejemplo, algunas industrias o el sector de la construcción-, en principio, asumirán a sus trabajadores como muy tarde un mes después del fin de la vigencia del decreto del estado de alarma.
Y los otros dos son aquellos sectores que al levantar la persiana se ven incapacitados para asumir toda la plantilla de una vez. Para ellos -por ejemplo, el sector servicios o los comercios-, el Ejecutivo propone dos vías: o bien asumen al 100% de sus empleados con una ayuda del Gobierno -vía subvención o exención de cotizaciones- o bien los recuperan gradualmente en una escala basada en los pasos que vayan dando en su recuperación del volumen de negocio.
Rigidez
Y es que desde el inicio de la aplicación de los ERTE, las patronales (CEOE, Cepyme y las asociaciones de autónomos) señalaron un problema: La rigidez que preveía el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Según su disposición adicional primera, los ERTE no podrán extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del Covid-19.
Es decir, una limitación temporal que ponía en riesgo la recuperación económica en el desconfinamiento. Por ejemplo, en el caso de las empresas turísticas cuyos ERTE, por fuerza, durarán más meses. Es el caso de Iberia, que presentó un ERTE de fuerza mayor durante los próximos tres meses debido a las restricciones de vuelos por el Covid-19 que afectará al 82% de su plantilla, 13.900 de los 17.000 empleados con que cuenta la aerolínea.