La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, lleva al Consejo de Ministros su anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, incluye un punto que se inmiscuye en las competencias autonómicas en Medio Ambiente en un aspecto muy concreto, el de las zonas de bajas emisiones de las ciudades, que impedirá que la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital cambien cualquier aspecto de Madrid Central.
El combate que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez contra la oposición férrea que se ha encontrado en Isabel Díaz Ayuso durante la crisis del coronavirus abre, pues, un nuevo frente este mismo martes 19 de mayo.
El proyecto que impuso el equipo de gobierno de Manuela Carmena, aunque no se incluía en su programa, fue uno de los puntos más polémicos de la campaña electoral de hace ahora un año.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Ejecutivo.
Las elecciones del 26 de mayo de 2019 dieron la victoria al centro derecha en la ciudad y la región de Madrid contra todo pronóstico. Y las listas del PP, tanto la de José Luis Martínez Almeida como la de Ayuso, anunciaban una revisión del cierre de la almendra central al tráfico rodado particular.
Madrid 360
Tras la sorpresa de las urnas, el PP acordó la investidura de en una coalición con Ciudadanos y el apoyo a la investidura de los representantes de Vox. En ese momento estalló la guerra ideológica. Y el entonces Ministerio de Medio Ambiente, ahora Vicepresidencia cuarta del Ejecutivo, que había imitado el plan de Carmena en su abortado anteproyecto de ley, lo detalló con blindajes en el artículo 12.3) del texto.
Según el documento que aprobará el Gobierno este martes, para su posterior remisión a las Cortes, "cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente".
Es decir, nominalmente no se le retiran las competencias en Medio Ambiente a la Comunidad de Madrid -y con ella, cabe reseñar, a todas las demás autonomías con las competencias transferidas-, pero el Ministerio se cuela en un punto muy concreto de la gestión.
Almeida y Carmena, en la Feria del Libro de Madrid
Hay que recordar que ni Almeida ni Ayuso desmantelaron la zona de bajas emisiones. Simplemente la rediseñaron llamándola Madrid 360 y añadieron "mejoras" para los barrios afectados. Y en algunos casos más restrictivas que las que impuso la administración municipal anterior.
Por ejemplo, los residentes dejaron de poder gestionar invitaciones de acceso a la zona central a vehículos sin distintivo ambiental. En otros aspectos, más relajadas: los padres con hijos en colegios, institutos o guarderías del centro pasaron a tener permiso para circular y estacionar temporalmente en la zona de bajas emisiones sin problema.
La ley y sus blindajes
Pero cuando entre en vigor la nueva norma redactada por el equipo de Ribera -previsiblemente en 2021- se establecerá que no más tarde de 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes tengan que contar con zonas de bajas emisiones similares a la de la capital. También se impulsan medidas de mejora de transportes públicos y desplazamientos por otros medios como a pie o bicicleta u "otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables".
Esta es una ley que lleva más de un año de retraso. La entonces ministra Ribera ya la llevó al Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, y el gabinete ya le dio su visto bueno al anteproyecto.
La vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera
El texto retomado ahora prevé también "medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y su "electrificación" o cambio del parque de autobuses para que todos utilicen "combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano". En este punto se reclama el "impulso de la movilidad eléctrica compartida".
Ribera también exigirá que las diferentes administraciones fomenten "el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga". Para eso, la norma impone todas las reglas para que las empresas concesionarias de licencias de gasolineras instalen suministradores.
Otra recentralización
Todos estos aspectos desarrollan el Plan Nacional de Calidad del Aire. Un paquete de 57 medidas presentado el pasado septiembre con las que el Gobierno de Sánchez buscaba reducir la contaminación atmosférica y que envió a la Comisión Europea. Bruselas pretende aprobar, por su parte, una ley europea de cambio climático. La idea que se impone es que "el uso del vehículo privado en entornos urbanos se reduzca en un 35% hasta 2030 y los tráficos interurbanos en un 1,5% anual".
Para lograr ese objetivo, el Gobierno se inmiscuye en las competencias autonómicas y abre una batalla directa con las autonomías gobernadas por el PP. Los populares, si bien fueron sus gobiernos los primeros que crearon un Ministerio de Medio Ambiente (en 1996), tienen una visión más pragmática, en la que conjugan los avances hacia el cumplimiento del Acuerdo de París con la actividad económica.
Pero es que esta ley también se adentra en otra de las competencias transferidas a las CCAA, como la educación. Así, el artículo 31) sobre Educación y capacitación frente al cambio climático impone que "el sistema educativo español promueva la implicación de la sociedad [...] reforzando el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones [...] y la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social".
Así, "el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de las enseñanzas" obligatorias, profesionales y universitarias "incluyendo los elementos necesarios para hacer realidad una educación para el desarrollo sostenible". En ese sentido, el Ejecutivo se dota de la capacidad para "impulsar las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia".