Pedro Sánchez ha engarzado la crisis sanitaria del coronavirus con la "unidad" que ha salvado "hasta 30.000 vidas", la "solidaridad necesaria" que le hizo anunciar que pondrá en marcha de inmediato "el Ingreso Mínimo Vital" y "el pilar europeo", que le sirvió para celebrar el compromiso de impulsar un fondo de 500.000 millones a fondo perdido alcanzado esta semana entre Alemania y Francia.
Le añadió una petición de "disculpas a los ciudadanos por los errores propios". Un elemento novedoso de su discurso, 71 días después de que todo esto empezara, aunque escondido en la maraña de más de una hora de palabras en el atril. "Esos errores fueron a causa de la excepcionalidad de la crisis", apuntó a medias entre una disculpa y una justificación para pedir 15 días más de esa excepcionalidad.
"Hoy quiero reconocer la gestión de todos, no hay satisfacción posible en una crisis que comporta la pérdida de miles de vidas, apuntó. "Pero si hemos parado juntos al virus, culminemos con unidad esta victoria y la reconstrucción social y económica del país".
Porque según su alocución, sin "el plan de desescalada, los acuerdos de reconstrucción del Congreso y el dinero de Europa" ni Sánchez ni nadie nos podría sacar de una crisis que ya ha costado 140.000 millones, que ha aumentado la deuda pública en casi un 2% en un solo mes y que tiene a más de cinco millones de españoles mano sobre mano. Pero que sobre todo que ha causado más de 27.000 muertos, según las cifras oficiales.
Cuatro reflexiones
El presidente defendió la quinta prórroga del estado de alarma con cuatro reflexiones. Pero la primera de todas era algo tramposa, pues consistía en la respuesta a dos acusaciones que nadie le había hecho. "El estado de alarma es legal", dijo, como si alguien se lo hubiera puesto en duda. Y "el sistema jurídico opera por economía y eficiencia", una nueva manera de decir que sería un lío tener que aplicar varias "leyes ordinarias para gobernar una situación extraordinaria como ésta".
Eso es lo que le pidió luego Pablo Casado, dándole detalles de que "sí se puede" hacer la transición de vuelta a la normalidad aplicando esas normas jurídicas -las leyes de Sanidad- que "permiten limitar la actividad de sectores económicos" y poner industrias al servicio del sistema de salud.
Pero en lugar de eso, y como consecuencia de los dos pilares un tanto forzados en los que apoyó la defensa de su quinta petición de 15 días más de alarma, la segunda reflexión fue el anuncio de que ya está en marcha la reforma de esas leyes ordinarias. "Cambiaremos la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud Pública y la Ley de Seguridad Nacional", anunció, "para dotarnos de mejores herramientas para futuras situaciones como ésta".
La tercera fue una eficaz demostración dialéctica de que no se gana nada rechazando el estado de alarma y sí se perdería: "¿Qué beneficios obtendríamos de levantar el estado de alarma? ¿Reuniones sin límites, desplazamientos sin límites, aglomeraciones sin límite? Sería una irresponsabilidad extraordinaria... y no es momento de hacerlo". El presidente miró a la Cámara y comprobó que "estamos de acuerdo todos en ello". Y añadió, con aplomo, "y lo estaremos más allá de lo que vayan ustedes a votar aquí".
Porque, "¿qué otro derecho se ha limitado? ¿El de información, el de la intimidad, el de expresión? Ningún otro de los derechos individuales han sido limitados", cerró.
Y la cuarta reflexión fue el guiño necesario a los más enfadados con él, los partidos nacionalistas: "No hay contradicción entre el estado de alarma y la desescalada institucional". Al contrario, apuntó, "son complementarios, y ya está demostrado cómo la transición a la nueva normalidad va eliminando mandos excepcionales". Sánchez levantó la bandera del "Estado autonómico" para dejar claro que no quiere mantener competencias excepionales "ni un minuto más de lo necesario", y le colocó algo parecido al corazón de Ciudadanos cuando añadió "...creemos en el Estado autonómico en su composición actual".
La ideología
"La prórroga que pedimos es de 15 días, la epidemia pide prudencia, pero ni un día más de lo necesario", señaló mezclando el compromiso con Arrimadas y la exigencia indepe. "Sólo lo queremos para salvar vidas, defender la salud pública y garantizar los fundamentos de nuestra propia convivencia".
Esos fundamentos fueron los que le permitieron al presidente engarzar la crisis con su programa de Gobierno. Y es que cuando llegue la normalidad -"nueva" o no-, "habrá que cambiar muchas cosas: y lo decidiremos entre todos y con el voto de los ciudadanos". Sánchez prometió que "en ningún caso serán cosas que se hayan decidido desde la excepcionalidad, y ése es un compromiso de este Gobierno. Quiero que quede claro". En ese momento, el realizador enfocó a Pablo Iglesias en su escaño por primera vez. No podía ser casual.
Claro, que ese compromiso vino unido de inmediato a otro: el de que las políticas "para salir de esta crisis" serán las opuestas a las que se aplicaron en la de 2008. "Porque el origen de esta crisis es completamente distinto". Es decir, que no teman los que creen que el estado de alarma es una excusa para un cambio de régimen, como advierten desde las filas del PP. Pero que estén atentos, porque sí aciertan en advertir una ideología concreta detrás de las medidas socioeconómicas decretadas en estos dos meses largos. Y ésa sí sobrevivirá a la excepcionalidad.
Ahí, Sánchez contabilizó los 138.000 millones de euros que ya se ha gastado el Gobierno en la emergencia, desde el pasado marzo. Si el compromiso europeo es el de liberar 500.000 millones para repartir entre los 27 Estados miembro, el paso de ese montante por el cuello del embudo de Bruselas nos va a cubrir muy poco ese agujero.
La geometría de Sánchez
El debate de la quinta prórroga del estado de alarma se presentaba este miércoles como la constatación de que algo ha cambiado en la política española. Si Ciudadanos antes se negaba a apoyar a un Gobierno del PSOE en el que estuviera Podemos. Si Inés Arrimadas jamás daría sus votos a un Ejecutivo que hubiera llegado a Moncloa de la mano de los separatistas, ahora ya van dos ocasiones en las que llega a un pacto con ese Pedro Sánchez.
Pero en realidad todo eso habrá que verlo cuando acabe la excepcionalidad. La misma excepcionalidad que está sosteniendo el partido liberal por "responsabilidad" y a cambio de compromisos por escrito. Y ahí está la clave: mirando los tres puntos de hace dos semanas y los seis de este martes, la verdad es que el Gobierno no se sale de su programa de investidura, ése que les valió a Esquerra Republicana y a Bildu para aplaudir en enero, ni Cs logra que se ponga negro sobre blanco que el PSOE renuncia a volverse con ellos.
"Gracias a Ciudadanos no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad de los españoles", presumía en una nota el partido de Arrimadas al anunciar el pacto. "No me consta nada de eso", respondió la ministra portavoz de inmediato, en rueda de prensa. Fuentes de los liberales aclaraban que, bueno, que el secreto estaba en que la "mesa de diálogo" con el independentismo no estará vinculada al estado de alarma, es decir que Sánchez no la puede utilizar para conseguir el voto de ERC.
Pero ni el Gobierno aceptó admitir eso en público ni Ciudadanos pudo demostrar que tal compromiso tenga un vínculo más allá de la alarma. Vamos, que a la llegada de la "nueva normalidad" es más que probable que volvamos a la de siempre. La geometría de Pedro Sánchez no es tan variable. Aunque ahora hasta a los de Gabriel Rufián les conviene mostrarse como traicionados.