El Partido Popular exigirá que el decreto del Ingreso Mínimo Vital se tramite como Proyecto de Ley. El partido de Pablo Casado quiere poder estudiar el texto e introducir enmiendas. Si si el IMV es "la cuarta pata del Estado del bienestar", ¿por qué se aprueba a golpe de decreto?
Después de más de dos meses de tiras y aflojas dentro del mismo Gobierno, este viernes comparecieron el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Juntos, pero no revueltos, presentaron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) celebrando "un día histórico para la democracia" porque "nace un nuevo derecho social en España". Pero si es "un derecho", si es "histórico" e "imprescindible", no tiene sentido que se apruebe por un 'decretazo'.
El proyecto era un compromiso del Gobierno, el propio Escrivá lo defendió en su presentación como ministro en el Congreso como algo "necesario". Y fue su empeño en "diseñarlo bien" lo que puso de los nervios a Iglesias, al punto de que sus prisas lo metieron en más de un lío. El ansia morada por colocarse la medalla lo llevó a anunciar un acuerdo que no era tal para sacar adelante un parche "temporal" de esta medida hace mes y medio. Y se llevó los pescozones públicos de la portavoz, María Jesús Montero, y privados del presidente, Pedro Sánchez.
Entonces, si era el proyecto estrella de un departamento como el de Inclusión y Seguridad Social que pretendía lograr "el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia en 2006", los populares se preguntan por qué no se tramita como las cosas serias en una democracia, es decir, llevándola al Parlamento.
"Es la emergencia social", alegan desde el Gobierno. "Había que sacarlo ya". Pero fuentes parlamentarias de la oposición no dejan de quejarse de que este Gobierno le ha cogido costumbre a gobernar a golpe de decreto "y hurtar al Congreso su labor". Por eso mismo, el Grupo Parlamentario Popular advierte de que exigirá la tramitación del Real Decreto como Proyecto de Ley para poder introducir enmiendas que mejoren el texto.
"¿Sólo propaganda?"
Hay otro motivo por el que los populares rechazan la vía urgente del decreto. El Gobierno alega que hay que "atender ya a las familias empobrecidas por la crisis del coronavirus", pero los estudios en los que se basa el IMV toman como referencia las rentas de 2019. El Partido Popular cree que el Gobierno ha hecho "demasiada propaganda" aprovechando la epidemia, a la luz de este extremo, revelado por Iglesias y Escrivá.
"No está nada claro", con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, "cómo podrán acogerse a ese nuevo IMV las personas y familias que se han visto empujadas a la pobreza debido a la crisis económica que ha provocado la gestión del Covid-19", se pregunta la diputada Marcos. "Nos cuentan que lo han puesto en marcha con urgencia por el coronavirus, pero los requisitos para ser beneficiario se remontan a la falta de ingresos en 2019".
En todo caso, el PP aún no ha definido una postura oficial a favor o en contra de este proyecto de IMV, entre otras cosas, porque aún no han podido acceder al texto legal, más allá de lo adelantado por éste y otros medios. Pero lo cierto es que casi todas las Comunidades Autónomas, gobernadas por los populares o por los socialistas, tienen ya una prestación similar al IMV, por lo que parece evidente que la filosofía misma de la idea no choca con los postulados del PP.
Sin embargo, Pilar Marcos advierte de que estarán muy atentos "cómo se engarza el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno Sánchez con el sistema de Rentas Mínimas de Inserción autonómicas ya existente" en las autonomías.
Para la diputada del PP, si la nueva prestación va a ser compatible con esas prestaciones "de inserción para las personas y familias más vulnerables" de las CCAA, tal como dice el Gobierno, "lo primero que habrá que averiguar, leyendo despacio el BOE cuando publiquen la norma", es si habrá solo un cambio de pagador y de denominación de la renta mínima. "¿Tanta propaganda solo para eso?", se pregunta.
"Discriminación" entre CCAA
Además, los de Casado denuncian "el trato desigual" y privilegiado que ha concedido el Gobierno a País Vasco y Navarra, únicas CCAA a las que ha concedido la gestión de la nueva prestación. "Habrá que dilucidar por qué unas autonomías van a gestionar el IMV, y las demás no. ¿A qué obedece esa discriminación? Habrá que saber cuál es la justificación", plantea el PP.
Este punto es clave, porque tal como explicaba Escrivá, el IMV "será compatible con las rentas mínimas de las autonomías", de forma que el Ingreso Mínimo diseñado por el Ejecutivo central "fijará un suelo común entre los 460 y los 1.015 euros al mes para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno".
Desde que el Ministerio de Inclusión y Seguridad social anunció este punto, hace un par de semanas, se levantaron voces en las filas de los populares y de Ciudadanos planteando que la medida, así planteada, podía ser discriminatoria. Pero el propio ministro admitía este viernes que, una vez fijado este suelo, las CCAA podrán "reasignar recursos a otros fines" si así lo estiman.
Es decir, que en el caso vasco y navarro esto puede quedar en un nuevo caso de sobrefinanciación y, además, en un punto ciego para poder medirla. De hecho, fuentes del PNV confirmaron a este periódico que su "depósito de confianza agotado" tras el pacto del Gobierno con Bildu, "se ha empezado a llenar tras el acuerdo alcanzado con el IMV".