La reactivación progresiva del tejido productivo y las actividades no esenciales todavía no convence a los ciudadanos en su percepción sobre la salud de la economía española. El 74% cree que la situación económica es mala o muy mala, según se desprende del sondeo de EL ESPAÑOL elaborado por SocioMétrica.
La adscripción ideológica de los consultados incide en su percepción de si es “mala” o “muy mala” la situación, pero con pocos matices. Destaca el hecho de que no hay una mayoría de votantes de ningún partido que considere que la coyuntura económica sea “ni buena ni mala”, “buena” o “muy buena”.
Esta desaprobación general contrasta con el último barómetro del CIS que reflejaba cómo un 45,9% de los consultados veía “buena” la coyuntura económica frente a un 30,9% que la veía “mala” y sólo un 9,6% la consideraba “muy mala”.
En poco menos de dos semanas de diferencia, los españoles que son pesimistas con la evolución económica se habrían doblado respecto a la encuesta del ente dirigido por José Félix Tezanos.
Si se observa en función del partido a quienes los españoles depositan su confianza, los votantes del PP (73,7%), de Vox (79,2%) y Ciudadanos (62,7%) se inclinan por valorarla como “muy mala”, mientras que los de PSOE (41,4%), Unidas Podemos (30,2%) o nacionalistas (35,8%) la evalúan como “mala” a secas. En paralelo, entre los electores del resto de formaciones o abstencionistas, el 55,4% califica la situación económica de “muy mala”.
La perspectiva sobre la situación económica en función del voto.
Pactos transversales
No obstante, las decisiones sobre los elegidos a participar, las ausencias como la de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y los choques entre Unidas Podemos y Vox durante las primeras sesiones ha erosionado la confianza sobre la capacidad real de alcanzar gran pactos transversales.
Las propias dinámicas del primer Gobierno de coalición desde la restauración democrática tampoco han contribuido a fortalecer la imagen de unidad. Mientras que
los ministerios bajo cargos socialistas han buscado con más énfasis tender la mano a la oposición, los ministros morados -y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique- han cerrado filas para un frente de izquierdas.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha colocado en el debate público el concepto de “un escudo social” que proteja a los españoles de los estragos económicos de la pandemia y ha insistido en varias ocasiones en que las recetas para salir de la crisis serían “las opuestas a las del 2008”, en referencia a la crisis financiera y a las políticas de austeridad marcadas por Bruselas.
El lenguaje bélico empleado, equiparando las semanas más duras de la crisis sanitaria con una “guerra”, también dieron a entender que la respuesta elegida para afrontar era la que suele caracterizar los conflictos armadas: gasto público a fondo perdido.
ERTE
Respecto a la situación laboral de los consultados, el 34,6% afirma “estar trabajando” y cree que podrán “continuar en los próximos meses”. Seguidamente, el 7,9% reconoce estar parado pero cree que recuperará “el trabajo o negocio”. Un 6%, en cambio, se muestra menos optimista y cree que no recuperará el trabajo o negocio. Por último, el 3,3% admite “estar trabajando” pero consideran que perderán el trabajo o negocio “en algún momento en los próximos meses”.
De quienes expresan más probabilidad de perder el trabajo en los próximos seis meses, destacan los votantes de Vox (19,4%) y nacionalistas (16,8%). Aunque se trata de porcentajes pequeños.
El pasado miércoles 27 de mayo, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 18/2020 que habilita la ampliación de los expedientes de regularización de empleo temporales (ERTE) excepcionales hasta el 30 de junio y cambia su regulación.
De esta manera, se crean los ERTE por fuerza mayor parcial, que permiten a las empresas incorporar trabajadores poco a poco a la actividad pero al mismo tiempo mantener parte de los beneficios de los que disponen, como estar exoneradas de parte de las cuotas de la Seguridad Social.
Desde su anuncio por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los gestores y expertos calculan que más de 900.000 personas todavía no lo han cobrado. Situación parecida sucedió con el anuncio de una “prestación extraordinario” para los empleados del hogar. Como informó EL ESPAÑOL, el ministerio bajo el liderazgo de Díaz incumplió su propio plazo.
Renta mínima
En todo este despliegue de medidas económicas, la propuesta estrella ha sido la del Ingreso Mínimo Vital. Además fue una de las apuestas personales del vicepresidente segundo desde el inicio de la pandemia.
El líder morado lleva tres meses hablando de "escudo social" y de la necesidad de aprobar una renta mínima. En el seno del Ejecutivo se produjeron episodios de tensión por la declaración unilateral de Iglesias de sacar adelante un IMV temporal e implicando al ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá.
En un primer momento, el titular de Inclusión y Seguridad quiso ser prudente y no promocionar una medida que en ese momento estaba lejos de poder materializarse. Una vez logrado el consenso necesario y de ser aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, no apareció en el BOE del siguiente día.
Ficha técnica
Se han realizado 2.226 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 27 y 30 de mayo, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.