Pablo Iglesias conocía de primera mano la situación en las residencias de ancianos españolas gracias a la información de infecciones y fallecimientos transmitida por sus responsables a las delegaciones del Gobierno a través del formulario que estas les obligaban a cumplimentar a diario.
El dato, confirmado por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la patronal de las residencias de ancianos, pone en aprietos a un vicepresidente segundo del Gobierno que, a pesar de ostentar el mando de todos los servicios sociales desde el 19 de marzo, no ha cesado de descargar en las comunidades autónomas la responsabilidad por los fallecimientos ocurridos en los centros de mayores.
"Las residencias privadas y religiosas han informado a diario a los ayuntamientos, a las comunidades y a las delegaciones del Gobierno, que eran las encargadas de enviar a la UME", confirman fuentes del CEAPs. "Estas administraciones enviaban un formulario, con sus membretes distintivos, que las residencias debían cumplimentar a diario. No hacerlo podría haber sido incluso constitutivo de delito".
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En la práctica, eso quiere decir que el Gobierno, y por lo tanto también Pablo Iglesias, contaba con información diaria y actualizada de la evolución de la pandemia en las residencias de ancianos. "Cuando el Gobierno dice que no disponía de información, nos preguntamos qué pasaba con la información que nosotros le dábamos a las delegaciones del Gobierno", se preguntan en el CEAPs.
Corruptos y buitres
"No sabemos si es o no cierto que las comunidades no han informado como deberían, pero lo que está claro es que el Gobierno disponía de esa información a través de las delegaciones del Gobierno", afirman en el CEAPs. "Si eres delegado del Gobierno, se supone que debes facilitar esos datos a tu superior, ¿no es cierto? Esa información no depende en absoluto del gobierno autonómico".
La revelación del CEAPs llega después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, que también ha acusado a las residencias privadas de estar en manos de "corruptos y fondos buitre", desviara ayer de nuevo el foco de su responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid con la frase "lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si es que no es un crimen".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió a las acusaciones de Iglesias confirmando que estudia emprender acciones legales contra el vicepresidente segundo por sus declaraciones. "Si algo es criminal son sus palabras. Es impresentable cómo echa gasolina".
Información diaria
"Todos los formularios piden en líneas generales lo mismo", explican en el CEAPs. "Si la residencia está libre de Covid-19, ahí se acaba el formulario. Si no, has de detallar número de infecciones, de fallecimientos y otros datos secundarios. Y dar esa información no era optativo, sino obligatorio".
El formulario ha sido cumplimentado a diario por todas las residencias privadas y religiosas desde el pasado 21 de marzo. Es decir, dos días después de que Pablo Iglesias fuera puesto a cargo de los servicios sociales del mando único por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Dicho de otra manera. El líder de Podemos ha contado con información actualizada sobre la situación de las residencias desde 48 horas después de asumir la responsabilidad de los servicios sociales.
Sea casualidad o no, tres días después de recibir esos primeros datos, el 24 de marzo, el Ministerio de Sanidad publicó una orden en el BOE en la que se facultaba a las comunidades autónomas a intervenir en los centros residenciales privados. Algo que ha sido esgrimido en repetidas ocasiones por Pablo Iglesias como argumento para esquivar cualquier tipo de responsabilidad por el elevado número de fallecimientos.
Su responsabilidad
Según el líder de Podemos, el 19 de marzo, el día de su nombramiento como responsable de los servicios sociales del mando único, sólo se pretendió "reforzar a la única autoridad que tiene competencia en las residencias de ancianos que son las comunidades autónomas".
La afirmación de Iglesias restando importancia a su nombramiento se compadece mal con la realidad. Ese día, se saltó la cuarentena a la que estaba obligado para poder rentabilizar frente a las cámaras la toma de posesión de su nueva responsabilidad en un área que Podemos siempre ha considerado prioritaria.
De acuerdo a posteriores declaraciones de Iglesias, su nombramiento como máximo responsable de los servicios sociales apenas sirvió para tomar el control de la UME y para utilizar 300 millones de euros en la compra de un material sanitario que las residencias niegan haber recibido en los términos en que lo explica el Gobierno.
Pablo Iglesias también ha afirmado que el 19 de marzo se pidió a las comunidades "que situaran las residencias como prioritarias en los mismos términos que los hospitales para el reparto de EPIs".
No fue eso sin embargo lo que anunció Pablo Iglesias el 19 de marzo. Ese día, Iglesias decretó la medicalización de las residencias por parte del Gobierno y asumió personalmente la responsabilidad de la entrega del material de protección: "Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que estos equipos lleguen cuanto antes".
Privadas versus públicas
19.415 ancianos han muerto en las 5.457 residencias españolas desde el inicio de la epidemia. No existen datos detallados de la distribución del porcentaje de fallecimientos entre residencias privadas y públicas, pero el CEAPs afirma que el número de fallecimientos es mucho mayor en las segundas que en las primeras.
"Como no hay datos comunes, no conocemos las cifras exactas", afirman en el CEAPs. "Sabemos, eso sí, que ha habido muchos más fallecimientos en residencias públicas que en privadas. Es probable que ese sea el motivo de que no se quieran dar esos datos".
"Sabemos que hay más fallecimientos en las públicas porque hay zonas en las que ha habido fallecimientos y en las privadas no ha habido fallecimientos, de lo cual se deduce que esos fallecimientos se han producido en las públicas", confirman en el CEAPs.
La información parece coincidir con las cifras que han publicado algunos medios locales. En Cáceres, las residencias públicas sumaban 95 muertos el 30 de abril, por sólo 20 en las privadas. En Álava, la tasa de mortalidad en las residencias de la Diputación es del 8%. La de las residencias privadas, con casi cuatro veces más usuarios que las públicas, de sólo el 2,5%.
Aun así, no han sido pocos los responsables políticos del PSOE y de Podemos que han acusado a las residencias privadas de haber desatendido a sus mayores. Incluso el habitualmente moderado presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció el pasado 15 de abril una futura auditoría de las residencias de ancianos que hará especial hincapié en las privadas, a las que acusó de "buscar escaparse".
Centros abandonados
La criminalización de unas residencias privadas que han respondido mejor en líneas generales a la epidemia que las públicas fue contestada de forma contundente por la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado viernes.
Cinta Pascual afirmó que las residencias se habían sentido abandonadas por el Gobierno y acusó a este de haber hecho oídos sordos a las llamadas de auxilio de las residencias. "Solicitábamos reuniones y material y no nos contestaban o nos decían que nos entendían pero nada más. Pedimos reuniones con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Salvador Illa. Llamamos a Moncloa, Vicepresidencia, Sanidad, Defensa y Migraciones".
El CEAPs ha acusado también al Gobierno de haber priorizado la entrega de material de protección a los hospitales en detrimento de las residencias, e incluso de haberse incautado del material que estas habían podido conseguir en el mercado sanitario por su cuenta y riesgo, ante el abandono de Sanidad y de los servicios sociales de Iglesias.