Iglesias dice que "claro" que tenía los datos de las residencias y que por eso dio más poder a las CCAA

Pablo Iglesias presentaba este martes su anteproyecto de ley integral de protección de la infancia. Pero era el protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por su durísima ofensiva contra las residencias privadas de mayores y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pillado a otras Comunidades Autónomas de por medio, porque entre otros casos, el Gobierno no ha publicado aún los datos de los ancianos muertos los centros de mayores de cada CCAA. 

Iglesias admitió que "claro que conocíamos los informes diarios" de la tragedia que estaba ocurriendo en las residencias privadas, y que por esa razón, "en el marco de la división competencial, lo que hicimos fue aumentar las competencias de las autonomías".

Este martes, EL ESPAÑOL publicaba el lamento del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) -la patronal de las residencias privadas de personas mayores- por la "criminalización" a la que le está sometiendo el Ejecutivo y, concretamenteque, el vicepresidente Iglesias. Según los portavoces del CEAPs, el vicepresidente estuvo informado "día a día" a través de las delegaciones de Gobierno.

Pero Iglesias invirtió toda su rueda de prensa en señalar a los gobiernos autonómicos y, en cuanto venía a cuento, al de la Comunidad de Madrid: "Fue el consejero de Ayuso el que dijo que la orden de no aceptar a los residentes en los hospitales que era inmoral e ilegal", desafiaba Iglesias. "Era su consejero el que señalaba un escándalo evidente que, sin duda, puede tener consecuencias legales", advertía. "Y lo que es ilegal, lógicamente se debe perseguir", amenazaba.

"Es extremadamente grave que desde dentro del Gobierno de Ayuso se esté denunciando una orden inmoral", recargó después. "Son las familias las que están emprendiendo esas acciones legales que les corresponden", disparó... al punto de que fue preguntado por si el Gobierno estaba animando a denunciar a Ayuso y sus consejeros.

Iglesias no quiso responder pero no cejó en su ataque. "En la Vicepresidencia seguiremos trabajando con las CCAA para facilitar que se elaboren protocolos sensatos", dijo tomando carrerilla, "para evitar las condiciones escandalosas de precariedad en que trabajan muchos de los empleados de los dueños de estos centros, que en muchos casos son buitres con su dinero en paraísos fiscales".

El vicepresidente hacía todo lo posible por quitarse de encima la posible responsabilidad como vicepresidente de Derechos Sociales, en las residencias de ancianos. Y, ateniéndonos a la ley, hasta tiene razón: lo cierto es que este periódico ya publicó en su momento que ese departamento, según el propio Tribunal Constitucional, no tiene competencias, ya que están transferidas a las autonomías.

El vicepresidente Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ADP

Pero lo mismo dice el TC respecto al Ministerio de Sanidad, y sin embargo, Illa ha sido la referencia y mando único durante la emergencia. Como se constituyó el de Iglesias a partir del 19 de marzo.

"A nadie le puede sorprender la indignación", continuó explicando. Es más, machacó cuanto pudo al Gobierno de Ayuso, hurgando en la posible división entre PP y Cs para debilitar a la presidenta madrileña: "Es escandaloso que se manden cuatro correos y se diga que se enviaron por error y, "añadió en referencia al aparthotel en el que residió Ayuso durante su convalecencia, "es escandaloso que se haga un contrato público a Sarasola y se diga que se publica por error..."

La ley de infancia

En algún momento de la rueda de prensa también se habló de la ley de infancia, que se había aprobado en la primera reunión presencial del Consejo de Ministros tras las crisis del Covid-19.

Proteger a las niñas de hoy es asegurar el presente y sobre todo mejorar el futuro. Así presentó la portavoz, María Jesús Montero, la ley aprobada "que viene a completar parte del proyecto de este Gobierno, iniciado hace una semana con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital" que favorecerá, de inicio, a familias con niños "en situación de extrema vulnerabilidad".

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. ADP

Iglesias, en el tono sosegado que usa desde que es vicepresidente, lucía su "honor" por presentar esta ley "que algunos llaman ley Rhodes, por el papel que ha hecho este músico inglés en su promoción". Como ministro de Derechos Sociales ha pedido "el máximo consenso a las fuerzas políticas, porque la ideología no debe ser un obstáculo para proteger a la infancia de todo tipo de violencias". Citó la Constitución, los objetivos de la Agenda 2030, la Convención de los Derechos del Niño... "estábamos obligados y llegamos tarde", dijo, "pido perdón".

El maltrato infantil implica problemas psíquicos, físicos, una situación que pervive a largo plazo,. Garantizar que hay instituciones públicas que lo tratan de evitar es asegurar un mejor futuro: "Si la vida fuese un maratón, el maltrato infantil sería como quitarte una pierna y cargarte con una mochila de ladrillos para correrlo", dijo citando a James Rhodes. "Es un compromiso que esto nunca vuelva a ocurrir", prometió Iglesias, " a ningún niño en nuestro país".

El decreto de desescalada

La ministra portavoz también defendió el llamado "Fondo Covid", de 16.000 millones para las CCAA, "porque es un fondo que no tendrán que devolver, sino que es dinero que entrega el Gobierno para reforzar la sanidad pública y la educación", las bases, dijo, del Estado del bienestar.

El Gobierno opina que "sólo nos quedan unos metros" para llegar a la meta de la victoria contra el coronavirus. Y ha defendido el instrumento constitucional del estado de alarma, "porque demuestra que la Constitución nos da herramientas para responder a cualquier desafío, por duro que sea".

Salvador Illa, ministro de Sanidad, en la rueda de prensa de Moncloa. ADP

Eso sí, el virus sigue ahí, dijo la ministra, que comparecía también acompañada de Salvador Illa, ministro de Sanidad. "Y tenemos una responsabilidad cada uno, no podemos bajar la guardia pensando cada uno en nuestros seres queridos". Razón por la que el Gobierno aprobaba en esta misma sesión el decreto de "restricciones sanitarias" que regulará la "nueva normalidad" hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo.

El decreto recoge todas las medidas vigentes en el estado de alarma "que deben seguir vigentes hasta que se levante la emergencia sanitaria, declarándolo el Gobierno de forma motivada previo informe del CCAES y consulta a las CCAA".

La "nueva normalidad"

El decreto, explicó Illa, "contiene medidas de prevención e higiene, como el uso obligatorio de mascarillas, la higiene laboral y otros sectores de actividad como la hostelería y el comercio". A los centros de mayores se les obliga a "coordinarse con los de recursos sanitarios de cada autonomía, con planes de contingencia por si hay un rebrote".

Las medidas aplicables a las ligas profesionales de fútbol y baloncesto "serán decididas por el CSD", explicó el ministro, aclarando que en su opinión, no deberá haber público en las gradas hasta que todos los equipos no puedan permitírselo, según la situación sanitaria de su territorio.. Y en transportes se obliga a las empresas a mantener los registros de asientos preasignados a cada pasajero "como mínimo cuatro semanas, para facilitar la trazabilidad de los contagios".

Se podrán otorgar licencias urgentes para la fabricación de productos sanitarios y de protección. El Covid-19 "será una enfermedad de declaracion obligatoria urgente" y se obliga a las farmacéuticas a comunicar cualquier operación de producción a las autoridades, "para garantizar suministros ante la eventualidad de que hubiera un rebrote".

Sanidad además obligará a las autonomías a comunicar su censo de camas y UCI, además de los planes para escalar ambos recursos en caso de un rebrote "que tratamos de evitar por todos los medios".