El Estado y empresarios, obligados a mantener a 7.400 marroquíes que Rabat se niega a repatriar

Las ciudades de Ceuta y Melilla y los empresarios de explotaciones agrarias andaluzas se hacen cargo de miles de trabajadores marroquíes no incluidos en las repatriaciones del Gobierno de Rabat.

El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, sorprendía el martes con el anuncio de que “en 48 horas” repatriarían a los ciudadanos “vulnerables” bloqueados en España, sin hacer alusión a Ceuta y Melilla, al considerarlas “ciudades ocupadas”.

Sin embargo, esta primera fase afecta solo a los marroquíes con visado de corta estancia, y los que se encuentran en España por razones familiares, médicas o turísticas. La operación no contempla el traslado de las 7.000 trabajadores contratados en origen para recoger los frutos rojos en Huelva y de las que 3.000 ya han terminado la temporada, ni a los trabajadores transfronterizos de Nador y Castillejos cobijados en dependencias de las ciudades autónomas españolas.

De esta manera, se estima que cuando el país vecino finalice esta operación, seguirán desamparados en España, al menos 7.400 marroquíes de los 9.000 que se calcula están atrapados desde el 13 de marzo tras el cierre de las fronteras debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.

Las primeras repatriaciones en España, ya comenzaron en el mes de mayo, cuando Marruecos habilitó dos pasos fronterizos desde Ceuta y Melilla para sacar a 485 de sus ciudadanos; aunque la mayoría no eran trabajadores transfronterizos, sino personas con visado, e incluso se coló algún político binacional.

En Melilla, estiman que el 80% de los que atravesaron el 15 de mayo el pasillo humanitario de Beni Ensar no eran personas vulnerables, porque solo 40 de los 200 marroquíes repatriados estaban acogidos en las instalaciones municipales.

Coste de 300.000 euros

Actualmente siguen en Melilla entre 700 y 800 marroquíes, de los que 300 están acogidos por la ciudad en la plaza de toros. Mientras que en Ceuta habilitaron una nave industrial en el polígono de El Tarajal para acoger a 115 personas, lo que ha supuesto un coste de 300.000 euros a la ciudad hasta el momento, según datos facilitados por las autoridades a EL ESPAÑOL.

En cuanto a las temporeras, Marruecos considera vulnerables a 48 de las 7.000 mujeres que viajaron desde mediados de diciembre a Huelva para recoger los frutos rojos y los cítricos. Estos días solo volverán a su país dos mujeres embarazadas y cinco que dieron a luz estos meses.

A pesar de que disponen de un visado hasta el 30 de junio, estas mujeres deberían haber comenzado a retornar a partir de finales de mayo y progresivamente conforme iban quedándose sin trabajo. De esta manera, actualmente ya deberían haber vuelto aproximadamente 3.000 mujeres para reunirse con sus familias.

Marruecos alega como excusa los problemas de confinamiento para pasar la cuarentena. Sin embargo, la Junta de Andalucía se ofreció a realizarles los tests de coronavirus gratuitamente antes de salir de España para evitar la cuarentena a la llegada al país, que sufraga el Estado magrebí.

“Han estado en una zona libre de coronavirus, no ha habido ni un solo caso de contagio en el campo; y están aisladas. En cinco barcos volverían a Marruecos todas. Incluso se podrían utilizar los mismos barcos que están repatriando a los españoles y marroquíes residentes desde Tánger Med a Málaga”, alegan fuentes de la Administración española.

Sin negociación

Además, las asociaciones profesionales de Huelva se encargarían de organizar el viaje en barco desde Tarifa a Tánger, como cada temporada, y el billete lo pagarían las propias trabajadoras.

Desde al Administración española resaltan “la excelente disposición de los empresarios onubenses que se ofrecieron a darles alojamiento hasta su partida” en la comisión central de flujos migratorios, conformada por la patronal, los sindicatos y la administración. Además, mantienen que “su intención es atenderlas hasta que se marchen, frente a la postura de Marruecos de no permitir su retorno”.

Entre España y Marruecos no ha habido negociaciones, según ha podido saber este diario. Simplemente, escritos unilaterales desde España a Marruecos rogando al Gobierno que facilite la vuelta de estas trabajadoras “porque lo desean y se merecen un respeto. No se entiende que tengan que gastar el dinero que han ganado trabajando duramente en el campo una media de cinco meses”, mantiene la misma fuente.