Los letrados del Congreso de los Diputados han rechazado de plano la procedencia de abrir una comisión de investigación sobre los presuntos negocios ilegales del rey emérito. Y la argumentación principal para ello desbarata cualquier intento de opción de indagar sobre lo que Unidas Podemos calificaba de "posibles comisión, entre otros, de delitos de blanqueo de capitales del ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias". Incluso la que hoy está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Según el escrito de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso este periódico, "pretender una investigación parlamentaria" sobre estos hechos "vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del estado que despliegan sus efectos de forma permanente".
Los letrados circunscriben su respuesta, evidentemente, al ámbito de los eventuales trabajos en el Congreso solicitados por la formación de Pablo Iglesias. Y es que ésa es su competencia. Pero lo cierto es que el argumento esgrimido se remite a la Carta Magna, cuyo artículo 56.3 -"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad"- quedaría "vacío de contenido" si se investigan estos hechos.
Pablo Iglesias, ante un vaso con el escudo de España en la sala de prensa de Moncloa.
Y es que para los letrados, "aun pudiendo tener proyección en una etapa posterior, se corresponderían, sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél".
El escrito del Grupo Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común, signado con los apoyos de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez (salvo, claro, el PSOE), quería aprovechar que la Fiscalía del Tribunal Supremo había admitido a trámite las diligencias remitidas por la Fiscalía Anticorrupción para "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014".
La argumentación jurídica de los letrados del Congreso supone una enmienda a la de la propia Fiscalía General del Estado, que en su escrito sobre los hechos delimitaba las pesquisas sobre las actividades del emérito al tiempo posterior a la abdicación porque era el "momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad".
Un palo a Podemos
A esa frontera jurídica se atenía en esta ocasión Unidas Podemos -muy a su pesar, según las fuentes consultadas por este periódico- para tratar de que en esta ocasión "la solicitud contara con el más amplio consenso posible". Es decir, para vaciar de argumentos al PSOE, su socio de Gobierno que siempre se ha mostrado reticente a cualquier investigación parlamentaria sobre las presuntas corruptelas del padre del Rey.
Pero los letrados, en este punto, también le afean a Unidas Podemos esa argucia, con la que trataban de evitar otro rechazo de plano de su solicitud a la Mesa de la Cámara: "No obstante el planteamiento inicial, genérico y abstracto", apuntan los servicios jurídicos del Congreso, "la finalidad de la presente solicitud, tal y como queda patente en su exposición de motivos y en el apartado relativo a su objeto, es la creación de una Comisión de investigación en relación con cuestiones que afectan al ex Jefe del Estado".
Y es que, si bien el título de la comisión de investigación solicitada por los de Pablo Iglesias no mentaba a Juan Carlos (Comisión de investigación sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público), su nombre y cargo era lo más repetido en el texto.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en rueda de prensa.
La exposición de motivos, en cuatro puntos, se limita a relatar los presuntos hechos que hoy investiga la Fiscalía suiza. A saber, que "el día 8 de agosto de 2008, el gobierno de Arabia Saudí transfirió 100 millones de dólares" a una cuenta bancaria del banco Mirabaud "con sede en el paraíso fiscal de Bahamas" y que los "fondos provenían directamente del entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud".
Que la sociedad panameña Lucum Foundation, titular de la cuenta, está controlada por "meros testaferros y el verdadero dueño y único beneficiario [...] sería el ex Jefe de Estado Juan Carlos de Borbón". Que el emérito "dispuso de los fondos libremente hasta 2012", cuando transfirió "65 millones de euros a Corinna Larsen (hoy Corinna zu Sayn-Wittgenstein) y un millón de euros a otra mujer residente en Ginebra".
Fotomontaje de Corinna zu Sayn-Wittgenstein con Juan Carlos I. Al fondo, el AVE de Medina a La Meca.
Y que "estos movimientos podrían estar relacionados con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas españolas en Arabia Saudí". Algo, por otro lado, poco posible ya que la adjudicación de esa obra no tuvo lugar hasta 2011, tres años después de la supuesta comisión de 100 millones. Pago, en todo caso, muy extraño ya que las comisiones las suelen pagar los contratantes, no los contratadores.
Lo mismo ocurre en los cinco puntos en los que Unidas Podemos describía el objeto de la comisión de investigación solicitada. Se buscaría indagar sobre "redes y estructuras opacas", su "relación con el ex Jefe de Estado". La "actividad de promoción internacional" del reino saudí "y su relación con el ex Jefe de Estado".
Además, el posible "quid pro quo en forma de omisiones o donaciones en especie o dinerarias" en esas relaciones "entre el Gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado". Y el "grado de conocimiento" por parte de "empresas, organismos y departamentos del Gobierno" sobre los "movimientos de capital lícitos o ilícitos" producto de esas "presuntas actividades del ex Jefe de Estado".