La ministra de Igualdad comparecía este jueves en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados para ofrecer sus recetas en la desescalada y la recuperación económica y social de España tras la emergencia sanitaria del coronavirus. Uno de los anuncios más llamativos de Irene Montero fue el de que "los cálculos de las expertas nos hablan de que un sistema público de cuidados podrían crear 300.000 puestos de trabajo en el ámbito de lo público".
El caso es que esos puestos de trabajo irían todos contra el presupuesto público y, en un cálculo a la baja, no saldrían por menos de 6.000 millones de euros al año. Aplicando un ajustadísimo sueldo de 20.000 euros brutos por trabajador, ésas son las cuentas que habría que apuntar en el gasto de las Administraciones Públicas del Estado. Y eso que uno de los argumentos de Montero es que esos trabajos "feminizados y precarizados", tendrán que ser "mejor remunerados" para ganar en dignidad.
España, aseguraba la ministra, “tiene dos transiciones por delante: la ecológica y la feminista”. Al empleo verde se debe sumar, por la vía de crear un Sistema Estatal de Cuidados, “un empleo morado que sea público, que sea de calidad y que nos garantice, con dignidad, plenos derechos”.
Montero anuncia la creación de 300.000 empleos públicos
Pero es que además la afirmación de la ministra guardaba un par de trampas. Para empezar, la primera es que esos cálculos no se apoyan sobre ningún informe oficial -o incluso interno de Unidas Podemos, la candidatura por la que Montero fue elegida diputada y que hoy gobierna en coalición con el PSOE- al que hiciera referencia la ministra.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para tener acceso al estudio que eventualmente pudiera explicar la capacidad pública de generar esa cantidad de empleos "imprescindibles para la salida de la crisis en el ámbito de la dependencia, las residencias, la atención domiciliaria o las escuelas de educación infantil", como defendió la ministra. No hubo respuesta.
Cuatro políticas autonómicas
Y, en todo caso, la segunda salvedad es que esos sectores a los que hizo referencia Irene Montero son -todos ellos- políticas transferidas a las Comunidades Autónomas. Las escuelas de cero a tres años, que "no son aparcaniños, sino verdaderos centros educativos", afrontan una situación dificilísima en estos tiempos de desescalada, pero son las CCAA las que las rigen: si hay que multiplicar los profesores -ya sea en públicas o concertadas-, el dinero tendría que salir de los presupuestos autonómicos.
Los mismo en los cuidadores de atención domiciliaria. Las fuentes parlamentarias y autonómicas consultadas coinciden con Montero en que "es imprescindible reforzar ese sector". Pero se preguntan cómo podrán afrontar las regiones ese aumento que promueve Igualdad a través de lo que la ministra bautizó como "plan nacional por los cuidados".
Isabel Díaz Ayuso muestra una lista de residencias de mayores atendidas en la crisis del coronavirus.
Las residencias de mayores son el escenario de la tragedia. Y el de la pelea política posterior al paso del virus. El Gobierno anunció el pasado 19 de marzo que tomaba el control de todas ellas, pero el 23 de marzo ese control consistía, según el decreto aprobado en darle "más poder a las Comunidades Autónomas" para que los trabajadores de estos centros fueran tratados como los sanitarios, en cuanto a la prioridad para dotarles de equipos de protección individual (EPI), mascarillas y test de contagio por Covid-19.
El caso es que la mortandad en las residencias, cuya atención siempre estuvo en boca tanto del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como del ministro de Sanidad, Salvador Illa, aún no se ha comunicado. A pesar de que el Gobierno lleva más de dos meses asegurando que había dado orden a las CCAA para que entregaran esas cifras. Ahora, la guerra política entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Iglesias fue soslayada por Montero, y se limitó a incluir estos centros como parte del plan propuesto.
Sólo la Dependencia es una competencia que económicamente, es compartida. Las responsabilidades y competencias son autonómicas. Pero al promulgarse la ley en 2007, el Estado se comprometía a abonar "al menos el 50%" de los gastos en los que incurrieran los gobiernos regionales en el reconocimiento de estos nuevos derechos.
"¿De dónde sale?"
"Desde entonces, hay un déficit de financiación de unos 5.000 millones", admitió Pablo Iglesias en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción, hace ahora tres semanas. Y eso es porque el Gobierno no llega más que al 20% de cobertura de la Dependencia, según las fuentes autonómicas consultadas.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión para la Reconstrucción.
"Ahí puede estar el origen de la cifra dada por la ministra", explica a este periódico uno de los expertos preguntados por el cálculo de 300.000 puestos de trabajo "en el ámbito de lo público" que había anunciado el jueves por la mañana en el Congreso. "Cuando se presentaron a las elecciones, en su programa hablaban de 400.000 empleos y ahora de 300.000... es curioso, porque coincide más o menos con la lista de espera de demandantes que había hace dos años y que hay ahora".
En todo caso, las autonomías se harían cargo también de la mitad de los gastos que supusiera la subvención pública para la contratación de cuidadores amparada por la Ley de Dependencia. "¿De dónde va a salir todo eso?", se preguntan en las consejerías de Hacienda.
Quizá de ahí que la ministra hablara de un "pacto nacional por los cuidados"... porque la Comisión parlamentaria sólo dará conclusiones, si hay acuerdo, pero la Reconstrucción, en realidad, vendrá luego: con los Presupuestos, los fondos que lleguen de Europa, y su reparto. Y ésa será, de nuevo, otra pelea.