El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado valorar este lunes los señalamientos de miembros de Podemos, entre ellos el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, contra determinados periodistas y medios de comunicación a cuenta de su implicación en el conocido como caso Dina.
"Nunca he valorado procesos judiciales abiertos", ha contestado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa desde Lisboa cuando le han preguntado por la campaña que Podemos ha orquestado contra el periodista Vicente Vallés, por la cobertura que está haciendo de la investigación judicial en torno al robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.
Eso sí, Sánchez ha recordado que él ha sido también objeto de críticas desfavorables por parte de algunos medios de comunicación y nunca ha entrado a valorar esas apreciaciones, por lo que ahora tampoco iba a hacerlo cuando las críticas se dirigen a "un colega del Gobierno"."No voy a hacer valoraciones sobre un colega del Gobierno", ha zanjado.
En realidad, la pregunta que le había hecho la periodista no versaba sobre las críticas de medios de comunicación a Iglesias, sino sobre los señalamientos por parte de Podemos a periodistas y medios de comunicación, un comportamiento censurado por asociaciones profesionales de la prensa.
El juez que investiga esta pieza separada del caso Villajero retiró a Iglesias la condición de perjudicado en la causa tras haber acreditado que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham y tardó meses en devolvérsela.
Es más, desde el momento en que la tarjeta del móvil le fue devuelta a Pablo Iglesias a través del Grupo Zeta -adonde había llegado de manera anónima- hasta que Iglesias se la entregó a Bousselham, el dispositivo resultó dañado, mientras por el camino se publicó parte del contenido en medios de comunicación.
Para intentar aclarar estos hechos y comprobar la posible comisión de un posible delito de daños informáticos, el magistrado Manuel García Castellón ha solicitado una orden internacional de investigación ante las autoridades de Reino Unido para obtener datos de la empresa a la que se dirigió Dina Bousselham para recuperar el contenido de la tarjeta.