Atacar a la prensa desde el Gobierno, señalar a periodistas desde Moncloa, impulsar una comisión de investigación en el Congreso para someter a escrutinio las fuentes y proceder de reporteros, directores y medios cuya línea editorial es contraria a la ideología de uno de los partidos del Ejecutivo.
Todo eso es lo que lleva una semana larga haciendo Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, y que ha coronado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, justificándolo en que "en una democracia avanzada todos estamos sometidos a la crítica y al insulto".
Pero los partidos de la oposición no sólo han reaccionado con declaraciones en defensa de las libertades públicas, los derechos fundamentales y el equilibrio democrático de poderes. También han tomado iniciativas legales. Es el caso de la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, elegida en las listas de Ciudadanos en las últimas elecciones europeas. Pagaza ha mandado tres cartas este martes, preocupada por el ataque a los "medios de comunicación libres y plurales" que considera "fundamentales para una democracia saludable".
La europarlamentarias dirige las misivas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género; a la oficina del Defensor del Pueblo; y al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En sus escritos, Pagaza expresa su preocupación por estos señalamientos "desde los gobiernos o partidos de gobierno".
Carta de Maite Pagaza al Defensor del pueblo.
Para la europarlamentaria, las "manifestaciones contra los medios de comunicación emitidas por miembros del Gobierno, entre ellos, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, o portavoces de Podemos, uno de los partidos en el gobierno en la actualidad" son "preocupantes" como lo que "vemos en Polonia y Hungría, claramente".
Informe europeo
A la propia vicepresidenta de la Comisión Europea Jourova, le plantea la europarlamentaria liberal que "los promotores de esta 'campaña' de acoso contra medios de comunicación y periodistas concretos se aprovechan de su posición de poder de forma inapropiada". Y le pregunta si "considera que los medios de comunicación deben ser protegidos para tener la libertad necesaria para ejercer el control adecuado sobre la acción de Gobierno".
Incluso, Pagaza recuerda que la Comisión "está trabajando en el primer Informe sobre el Estado de Derecho" que se elabora desde las instituciones europeas. Y que éste, "entre otras cosas, analiza la situación del pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros, lo que también incluye el acceso a la información y el respeto a los medios".
Por eso, le plantea a Jouriva si la Comisión piensa incluir en el Plan de Acción de la UE para la Democracia "el análisis de la libertad de expresión y el debate democrático en España", así como las cuestiones del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación.
Defensor del pueblo
Este lunes era la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo la que planteaba que España estaría arriesgando un procedimiento de sanción basado en el artículo 7 del Tratado de la UE. Ese fue el camino que siguieron Polonia y Hungría en 2017 y 2018, dos gobiernos de derecha extrema que habían incurrido en ataques a las libertades públicas, en un caso contra la división de poderes y en el otro contra la libertad de expresión.
"Si de verdad se crea una comisión parlamentaria contra periodistas y medios de comunicación por publicar la verdad, España estaría incurriendo en un supuesto del artículo 7 del Tratado", sentenciaba un alto cargo del Parlamento Europeo en conversación con este periódico. Minutos después, la líder popular en la Eurocámara, Dolors Montserrat, dirigía una carta a la Comisión defendiendo la libertad de información y de prensa en esos mismos términos.
"Se aprovechan de su poder"
Así le plantea a la institución que preside en funciones (desde julio de 2017) el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán si va a "iniciar algún tipo de investigación para aclarar la naturaleza, intención y posibles consecuencias de las declaraciones realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias".
La tercera carta es similar a esta última, pero se da la circunstancia de que se dirige al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ésta es una institución que debe adoptar recomendaciones, asesorar en materia de transparencia, informar de procedimientos a los legisladores, evaluar el cumplimiento de la ley... y su presidencia lleva vacante desde hace tres años, tras el fallecimiento de Esther Arizmendi. Ocupa su puesto de manera interina desde el 19 de noviembre de 2017 Javier Amorós, con una larga carrera en puestos de la Administración Pública.