El Defensor del Pueblo investigará si el ataque de Iglesias a los periodistas vulnera el Buen Gobierno

"El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución". Así o dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. "Se reconocen y protegen los derechos a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", explica el artículo 20.1.d) de la Constitución.

"El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", añade el 20.4). Y, sobre todo, "estas libertades tienen tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título [...] y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen".

Con todo esto, el Defensor del Pueblo deberá abrir una investigación en el momento en que tramite la carta enviada este mismo martes, y a la que ha tenido acceso este periódico, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, elegida en las listas de Ciudadanos en los últimos comicios europeos. En ella, la política liberal pregunta a la oficina de Francisco Fernández Marugán si los ataques a la prensa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, están inclumpliendo la ley de Transparencia y Buen Gobierno, que "otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir su labor".

Carta de Maite Pagaza al Defensor del pueblo.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, califica en su artículo 29.1.i) la "obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales". Y esto es lo que significarían los ataques directos a periodistas y a la propia libertad de prensa en los que incurren desde hace un par de semanas tanto Iglesias como "otros dirigentes de Podemos", se escribe en la misiva.

Es más, según Pagaza, las palabras que este martes pronunción Iglesias desde la misma mesa de Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minsitros, "podrían formar parte de una 'campaña' de acoso contra medios de comunicación y periodistas concretos, en la que sus promotores, miembros del Gobierno de España, se estarían aprovechando de su poder y posición de forma inapropiada".

Y eso está contemplado también en la ley de buen gobierno, en su artículo 29.1.h), que sanciona como muy grave "la prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro".

Las sanciones

La norma prevé un régimen sancionador "que puede llevar a la destitución de los cargos públicos incumplidores", recuerda Pagaza al Defensor del Pueblo. El respeto de estos principios, apunta la eurodiputada, "es clave para la salud de nuestros sistemas democráticos, así como lo es el respeto de las libertades de expresión e información de los medios de comunicación, como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales y nuestra Constitución".

Efectivamente, la ley apunta a que estas infracciones "muy graves" serán castigadas con la "declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado" [...] y "la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo".

Este periódico se ha puesto en contacto con el legislador de esa norma, en la época del primer Gobierno de Mariano Rajoy, el año 2013. Y si bien considera que "esta ley se pensó más para que incumplimientos flagrantes de los principios legales que no tuviesen un recorrido penal no quedasen impunes", y que la interpretación que sugiere la eurodiputada liberal puede ser  un tanto forzada.

En todo caso, la incoación del expediente por parte del Defensor del Pueblo de lo que "sin duda han sido unas intervenciones reprobables", en palabras del ponente de la ley, podría hacer que esta iniciativa tuviese más recorrido. Deberían ser impulsadas, de hecho, desde el mismo Consejo de Ministros.

Porque "lo más grave es que desde Moncloa se está marcando una raya en el suelo para colocar a los periodistas buenos y a los malos, los que no deben ser creídos... y que éstos son los que critican a Podemos". En ese sentido, valga decir que los ataques de Iglesias a la prensa no están contribuyendo al buen ambiente interno en el seno del Gobierno.

Códigos éticos

Lo que sí parecen haber incumplido tanto Iglesias como el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, es el código ético del Congreso de los Diputados. Acordado el 28 de febrero por la Mesa de la Cámara Baja, este documento establece en su artículo 2) que "en el ejercicio de sus funciones, los diputados deben actuar [...] con respeto hacia los demás miembros de la Cámara y a la ciudadanía en general".

O el mismo código ético de Podemos, que en el punto VI de los compromisos de todo militante explica que prometen "debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, para lo que se fomentarán el diálogo y la búsqueda de consenso".

Lo cierto es que, como ya informó EL ESPAÑOL, Maite Pagaza no sólo ha enviado esta carta al Defensor del Pueblo. También ha enviado misivas similares al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano nacido de la ley de 2013, y a la misma vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

Artículo 7 del Tratado

En todas ellas se advierte de que "los líderes de partidos en el Gobierno no deben caer en la tentación de limitar el trabajo de los medios de comunicación". E incluso se le plantea a la miembro del órgano ejecutivo europeo si la Comisión "piensa incluir en el Plan de Acción de la UE para la Democracia el análisis de la libertad de expresión y el debate democrático en España, así como las cuestiones del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación".

La propia comisaria Jourova ya advertía en una respuesta por escrito el lunes que "la Comisión está supervisando las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus" y que "está evaluando si las medidas adoptadas guardan coherencia con los valores esenciales de la Unión recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea".

Esto encajaría con el escrito enviado el lunes por el grupo popular en la Eurocámara ala Comisión en el que se preguntaba si los ataques de Iglesias a los periodistas podrían estar haciendo incurrir a España en motivo de sanción a través del artículo 7) del Tratado, por incumplimiento del artículo 2).