¿Cómo puede afectar a Felipe VI y a la Monarquía el último gran escándalo de Juan Carlos I?

La noticia de que Juan Carlos I encargó desde su despacho en el palacio de la Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero saudí en Suiza ha reactivado el eterno debate entre monarquía y república y generado dudas sobre el impacto que el escándalo podría tener en Felipe VI y la institución de la Corona. 

Moncloa ha eximido a Felipe VI de las posibles actividades ilícitas de su padre con el argumento de que "las responsabilidades son individuales", pero Podemos ha dejado abiertas "todas las vías" para investigar a Juan Carlos I. 

Pero, ¿cuáles son las claves de este escándalo para la Corona y, más concretamente, para Felipe VI?

1. La primera obviedad es que no existe en el Congreso de los Diputados la mayoría necesaria para un cambio de la forma política del Estado. 

2. El proceso de reforma del artículo 168 de la Constitución exige tal consenso político y social para modificar su Título preeliminar –mayoría cualificada de dos tercios en las dos Cámaras del Congreso, disolución de las Cortes, nuevas elecciones generales, nueva mayoría cualificada de dos tercios de las Cámaras y posterior referéndum ciudadano– que no es aventurado decir que esa vía está cegada al 100% para los partidarios de la república.

3. Tampoco parece existir entre los ciudadanos el clamor ni mucho menos la mayoría necesaria para una reforma de este calado. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta la opinión de los españoles sobre la monarquía desde 2015, pero ni siquiera los sondeos más favorables a los partidarios de la república arrojan los resultados que serían necesarios para un cambio de la forma del Estado. 

4. El 10 de enero de 2019, un sondeo de EL ESPAÑOL arrojaba un empate entre partidarios de la monarquía (43%) y de la república (42%). El 3 de enero de 2020, un segundo sondeo confirmaba la caída en la valoración de Felipe VI, constante desde 2017, aunque todavía por encima del aprobado: un 5,4. 

5. Es imposible desligar esa caída en la valoración del Rey de los escándalos de Juan Carlos I y del discurso del 3 de octubre de 2017 a raíz del golpe contra el orden constitucional, que encrespó a nacionalistas y Podemos, pero que blindó la figura de Felipe VI entre el constitucionalismo. 

6. Una reforma del modelo de Estado, en fin, sólo sería posible si a los partidarios explícitos de la república, Podemos y nacionalistas vascos y catalanes, se sumara no sólo el PSOE, sino también el PP. Sin el acuerdo firme de los dos partidos de gobierno españoles, la forma política del Estado es prácticamente intocable por vías legales. 

7. Y viceversa. Un acuerdo entre PP y PSOE, más aún si a este se sumara Ciudadanos y algún otro partido, sería suficiente por sí solo para cambiar la forma del Estado. 

8. La conclusión es fácil. La forma del Estado será, mientras los equilibrios electorales no cambien de forma radical, la que PSOE y PP quieran. 

9. Podemos y los partidos nacionalistas conocen, como es obvio, lo explicado en los párrafos anteriores. Su lucha real no es por un cambio de la forma política del Estado, sino por los réditos electorales que produce la fantasía de un derrocamiento de la monarquía entre sus votantes. 

10. La reacción de Felipe VI ante los escándalos que afectan a su padre ha sido correcta, pero tibia. Las informaciones sobre la posible ilicitud de parte de la fortuna de Juan Carlos I provocaron el pasado 15 de marzo la renuncia del Rey a su herencia personal y la retirada de la asignación oficial a su padre.

11. Felipe VI tiene sin embargo una herramienta más a su alcance para atajar de raíz la campaña emprendida contra la institución de la Corona, en realidad sólo el primer paso del asalto al resto de las instituciones del Estado por parte de Podemos y los partidos nacionalistas.

12. Ese paso, si las sospechas judiciales se confirman, es el del repudio público del rey y su expulsión del palacio de la Zarzuela.

13. Si la institución de la Corona está por encima de los hombres y mujeres que la encarnan, actividades ilícitas como las que presuntamente se atribuyen a Juan Carlos I justifican sin duda alguna una medida como la anterior.  

14. El escándalo que implica al Rey Emérito no borra de un plumazo sus servicios a los españoles y su contribución a la llegada de la democracia. Pero la valoración de su reinado, que para ser ecuánime debería contemplar tanto los claros como los oscuros, le corresponde ya a los historiadores. 

15. Son los escándalos y las irresponsables andanzas sentimentales de Juan Carlos, y no las campañas de Podemos y los nacionalistas, las que han provocado en muy buena parte la caída en la valoración de una institución clave para la estabilidad del Estado como es la Corona. De momento, esa caída no es preocupante. Pero podría llegar a serlo. 

16. La Corona es sin duda alguna la institución del Estado más dependiente de la percepción pública al estar privada de cualquier poder ejecutivo o decisorio.

17. La estabilidad de la Corona británica a lo largo del tiempo, y muy especialmente durante el reinado de Isabel II  es un ejemplo claro del precio que deben pagar los monarcas, a veces desgarrador en lo personal, para la supervivencia de la institución. 

18. El reinado de Felipe VI ha sido, de momento y más allá de las antes mencionadas críticas por su discurso del 3 de octubre de 2017, difícilmente criticable. Y la prueba de ello es que las campañas republicanas, que afloran y se desvanecen periódicamente en función de las necesidades electorales de los partidos que las promueven, se centran más en la Corona como institución que en la figura del propio Felipe VI. 

19. Nadie mejor que el propio Juan Carlos I sabe cuál es el previsible alcance judicial de sus actos. Sería deseable que Felipe VI contara también con esa información para poder valorar con los suficientes elementos de juicio cuál debería ser su reacción al previsible desarrollo de los acontecimientos. Anticiparse no es lo mismo que sobrerreacionar. 

20. La investigación abierta en otoño de 2018 por Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del Tribunal Supremo especialista en Delitos Económicos, sólo afecta a las actividades del Rey tras su abdicación el 19 de junio de 2014. De confirmarse, estas podrían constituir un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

21. Los presuntos delitos de Juan Carlos I son graves. Las consecuencias no tendrían por qué serlo para la Corona si se adoptan a tiempo las decisiones correctas. 

22. El pasado viernes, Marcel Mauri, el vicepresidente de la asociación civil nacionalista Òmnium Cultural anunció la presentación de una querella criminal frente al Tribunal Supremo contra Juan Carlos I por los supuestos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Òmnium pretende que el Tribunal Supremo acepte su personación en la causa como acusación particular. 

23. Este tipo de campañas de propaganda, pues no se trata de otra cosa, serán habituales durante los próximos años. En la mayor parte de los casos, sólo tendrán recorrido entre los acólitos del partido o de la organización de turno.

24. Pero la presencia constante del Rey Emérito en los titulares de la prensa, y no digamos ya la posibilidad de su comparecencia en el Tribunal Supremo, les proporcionaría un altavoz impagable. 

25. Es evidente que las formas del reinado de Felipe VI son muy diferentes, para bien, a las del reinado de Juan Carlos I. En cierta manera, el rey ha hecho tabla rasa del pasado y demostrado que es capaz de tomar decisiones duras en lo personal. Es un camino del que no debería desviarse.

26. La actual crispación política, que está impactando en la valoración de la Corona de forma sensible, pero todavía en menor medida que en los partidos políticos y sus principales líderes, amainará algún día.

27. Pasar por esta tormenta sin mácula es imposible. Pero la Corona sobrevivirá y algunos de los partidos contrarios a ella quizá no lo hagan. De ahí la necesidad de que los españoles vean en la Corona un pilar del Estado y no un reflejo especular de los partidos que intentan acabar con ella como primer paso para su objetivo real: el fin de la soberanía nacional.