Vox ha interpuesto una querella, ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, contra el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el secretario general, Julio González, por lo que consideran que ha sido un "secuestro" de la propaganda electoral del partido para las elecciones vascas y gallegas por parte de la empresa postal.
La formación de Santiago Abascal denunció este mismo viernes ante la Junta Electoral que su propaganda electoral no estaba llegando a algunos lugares. Tras esto, Vox ha decidido querellarse contra los altos cargos de la empresa postal porque entienden que se ha "secuestrado" la propaganda que este partido depositó en Correos para su envío inmediato a los electores gallegos y vascos.
"Estos sobres electorales incluían frases y datos relativos a estadísticas y hechos que habían sido publicados tanto por fuentes oficiales como por los medios de comunicación", defiende Vox.
En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, explica que el "secuestro de los sobres se había realizado sin haber seguido el procedimiento establecido" porque, según sostiene, Correos no había solicitado previamente la autorización judicial legalmente necesaria.
Envío electoral
Asimismo, recuerda que los querellados, por voluntad propia, "ordenaron y ejecutaron la paralización del envío electoral hasta la resolución de la Junta Electoral", lo que, a su juicio, causó un "importante retraso" en el reparto de la propaganda electoral por parte de los responsables de la entidad que tenía que proceder a su distribución.
Esta formación denuncia también que el "secuestro fue disfrazado como una consulta", cuando "no se apreciaba elemento infractor alguno en el texto de los sobres". De hecho, según el partido, el responsable que tomó la decisión de paralizar el envío de los sobres "era conocedor de que si solicitaba la autorización preceptiva que contiene la Ley al Juzgado, éste no se lo iba a conceder" y, es por ello, explica el escrito, "procedió por iniciativa propia".
Así, Vox solicita que se interrogue a los querellados, y se tomen como testigos a los responsables de las delegaciones de Correos en las provincias de la convocatoria electoral.