"Las cosas que se dicen en un curso de verano, en ese ámbito, pueden ser distintas de las que se dicen en el Consejo de Ministros", trataba de excusar al vicepresidente segundo María Jesús Montero. Pero lo cierto es que la ministra portavoz, antaño gran aliada de Unidas Podemos en el seno del primer Gobierno de Pedro Sánchez, lidia cada martes con la tensión de tener que transmitir, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, una "unidad, y fortaleza" que, en el fondo, no es tal.
Fuentes de Moncloa explican a este periódico que la manera de trabajar de muchos -no todos- los ministros de Unidas Podemos es la de "unos aficionados". A quien salvan de la quema es a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, aunque luego Presidencia la esconda en las escenificaciones de sus éxitos.
En Moncloa no muestran exasperación, porque "el Gobierno avanza a pesar de ellos". Y porque, reparando en que la mayoría de carteras que recibieron no eran más que antiguas secretarías de Estado recrecidas -e incluso, una dirección general, como el departemento de Consumo que hoy ocupa Alberto Garzón-, el liderazgo de las políticas efectivas se quedó en manos de los ministros nombrados directamente por Pedro Sánchez.
Las palabras de Montero tenían que ver con las polémicas que han estado alimentando Iglesias y los suyos: los GAL y Felipe González; el expresidente como "abierto opositor" del Gobierno; la utilización de los presuntos negocios oscuros de Juan Carlos para acabar con la Monarquía de Felipe VI; las broncas con Marlaska por la protección de la casa del vicepresidente; la iniciativa para nacionalizar a todos los inmigrantes residentes en España durante el estado de alarma; la "naturalización de los insultos" a la prensa... y los estertores del caso Dina, del que Moncloa se desentiende por completo.
La 'ley Irene'
Las mismas fuentes de Presidencia ponen como ejemplo del trabajo ineficiente de Unidas Podemos el carajal que se organizó alrededor del anteproyecto de ley de libertades sexuales, la conocida como ley Irene, que se metió con calzador en el Consejo de Ministros de la semana que culminaba en el 8-M, Día Internacional de la Mujer. "Aquel texto era un desastre", explican. Y por eso no pasó el filtro de la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios que, los jueves, preside Carmen Calvo para preparar el Consejo posterior.
El hecho de que fuera ella la que paró el texto provocó la reacción furibunda del liderazgo feminista del ala morada del Ejecutivo. El Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, había sido -hasta el acuerdo de coalición- una de las Secretarías de Estado que colgaban de la Vicepresidencia de Calvo. Y se la señaló desde Unidas Podemos como perdedora en su presunto "ataque de cuernos".
Además, el texto -elaborado por dos asesoras externas contratadas expresamente por el Ministerio de Montero detrayendo fondos de otras partidas, según fuentes internas del departamento- era "jurídicamente imposible".
Su articulado no encajaba en el ordenamiento vigente, explica este interlocutor de Moncloa, y "hubo que corregirlo de arriba abajo, apretando el acelerador", porque finalmente la decisión política del presidente fue que la norma se debía llevar al Consejo del 3 de marzo.
El "machista frustrado"
La intervención del Ministerio de Justicia en estos trabajos le valió a su titular, Juan Carlos Campo, que Iglesias lo acusara públicamente de "machista frustrado". Al final, se dio luz verde a un texto que el Gobierno calificó de provisional, a la espera de ser "cepillado" en el proceso de trámite parlamentario.
Un proceso similar, pero menos polémico en público, siguió el anteproyecto de ley de protección de la Infancia, presentada por la Vicepresidencia del líder de Podemos. Fuentes internas del Ministerio de Derechos Sociales confesaron a este periódico que el texto era "básicamente el mismo que ya había sido registrado en la pasada legislatura". Y que esto permitía ahorrarse trámites, como la revisión por parte del Consejo de Estado y... del Ministerio de Justicia.
"Hasta que no estuvieron acordadas ente PSOE y Unidas Podemos las enmiendas que se introducirán en el Congreso, no llevamos el anteproyecto al Consejo", explicaron estas fuentes. Pero lo cierto es que aun así, en el mismo día en el que Pablo Iglesias presentaba el texto, la Comisión Ejecutiva del PSOE emitía un comunicado posicionándose "en contra" del mismísimo Título I de la norma, sobre los "Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia".
¿La polémica? El texto era "básicamente el mismo", pero no del todo, porque introducía el derecho de autodeterminación del género. Algo fuera de la tradición feminista del PSOE, que apoya las reivindicaciones trans pero exige separar éstas de las del feminismo.
El PSOE emitió un comunicado, con las firmas de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis advirtiendo de que hay una "utilización y confusión, en ocasiones interesada de algunos conceptos fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género".
La nota se acompañaba de un documento adjunto como argumentario con el siguiente texto: "Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de las persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado 'derecho a la libre determinación de la identidad sexual' o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica".
"La fuerza que le conceden"
Son sólo algunos ejemplos prácticos de lo que algunos ministros socialistas comentan en privado. "La relación es buena con casi todos, tirante a veces, porque somos partidos muy distintos... pero el problema está en que no escuchan, no admiten el debate, creen saberlo todo". Y en el fondo, "son aficionados, no se fían de los funcionarios de los ministerios y ellos se guisan y se comen todo el trabajo, y así pasa lo que pasa".
Tanto Iglesias como Sánchez repiten en público y -ellos sí- en privado que el Gobierno ha salido "más unido y más fuerte" de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Pero, por ejemplo, desde la Vicepresidencia tercera, la económica de Nadia Calviño, muchas veces sienten que trabajan con la oposición dentro.
"La realidad es que Calviño sigue su camino, pero tiene que parar decisiones que se toman sin la reflexión suficiente", explica uno de sus colaboradores a este periódico, poniendo como ejemplo el pacto con Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral del PP. ¿Pero eso no lo firmó también el PSOE? "Efectivamente, y fue un error, pero la iniciativa no fue de los socialistas". Entonces, ¿es que Iglesias tiene más fuerza en el Consejo que la que le correspondería? "Tiene la que le concede el presidente, ni más ni menos".
PGE, "digan lo que digan"
Ahora que las encuestas anticipan un descalabro de Unidas Podemos y que las elecciones gallegas y vascas lo han corroborado, en el ala socialista del Gobierno se respira con más tranquilidad. "Han redoblado su campaña de imagen, para marcar perfil, pero todas esas iniciativas son palabrería", añaden. El Gobierno trabaja y sacará los Presupuestos "diga lo que diga Iglesias", apuntan desde Hacienda, el departamento de María Jesús Montero, a modo de advertencia.
Y es que cuando Sánchez gobernaba en solitario tras la moción de censura, fue ella la que negoció los Presupuestos no natos de 2019. Entonces, los portavoces de Unidas Podemos hablaban maravillas de la ministra de Hacienda: "Nos entendemos mejor con ella que con los demás, entiende nuestras posturas y las defiende ante Calviño", aseguraban. ¿Y eso ha cambiado? "Ahora, hay veces que parece la portavoz del PSOE, no del Gobierno", responden las fuentes moradas del entorno del Ejecutivo.
El temor, ahora, es que el Gobierno avance, efectivamente, y saque las cuentas públicas de 2021 haciendo poco o ningún caso a Iglesias y los suyos. Y es un temor fundado: "O entienden que estos Presupuestos no pueden ser ideológicos, sino de reconstrucción, o ellos verán", avisa una fuente de Hacienda. Es lo que hay.