Preguntados por las mayores crisis nacionales de la democracia, los ciudadanos españoles responderían sin dudar: ETA, el golpe de Estado del 23-F, los atentados islamistas de Atocha, la crisis financiera de 2008 y el procés secesionista.
Pocos, sin embargo, serían capaces de responder a la pregunta de qué habría sido de España y de los españoles si en el lapso de unos pocos meses hubieran coincidido cuatro de esas crisis bajo la responsabilidad del gobierno más débil de la democracia desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria.
Esta es la situación en la que se encuentra el país en la actualidad.
La epidemia
A la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 se ha sumado, en primer lugar, la crisis económica provocada por la epidemia.
En segundo lugar, la crisis política generada por la inexistencia de un gran pacto nacional de PSOE y PP que evite el chantaje de los partidos populistas y nacionalistas. El mismo pacto que ayer pedía, como en tantas otras ocasiones anteriores, y en forma de un gobierno de concentración constitucionalista, Cayetana Álvarez de Toledo.
En tercer lugar, la crisis institucional provocada por el exilio de Juan Carlos I y la ofensiva contra la Corona por parte de esos mismos partidos populistas y nacionalistas.
Consideradas individualmente, cada una de esas cuatro crisis merecería un puesto de honor junto a las mencionadas en el primer párrafo de este artículo.
Juntas, la crisis sanitaria, la económica, la política y la institucional dan forma a la tormenta perfecta. Una tormenta que haría tambalear los cimientos de cualquier democracia sin importar lo sólida y longeva que esta fuera.
Las dolorosas consecuencias de esa tormenta perfecta no se empezarán a percibir hasta la llegada del otoño. Y de ahí la extraña atmósfera de realidad suspendida que se vive en la actualidad en España. Como si estas fueran las últimas semanas de 'algo' antes de que la calma deje paso a la tempestad.
Qué es ese 'algo' en concreto que parece a punto de morir es la primera de las grandes preguntas actuales. Qué nos espera al otro lado, la segunda de esas preguntas.
Muñecas rusas
Moncloa y Zarzuela han decidido comunicar el exilio de Juan Carlos I en agosto, el mes en que se suelen enterrar los escándalos políticos más incómodos.
Aunque Pedro Sánchez ha respaldado la decisión del Emérito y ha defendido a Felipe VI y la vigencia del pacto constitucional, y por ende la de la institución de la monarquía, la pérdida de influencia de Podemos en la coalición gubernamental –a raíz de la aproximación de Pedro Sánchez a Ciudadanos y el PP para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la renovación del Consejo General del Poder Judicial– han exacerbado la respuesta del partido morado.
Un partido morado cuyo arrinconamiento en las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos ha añadido una nueva discrepancia a sus crecientemente incómodas relaciones con el PSOE.
A raíz de esas discrepancias, Irene Montero ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de "mirar hacia la derecha". Isa Serra, por su parte, ha sido la primera líder de Podemos en arremeter públicamente contra la monarquía. También lo ha hecho la ministra de Igualdad pocas horas después.
Como en un juego de muñecas rusas, el escándalo del Emérito ha servido a Podemos para tapar no sólo su pérdida de influencia en el Gobierno, sino sus propios escándalos. El de la posible existencia de una caja B en el partido, el de sus relaciones con Irán y Venezuela y el del sórdido culebrón sexual provocado por Pablo Iglesias al apropiarse de la tarjeta con fotos íntimas de una antigua colaboradora.
Los escándalos de Podemos han servido a su vez para que el PSOE, el otro miembro de la coalición gubernamental, haya cogido aire en un momento en que España era señalada una y otra vez en los medios internacionales como el país líder en muertes, infecciones y derrumbe económico. También, como el país que peor se ha preparado para un posible rebrote de la Covid-19.
31.000 millones
También han contribuido a enrarecer el ambiente político español la cercanía de las elecciones autonómicas catalanas, la probable confirmación en septiembre de la inhabilitación de Quim Torra por el Tribunal Supremo, la anulación de los beneficios penitenciarios concedidos en posible fraude de ley a los presos del procés y la guerra civil en el seno del separatismo entre ERC y JxCAT.
Tras plantar a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes autonómicos de la pasada semana en La Rioja, Quim Torra exigió ayer una reunión al presidente y los 31.000 millones de euros que, desde el punto de vista de la Generalidad, le corresponden a Cataluña a raíz del rescate de Bruselas. En la misma comparecencia, Torra pidió la abdicación de Felipe VI y acusó al Gobierno de haber facilitado "la huída del Emérito".
Como en el caso de Podemos, el exilio de Juan Carlos I le ha servido al nacionalismo para desviar la atención de sus propios problemas. Y a la cabeza de ellos, el de una también pésima gestión de la epidemia. Gestión que ha llevado a Cataluña a convertirse en uno de los mayores focos europeos del rebrote de la Covid-19 durante los meses de julio y agosto.
Ni un dato bueno
Como explica el economista Daniel Lacalle, cinco meses después del estallido de la epidemia y dos meses después del fin del estado de alarma, casi 299.000 empresas españolas y 1,35 millones de trabajadores españoles continúan en un ERTE. España ha perdido ya 109.000 empresas y 740.000 empleos.
El 30 de septiembre es la fecha prevista para el final de los ERTE, cuando se espera que una buena parte de estos se conviertan en parados de forma oficial.
Durante la última semana, el Gobierno español ha pedido 20.000 millones de euros al SURE, el instrumento europeo para la mitigación de los riesgos de desempleo.
Continúa abierta también la posibilidad de solicitar 24.000 millones más en préstamos del MEDE, un instrumento que provoca reticencias en el Gobierno dado que sería considerado internacionalmente como un rescate financiero. Los analistas consideran, sin embargo, que el recurso al MEDE será imprescindible en otoño y que el Gobierno deberá afrontar, aunque no lo desee, las consecuencias derivadas de su petición.
Oficialmente, España está ya en recesión técnica tras la caída de un 18,5% del PIB durante el segundo trimestre. Caída que se suma a la caída del 5,2% en el primero, y que lleva el interanual al 22,1%.
No existe dato bueno. El consumo de los hogares ha caído un 21,2% en el segundo trimestre. La inversión se ha recortado un 22,3%. Las exportaciones han retrocedido un 33,5%. España ha perdido 27 millones de turistas y el sector ha perdido 28.400 millones de euros y un 97,7% de sus clientes. Son cifras calamitosas que niegan que lo peor de la crisis haya pasado ya, tal y como defendió el Gobierno hace sólo unos días.
Las cuatro crisis
La tormenta perfecta de las cuatro crisis ha coincidido con un Gobierno diseñado de forma consciente para la propaganda más que para la gestión, en la idea de que la comunicación política moderna privilegia la primera muy por encima de la segunda.
Pero las agendas políticas y los conflictos internos de los partidos de la moción de censura, la llamada 'coalición frankenstein', garantizan que el presidente del Gobierno sólo podrá contar con su apoyo a cambio de dolorosas –y onerosas– concesiones a los intereses particulares de esos partidos. Intereses difícilmente compatibles con los de la mayoría de los ciudadanos españoles.
La tarea es titánica y la lógica dicta que frente al mayor reto jamás afrontado por la democracia española sólo cabría oponer una respuesta valiente. Valiente e inédita en España, pero común, casi banal, en otros países europeos. Una coalición constitucionalista de Gobierno de los tres partidos centrales del escenario político español: PSOE, PP y Ciudadanos.
Una coalición que agruparía al 55,61% de los españoles, 13.500.000 votos y una sobrada mayoría absoluta de 219 escaños en el Congreso de los Diputados.
Pero la lógica de la necesidad nacional a largo plazo choca con la lógica estratégica cortoplacista de unos partidos aterrados frente a la posibilidad de romper viejas dinámicas.
Aterrados frente a la posibilidad de romper con esos viejos rencores que parecieron quedar superados por el pacto del 78 pero que han renacido, de la mano de populistas, extremistas y nacionalistas, en el peor momento para España y los españoles.